En el primer caso ocho sujetos armados que se movilizaban en cuatro motos, en inmediaciones del balneario La Melú, hurtaron una camioneta Chevrolet Dmax, doble cabina modelo 2018, de propiedad de Comfacauca, en la que se movilizaban dos funcionarios de esa entidad, quienes más adelante fueron dejados en libertad, luego de que dos de los delincuentes se apoderaran del vehículo y huyeran hacia la parte montañosa en sectores que limitan con el municipio de Caloto. Unas horas después el vehículo fue ubicado y bloqueado satelitalmente en la vereda Natala (Toribío) en las coordenadas 3.019746-76.291625, por la empresa responsable de la geolocalización.
Simultáneamente, en la vereda Tres Esquinas del municipio de Padilla, otro grupo de hombres armados secuestró a don Roberto María Silva Villanueva, quien fue tomado cautivo en su propia camioneta, de similares propiedades a la que se hurtaron en Quilichao, pero esta de color gris. El hombre fue trasladado por la vía alterna que comunica a zona montañosa del corregimiento de El Palo, jurisdicción del municipio de Caloto, y la camioneta fue localizada satelitalmente en la misma vereda de Toribío, en sitio muy cercano de donde se había ubicado y bloqueado la de Comfacauca.
El martes 19 de junio, la Policía Santander de Quilichao, el Ejército y el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) confirmaron la ubicación de los vehículos en el resguardo indígena de Tacueyó, en la estación de servicio El Tierrero.
Los dos vehículos, según algunas informaciones logradas por Proclama del Cauca, habían sido “recuperados” por la Guardia Indígena del resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío, según confirmó Rosalba Velasco, representante legal de la ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
La camioneta del señor Silva, totalmente desvalijada y estrellada, tuvo que ser entregada en la Estación de Policía de Corinto el pasado viernes 27 de julio de donde fue retirada por familiares del abuelo cautivo.
En estas circunstancias, a pesar de que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, don Roberto Silva, de 87 años, completó 44 días en cautiverio en delicado estado de salud y la camioneta de placas JGT409 Chevrolet DMAX modelo 2018 color blanca, doble cabina, de Comfacauca, no ha sido recuperada por la entidad propietaria porque el gobernador del Cabildo Indígena de Tacueyó, Rubén Orley Velasco, exige una “compensación” de $1.500.000 para devolverla y ni siquiera la ha puesto a disposición del organismo investigador, a pesar de que se le notificó el requerimiento desde el 11 de julio pasado.
Antecedentes
Un día después del hurto de la camioneta de Comfacauca, uno de los directivos de la entidad recibió una llamada extorsiva y amenazante desde celular, por haberle informado sobre los hechos a la Guardia Indígena. El sujeto se identifica como Eduardo, integrante de la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, “primer frente del camarada Iván y del camarada Cuarenta”, y amenaza con quemar carros, poner bombas en las oficinas de la institución en Santander y Popayán, secuestrar y matar trabajadores, si no acceden a sus pretensiones.
Ese día, 19 de junio, la camioneta de Comfacauca, de placas JGT409, apareció, gracias a geolocalización satelital, en la Estación de Servicio El Tierrero, pero con las placas DIT757, las cuales pertenecen a la camioneta de propiedad de don Roberto Silva, de lo cual se deduce que, al parecer, hay correlación entre los móviles del secuestro del señor Silva Villanueva, y el robo del otro vehículo, según se colige de lo denunciado ante las autoridades competentes. Sin embargo, se supo que la recuperación del automotor fue resultado de un operativo desplegado por la Guardia adscrita al Cabildo de Tacueyó.
La camioneta de Comfacauca aparece con las placas cambiadas por las del vehículo de don Roberto Silva.
Entonces, el señor Rubén Orley Velasco, gobernador del Cabildo Indígena de Tacueyó, dijo que “es posible que entregue el vehículo de Comfacauca el día viernes 22 de junio, después de las dos de la tarde, luego de verificar la propiedad del mismo”, y es cuando expresa que “por reglamentación interna de los cabildos cada vehículo recuperado debe pagar una “compensación”, pues tenemos una tarifa, por ejemplo, para una moto el propietario debe pagar $500.000 y por un carro $1.500.000, por el desgaste de la Guardia Indígena”.
Por otra parte, al gobernador del Departamento del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, le informan los directivos de la Caja de Compensación que “no es coherente con las manifestaciones de Paz, que los grupos indígenas alienten conductas que rayan en la ilegalidad al exigir retribuciones para la recuperación de bienes de propiedad privada”.
En otros medios
El diario El País de Cali, como consecuencia de estas situaciones, hizo una investigación para deducir que una motocicleta hurtada en Cali o cualquier otro municipio del Valle puede terminar, en algunos casos, vendida por partes o cambiada por droga en el Cauca.
Esta radiografía la hace una fuente de la Sijín de la Policía del Valle, quien explica que una moto robada puede ser cambiada mano a mano por un kilo de base de coca que en el vecino departamento puede costar entre $2 millones y $3 millones.
“Muchas de estas motos pueden terminar en manos de ‘raspachines’ de hoja de coca o trabajadores de laboratorios. Lo que se ha conocido es que los pedidos llegan a zonas rurales de Corinto, Cauca, en camiones que contienen diez de estos vehículos robados”, dice la fuente.
Hay dos rutas identificadas por las autoridades por donde los conductores de los furgones se van para el Cauca, los viajes son en horas de la madrugada. Una de ellas es la vía que de Florida lleva a Pradera y por donde luego toman camino a Corinto, donde las motos son llevadas a la zona rural.
