Después de varias vueltas, compras, ventas y disputas judiciales, Drogas La Rebaja terminó donde hace décadas pocos imaginaron que terminaría: en manos del Estado colombiano. La cadena de droguerías, que durante años fue uno de los negocios más visibles y rentables de los hermanos Rodríguez Orejuela, y que luego pasó a ser administrada por una cooperativa de sus propios empleados, se convirtió finalmente en una red pública nacional de farmacias. Es una historia que resume buena parte de las tensiones entre economía legal, narcotráfico y justicia en Colombia.
El origen del negocio se remonta a los primeros pasos que dieron los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en el mundo empresarial para tapar con negocios legales la montaña de dinero que les entregó el tráfico de cocaína. A comienzos de los años ochenta, en 1983, tomaron una decisión que resultaría clave: compraron la cadena de supermercados Jota Gómez, propiedad de la familia Arango, y la transformaron en una red de droguerías bajo el nombre de Drogas La Rebaja. Para entonces, ya habían construido una estructura criminal que los convertiría en líderes del cartel de Cali, pero necesitaban negocios legales capaces de absorber grandes cantidades de dinero.
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La expansión fue rápida. Lo que comenzó como una red local se convirtió en una presencia nacional. Con el paso de los años, Drogas La Rebaja llegó a tener cerca de 800 locales comerciales en todo el país, generó más de 6.800 empleos directos y decenas de miles indirectos. Alcanzó ingresos anuales superiores a 1,2 billones de pesos. Era, al mismo tiempo, una de las cadenas más reconocidas por los colombianos y una pieza central en la estrategia de lavado de activos del cartel de Cali. A través de la compra, venta y reinversión constante en el negocio farmacéutico, los Rodríguez Orejuela lograron ocultar y lavar miles de millones de dólares.
Exposición por cuenta de las bombas
Durante varios años, esa operación permaneció en la sombra. Pero la guerra entre carteles terminó por exponerla. Entre 1988 y 1990, en medio del enfrentamiento con Pablo Escobar, decenas de sedes de Drogas La Rebaja fueron atacadas con carros bomba en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Pereira. Los atentados —más de 80 en total, según las noticias de la época—encendieron las alarmas de las autoridades. La magnitud de los ataques llevó a investigar el negocio y a descubrir que se trataba del principal frente legal del cartel de Cali.
A partir de ese momento comenzó una persecución judicial que se intensificó en 1995, cuando los hermanos Rodríguez Orejuela fueron capturados. Casi una década después, en 2004, fueron extraditados a Estados Unidos. Para entonces, el imperio empresarial que habían construido ya estaba bajo escrutinio internacional y había sido incluido en la llamada Lista Clinton, que restringía cualquier relación comercial con empresas vinculadas al narcotráfico.
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Tras la captura de los capos, la administración de Drogas La Rebaja cambió de manos. Jaime Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, lideró la creación de la cooperativa Coopservir, integrada por cerca de 4.000 empleados de la cadena. Esta organización llegó a adquirir alrededor de 320 droguerías con la intención de mantener el negocio en funcionamiento y preservar los empleos. Sin embargo, la estabilidad duró poco.
A finales de la década de los noventa y comienzos de los años 2000, las autoridades empezaron a cuestionar la legitimidad de la operación. En el año 2000, tras varias investigaciones, se concluyó que la venta de la empresa había sido ficticia. Los análisis financieros revelaron que solo el 5 % de los activos pertenecía realmente a los trabajadores de la cooperativa, mientras que el resto seguía bajo el control de los hermanos Rodríguez Orejuela. Esa conclusión marcó el inicio de la intervención estatal.
Una red intervenida
El proceso se profundizó en 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando la Superintendencia de Economía Solidaria tomó control de la cooperativa por presunto lavado de activos. Durante 15 años, Drogas La Rebaja permaneció bajo vigilancia estricta, en un limbo en el que seguía operando como negocio rentable, pero con un pasado judicial que impedía cualquier normalización definitiva.
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En 2020, el Gobierno de Iván Duque decidió levantar esa intervención. Pero aquella aparente estabilidad fue breve. En 2021, Coopservir firmó un acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que esta asumiera progresivamente la administración de la cadena. El plan contemplaba una transición de cinco años, durante los cuales la cooperativa continuaría operando el negocio mediante un contrato de arrendamiento. Coopservir mantenía el control mientras avanzaba el proceso de extinción de dominio.
La decisión respondía a una realidad evidente: pese a su origen ilícito, Drogas La Rebaja era una empresa funcional. Generaba ingresos, sostenía miles de empleos y tenía una cobertura nacional difícil de reemplazar. Por esa razón, el Estado optó no por liquidarla, sino por transformarla.
El punto de quiebre llegó en julio de 2025, ya en el gobierno de Gustavo Petro. Dentro del proceso de extinción de dominio y al fin del acuerdo con la cooperativa, Drogas La Rebaja pasó oficialmente a ser propiedad del Estado colombiano. La transferencia incluyó cerca de 880 establecimientos comerciales, que comenzaron a ser entregados de manera progresiva al Ministerio de Salud. Un mes después, el 25 de agosto, se formalizó el inicio de la administración pública de la red.
Con ese paso, el Gobierno definió un nuevo rumbo para la empresa. La decisión del presidente Petro fue convertir a Drogas La Rebaja en una red nacional pública de farmacias y laboratorios de producción de medicamentos a bajo costo. La idea es utilizar su infraestructura para ampliar el acceso a medicamentos en todo el país, especialmente en regiones donde la presencia del sistema de salud es limitada.
Hoy, ya sin la administración de la cooperativa de empleados que durante años sostuvo su operación, la cadena entra en una nueva etapa. Su nombre sigue siendo el mismo, su presencia en las ciudades también, pero su propósito es distinto.
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