La tarde del 25 de noviembre de 2025 sacudió a Colombia: un video del diario sueco Expressen mostró a la primera dama, Verónica Alcocer, de compras en Estocolmo. A su lado, un hombre vestido con abrigo, sombrero y bufanda: lo identificaron como Manuel Grau Pujadas, empresario catalán nacionalizado colombiano. En un gesto nervioso, él quiso tapar la cámara al ver a los periodistas acercarse. “No, no lo creo”, alcanzó a decir cuando le preguntaron sobre su presencia.
Para muchos, la imagen no es casual. Grau lleva años moviéndose en las sombras del poder en Colombia: desde su nacionalización exprés en noviembre de 2022 hasta su ingreso a la junta directiva de CISA (Central de Inversiones del Estado), una entidad estatal clave.
Las conexiones del empresario catalán, Manuel Grau, con Verónica Alcocer y Petro
Grau llegó al país en 2012, con negocios inmobiliarios y turísticos en España. Pero fue tras la llegada de Gustavo Petro al poder cuando su perfil cambió. Él, junto a otros catalanes amigos del Gobierno, obtuvo nacionalidad colombiana en tiempo récord, lo que le permitió acceder a cargos públicos y contratos estatales sin cumplir los requisitos habituales.
Uno de esos contratos rezaba por más de $251.000 millones para recolección de basuras en Medellín, bajo una empresa que tiene a Grau como fundador. Fue adjudicada en 2024 y luego tumbada por las cuestionadas circunstancias de selección.
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Ha estado presente en viajes oficiales de la primera dama (al Vaticano, a Venezuela, a Europa) donde fue presentado como asesor o miembro de comitivas, pese a que en varias ocasiones la Presidencia no confirmó su rol formal.
Sus vínculos también incluyen a otros personajes de su círculo, como Xavier Vendrell, otro catalán nacionalizado que ha sido objeto de investigaciones en España. Ambos aparecen en documentos y reportes como beneficiarios de contratos públicos desde que Petro asumió la Presidencia.
El perfil de Grau combina negocios privados, inmobiliarios, de residuos y servicios, con presencia en sectores estratégicos del Estado. Pero también despierta críticas: su cercanía al poder y la rapidez de su nacionalización han generado cuestionamientos sobre transparencia, privilegios y conflicto de intereses.
Hoy, mientras las cámaras suecas revelan imágenes del empresario junto a la primera dama, Colombia se pregunta cuándo esos contratos, esas alianzas y esas nacionalizaciones empezarán a responder ante una ciudadanía cada vez más exigente. Porque cuando los negocios privados y el poder público se mezclan, lo que está en juego no es solo una compra de lujo en Estocolmo, sino la integridad de las instituciones.
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