Cuando los pobres subsidian a los ricos...

Alcaldías y gobernaciones más pobres perdieron más de un billón del Sistema General de Regalías. Planes de desarrollo deberán recortarse

Por: Edward Torres Ruidiaz
septiembre 28, 2020
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Cuando los pobres subsidian a los ricos...

Hace cinco meses advertimos que las alcaldías y gobernación del Magdalena y otros quince departamentos estaban en riesgo de perder $242 mil millones del Sistema General de Participaciones (SGP). Lastimosamente, ninguno de los alcaldes y gobernadores atendió nuestra advertencia y hoy la pérdida fue una realidad. La historia es la siguiente:

La pobreza NBI (índice de necesidades básicas insatisfechas) es uno de los criterios de distribución de transferencias. A mayor pobreza, más transferencias se reciben, ordena la Constitución. Por ello con el nuevo censo 2018, a quienes les disminuyó la pobreza-NBI, le debían bajar las transferencias y a quienes les aumentó le subirían.

Y así sucedió. En febrero pasado el gobierno hizo la primera distribución con el documento SGP-042, aplicando el nuevo censo, y las cifras beneficiaron con mayores recursos a municipios de Chocó, Córdoba, Bolívar y Magdalena, los más “pobres”, y perjudicaron con menos recursos a municipios de Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Santander, los “más ricos” o “menos pobres”. Tal cual lo ordenan las normas de focalización.

No obstante, el gobierno pensaba distinto y cinco meses después, el 10 de julio, expidió un nuevo documento SGP-048, que cambió la anterior distribución, quitando a las alcaldías y gobernaciones más pobres unos $202.000 millones de los recursos que justamente les había asignado el SGP-042 para compensar la pérdida de los “más ricos”.

Es decir, los “pobres”, inicialmente beneficiados pasaron a ser los perjudicados, al no aplicar las cifras del nuevo censo. Entre ellos el Magdalena, cuyas alcaldías y gobernaciones perdieron $16.412 millones en el SGP propósito general y agua potable liquidados por pobreza y población (ver imagen).

Como resultado, hoy Boyacá, con pobreza de apenas 10% recibe por habitante el triple de transferencias que La Guajira, aunque la pobreza de esta última es cinco veces mayor con 52%. La violación del principio de subsidiariedad y el objetivo de focalización es escandaloso (ver gráfico).

 

En Magdalena 27 municipios perdieron con nueva distribución del SGP-048

Nueva Granada y Sabanas de San Ángel fueron los más perjudicados, perdiendo en 2020 $2.194 millones y $1.972 millones respecto a lo que antes les había asignado el SGP-042, es decir cada uno perdió más de $8.000 millones en el cuatrienio, un valor astronómico para municipios de tan pocos ingresos y de tantas necesidades. Obsérvese en el cuadro que su pobreza relativa fue la que más aumentó también.

Perdieron unos $4.000 millones en el cuatrienio San Sebastián, Puebloviejo, El Difícil, Sitionuevo, Zapayán y Chivolo y la Gobernación del Magdalena perdió en agua potable más de $450 millones. Los únicos beneficiados con la nueva distribución fueron San Zenón, Remolino y El Piñón, lógico por la disminución de su pobreza relativa. El Banco perdió casi $1.500 millones en el cuatrienio.

El impacto negativo acumulado para los más pobres es mucho mayor si consideramos que en 2007 se hizo lo mismo con las cifras del censo 2005, mediante un parágrafo “temporal”, que quedó permanente, en el artículo 357 de la constitución. Si se sigue permitiendo el despojo, el gobierno también irá por el sistema general de regalías, también focalizado por pobreza y población.

Que los pobres reciban menos transferencias de las que merecen y los ricos más de ello puede explicar la persistente desigualdad de Colombia, por la que tantos se dan golpes de pecho.

¿Qué hacer?

Actuar jurídicamente contra el SGP-048 invocando los derechos fundamentales del artículo 13 de la Constitución Política, rector de los principios de subsidiariedad y las estrategias de focalización, claramente violados pues, contrario a ello, se quitan recursos a los “pobres” para entregar a los “más ricos”.

Igualmente aprovechar la torpe justificación del recorte en la ley 2008/19, al llamar “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias por el nuevo censo, lo que no aplica para los más de 400 municipios “pobres” que si se benefician por su aplicación,

Ello requiere que “alguien”, un alcalde, gobernador o congresista, asuma el liderazgo de demandar y debatir el SGP-048. No obstante, preocupa que aún ni siquiera se han dado cuenta del casi $1 billón que perdieron en el cuatrienio, aunque algunos fueron advertidos.

Esperemos que esta vez sí actúen. O que al menos se enteren.

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