El afán de la chiva, ¿favor para quién?

El manejo de la información jurídica y de todas las fuentes alrededor de este tema se ha desbordado para mal. Los periodistas estamos jugando con fuego

Por: Rodrigo Beltrán
octubre 02, 2018
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El afán de la chiva, ¿favor para quién?
Foto: Pixabay

El gremio profesional de nuestro país sabe que soy un comunicador social y periodista de academia, que desde hace más de 30 años se encuentra dedicado a la aventura de este bello oficio. He sido “carga ladrillos”, reportero, editor y director de noticias, y nunca he abandonado la vena periodística, la responsabilidad y compromiso de la información objetiva a través —incluso hoy— de los canales propios que facilitan extender el universo de una ética que siempre se debe mantener y más aún en el país en que vivimos, que está dentro de los 10 en el mundo que más noticias produce a diario. Colombia es una fábrica noticiosa, aquí pasan cosas cada instante que valen la pena contarle al mundo.

Por eso estoy convencido, y para dejar claridad, de que se debe emprender cuanto antes una cruzada nacional en contra de la corrupción y denunciar solamente en el momento indicado según los procesos cuál es el resultado y quiénes son los responsables que deben pagar por lo que hacen, siempre acogidos a nuestro modelo de justicia.

En mi criterio profesional actualmente el manejo de la información jurídica y de todas las fuentes alrededor de este tema se ha desbordado para mal y los periodistas estamos jugando con fuego. El afán de la chiva ocasiona una pérdida de sentido ético y poca responsabilidad con los nombres de colombianos, organizaciones, entidades y demás que aparecen implicados en los procesos, ya sea a través de la Fiscalía General de la Nación, o las Cortes y entes de control. Se filtran los procesos con facilidad y sin medir las consecuencias salen a la luz pública muchas veces con la anuencia e impulso de los mismos abogados defensores, funcionarios, estrategas y algunos periodistas que le hacen el juego, con el fin de “utilizar” el impacto mediático para lograr estrategias que afectan con denuncias públicas parciales las decisiones que al final del día se deben tomar únicamente basados en la norma y en derecho.

Los colegas afirmarán tajantemente "debemos hacer valer la libertad de prensa y la constitución nacional nos respalda, pues es uno de los patrimonios sagrados de nuestra profesión, la fidelidad de nuestras fuentes", pero aquí no se trata de eso. Una cosa es que la unidad investigativa de un diario o medio importante, que los hay muy idóneos, logre recopilar una información evaluada, confrontada con fuentes que la respalden y la blinden por su valor y objetividad, luego considerarla primicia y tomar la decisión de hacerla pública, y otra es que los procesos jurídicos en curso sean revelados a destiempo, usurpados, cueste lo que cueste, afectando muchas veces la verdad que debe salir de esos procesos una vez concluyan. Para mí la noticia objetiva y responsable de divulgar está en el documento final y pronunciamiento oficial del ente de control, juez de la República, Fiscalía, Corte, etc. y no antes porque es un atropello al debido proceso, al curso normal y salido de todo reglamento y, lo más grave, irresponsable sin medir consecuencias.

A decir verdad, pareciera que actualmente gran parte de los periodistas y líderes de opinión estuvieran siendo utilizados y fueran víctimas del juego de poderosos, mafias organizadas, etc. Lo anterior constituye uno de los obstáculos para mal de los hacedores de la justicia y encargados de dar a conocer un resultado que debe ser producto de “cero influencias” o presiones de sectores o de la opinión pública.

Uno de los principios universales de la justicia es que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, y el sentir del ciudadano de a pie es que gran parte de la prensa, aclaro, muchas veces de buena fe, sin calcular los daños y la manipulación de la que está siendo víctima, juzga antes de, escudándose en "se dice, se afirma, según fuentes, podría ser, etc.", e incluye nombres propios, empresas, sectores de la vida nacional, logrando un deterioro evidentemente irrecuperable de afectación de la marca.

Y así al final del proceso se compruebe la inocencia, de nada sirve y ¿quién responde?, ¿cómo un funcionario público, por ejemplo, que ha tenido un manejo transparente, porque todavía los hay, pero que es implicado y al final absuelto, logra recuperar en algo sus patrimonios de credibilidad y estabilidad profesional? Su vida en familia, su conducta intachable, por más tutelas o derechos a réplicas o rectificaciones se ve afectada, el daño está hecho y para siempre.

Lo peor es que este fenómeno de información y del desfigurado criterio de la chiva que se impone hoy en día en Colombia lleva a que la profesión esté siendo utilizada, manoseada y, en algunos casos, financiada por sectores amañados, corruptos que solo quieren alterar, desviar, acomodar y presionar decisiones jurídicas, que le corresponde aquí y en cualquier lugar del mundo solo a los responsables de hacer cumplir la norma y la ley.

Duele reconocerlo, pero estamos convertidos en idiotas útiles, de lo que tanto censuramos y queremos denunciar… de la mismísima corrupción y sus trepadores.

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