“Otro camino tiene que ver con el sector de El Bolo, Palmira, por donde salen a Candelaria y luego toman la vía a Santander de Quilichao, donde luego buscan zonas rurales para entregar las motocicletas”, añade el investigador.
Informa el diario citado que entre el 1 de enero y el 25 de julio de este año, solo en Cali se robaron 1.374 motocicletas y 895 carros, y en los municipios cercanos en el mismo lapso van 474 motos y 84 carros robados.
Los delincuentes, dice otra fuente de la Policía, también estarían exigiendo el pago de extorsiones a cambio de que la moto o el vehículo robado sean devueltos a su propietario, motos y carros convertidos en mecanismos de intimidación.
Secuestros
A esta delicada situación del norte del Cauca se le suman una serie de secuestros y un agravante mayúsculo: según información, hay territorios vedados para las autoridades de policía o militares y por tanto, por disposición de las autoridades indígenas, no puede el Estado hacer presencia en esas zonas o ejercer control territorial donde lo ejerce de manera exclusiva la Guardia indígena.
Algunos hechos:
Siendo las cinco de la tarde del viernes 26 de enero, el ciudadano Óscar Escobar Ramírez, de 50 años, dueño de un local comercial (FRUVER) en la ciudad de Cali, fue secuestrado en una finca ubicada en la vereda San Rafael, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, quien fue trasladado en una camioneta Toyota 4X4 de propiedad de la víctima. El miércoles 31 enero, quedó en libertad al fugarse de sus captores. Llegó a la estación de policía de Jambaló.
El martes santo, 27 de marzo, en la vía que de Pitalito, Huila, conduce a la capital del Cauca, en el sector de El Trébol, entre los resguardos de Paletará y Coconuco, fue plagiado Isauro Rosales Bravo, transportador de la empresa La Boyana del Huila. El domingo 22 de abril fue liberado. El empresario llegó por sus propios medios al Terminal de Transportes de Popayán.
El 9 de abril, en la vereda Perico Negro de Puerto Tejada, fue secuestrado el señor Ramiro Escobar Hoyos. Los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba verificando una quema de caña en una finca, cuando fue abordado por sujetos desconocidos que portaban armas de fuego de corto alcance.
El 24 de abril, don Álvaro Naranjo Poveda, otro reconocido agricultor de 75 años, que también padecía de algunos problemas de salud, fue liberado en el corregimiento El Palo, municipio de Caloto. Había sido secuestrado el 20 de abril anterior en Guachené, obligándolo, bajo amenazas con armas de fuego, a abordar su propio vehículo en el que se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
El jueves 10 mayo, el ciudadano Jaime Hernán Naranjo, de 57 años, fue raptado por sujetos armados en la vía a Tacueyó – Toribío. Todavía lo están esperando sus familiares y amigos.
Don José Iván Díaz Sarria, de 63 años, fue secuestrado por hombres armados en la madrugada del sábado 12 de mayo, en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, quien fue dejado en libertad dos días después en el sector de El Rosal, cerca de la vía Panamericana.
El miércoles 13 junio, el agricultor Reinelio Bermúdez Angola, de 71 años, fue secuestrado por cuatro hombres armados en la vereda Campo Llanito, municipio de Guachené, obligándolo a abordar su vehículo, un Land Rover gris de placas MVJ 824, marchándose con rumbo desconocido. Fue liberado en una vereda de Toribío, a 35 kilómetros de la parcela de donde había sido secuestrado.
El viernes 29 de junio el Gaula del Ejército rescató a la comerciante Diana Carolina Olaya Garay, oriunda del municipio de Jamundí, de 35 años, quien estuvo en poder de un grupo de delincuencia común secuestrada y capturó a los responsables. La víctima había sido raptada por hombres que portando armas de fuego cortas, en la finca El Alto, del municipio de Villarrica. El Gaula logró interceptar el automotor cuando se movilizaba por el sector de La Balastrera, en la vía que comunica a los corregimientos de El Palo, Caloto, con el de Tacueyó, Toribío.
Habría que recordar que el sábado 7 julio el disidente de las Farc Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, quien era el encargado de la custodia de los periodistas del diario El Comercio de Ecuador secuestrados el pasado 26 de marzo y asesinados en cautiverio, fue capturado en el corregimiento Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.
El martes 10 de julio líder social Ibes Trujillo Contreras, de 55 años, fue secuestrado por hombres armados en la vereda Comedulce, límite entre el municipio de Suárez y Buenos Aires. En la tarde del martes 17 de julio fue encontrado sin vida en inmediaciones del río Marilópez, en la vereda Las Brisas.
El martes 24 julio secuestraron en la arenera Santa Bárbara, vereda Cantarito, del municipio de Villa Rica a Jair Henao Cataño, residente en Jamundí. Cinco sujetos encapuchados se llevaron a la víctima con rumbo desconocido, en una camioneta Hilux de su propiedad, de color blanco y placas DBV 596. Los delincuentes se movilizaban en un Chevrolet Spark blanco de placas 462 con vidrios polarizados y una Renault Duster color negra. Aún lo están esperando sus familiares y amigos.
En fin, como lo ha venido informando oportunamente Proclama del Cauca, en el norte del Cauca en los últimos meses se han incrementado los casos de secuestros exprés, modalidad sistemática de delincuentes o pandillas que no han podido ser neutralizadas por las autoridades competentes, las cuales inician investigaciones “exhaustivas” pero que no desembocan en los resultados que esperan las comunidades.
