En medio de las acusaciones contra la multinacional de ropa Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando, los dueños de la marca, la familia Abadi, insisten en que no incurrieron en ninguna irregularidad ni participaron en un enriquecimiento ilícito estimado en $430.000 millones. Para enfrentar las imputaciones de la Fiscalía, la compañía contrató al reconocido penalista Iván Cancino, quien sostiene la inocencia de la empresa.
La tarea de Cancino es grande porque el dossier de la Fiscalía apoyado en investigaciones de la DIAN que duraron más de cinco años como explica esta nota. Por las acusaciones la Fiscalía, de momento, ocupo 405 locales. Las sucursales estarían manejadas por la SAE, el total de bienes incautados rondaría los $534.000 millones. Por los montos en juego los dueños de Lili Pink llamaron a Iván Cancino.
Cancino es abogado egresado de la Universidad Externado y viene de una familia de abogados empezando por su papá Iván Cancino y su mamá se llama Emilssen González de Cancino , quien también es abogada y se desempeña como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado. En otros términos el abogado sigue una tradición familiar marcada por el derecho penal.
Su padre, Antonio José Cancino Moreno, es uno de los juristas más reconocidos del país por su trayectoria académica y judicial. Fue defensor del expresidente Ernesto Samper durante el Proceso 8000, investigación en la que se acusó al entonces mandatario de haber recibido dinero del cartel de Cali y de haber superado los topes máximos permitidos por ley.
Antonio José Cancino también ocupó cargos de alto nivel en la justicia colombiana. Fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, conjuez de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión Especial Legislativa de 1991. Además, se desempeñó como profesor y decano de la Universidad Externado, su hijo consolido su propio nombre en el mundo jurídico.
La oficina de Cancino tiene en sus manos la defensa del prófugo de la justicia y ex director de la DAPRE, Carlos Ramón González. Contra el político existen unas presuntas actuaciones que lo comprometerían con entrega de dadivas a congresistas para obtener votos, que requerían el ministro de hacienda Bonilla también imputado por el escándalo de la Ungrd. Por el problema Cancino está haciendo la defensa de González, que tiene una condición de prófugo y está además asilado en Nicaragua. No ha sido su único caso de renombre.
Iván Cancino ha sobresalido por defender a políticos y funcionarios públicos, especialmente en la Costa Caribe. En 2017 asumió la defensa del entonces alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, investigado por presuntas irregularidades en las obras del Coliseo Miguel Happy Lora y la Villa Olímpica, contratos que superaron los $24.000 millones.
Entre los clientes de Iván Cancino también estuvieron Rafael Martínez y Carlos Caicedo, vinculados a investigaciones por la contratación de cinco centros de salud. Aunque varios de sus defendidos lograron resultados favorables, como fue el caso de Martínez y Caicedo, otros casos terminaron con consecuencias judiciales adversas, como el de Diego Cadena, condenado parcialmente, Carlos Mattos, quien pagó cárcel y Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia. Ahora queda esperar si Cancino logra demostrar la inocencia de Lili Pink.
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