El enfrentamiento que, según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, existe entre él y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, trascendió fronteras y llegó a Washington, al seno da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Montealegre preparó un oficio de dieciocho páginas en el que pide a la CIDH el otorgamiento de medidas cautelares para protegerse de una persecución que, según él, desató en su contra el jefe del Ministerio Público.
El ministro es indagado por la Procuraduría por una posible intervención indebida en política, por sus recientes declaraciones públicas en la que criticó a candidatos presidenciales opuestos al gobierno y se refirió a uno de ellos, Abelardo de la Espriella, como encarnación de una candidatura caricaturesca.
El organismo de control también dispuso de otra actuación contra el ministro por una intromisión indebida en la administración de justicia y promoción de mensajes de odio al referirse al expresidente Álvaro Uribe como a un “criminal de guerra”, en medio del proceso judicial que se adelantaba contra el exmandatario.
Cuando hizo esa información Montealegre ostentaba su doble condición de ministro y de víctima, reconocida dentro del proceso, lo que a juicio de los investigadores podría ponerlo en una dualidad que podría ser analizada a la luz de derecho y de la ética.
En su oficio a la CIDH Montealegre plantea que busca hacer valer su derecho a la libre expresión y proteger su integridad moral y síquica, además de reivindicar el principio de igualdad de las personas ante la ley, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El ministro vuelve a la carga contra el Procurador a quien acusado de haber obstaculizado o manipulada información cuando Eljach trabajaba en el Capitolio Nacional y la justicia investigaba al entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub.
El Procurador General se ha cuidado de no responder a los ataques del Ministro, especialmente porque hacerlo le generaría un impedimento en caso de que las dos indagaciones en curso escalaran ante su despacho.
Las declaraciones sobre Eljach sobre el enfrentamiento con el ministro han sido medidas, casi telegráficas. “Colombia sabrá lo que hay detrás de eso”, dijo después de la apertura de las primeras indagaciones contra Montealegre.
El Ministro de Justicia no es el primer funcionario del gobierno Petro en buscar medidas cautelares. Ya lo hizo el propio presidente, a través de su abogado Alejandro Carranza, para denuncia una presunta persecución en su contra y en la de su familia en estrados judiciales y en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
El estudio de las dos medidas cautelares solicitadas está a cargo de Tania Reneaum Panszi, abogada mexicana que se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de su colega colombiana María Claudia Pulido secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de la misma organización.
La Comisión ha venido interviniendo en otros problemas colombianos. También otorgó medidas cautelares a la familia del inmolado Senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, victima, según sus seres queridos, de un discurso de odio promovido desde el gobierno.
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