En el nuevo censo 2018 cambiaron las cifras de población y pobreza, dos de los criterios con los cuales el gobierno liquida transferencias a las alcaldías y gobernaciones: a mayor pobreza y población, mayores recursos. Aquellas entidades donde la pobreza y la población aumentaron en términos relativos respecto a otras van a obtener más recursos que aquellas a las cuales les disminuyeron.
Eso ya sucedió en la primera liquidación del Sistema General de Participaciones (SGP) de febrero pasado. Y el susto fue grande para Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá, municipios “ricos”, que por la caída en su nivel de pobreza les disminuyeron las transferencias. En el otro lado, Magdalena, Chocó, Bolívar, Guajira, Norte de Santander y Córdoba, los más pobres, recibieron por ello altos incrementos de transferencias, de más del doble en algunos municipios, entre los 422 que se beneficiaron.
Ante esos resultados, el gobierno comunicó parcialmente las transferencias de 2020 y anunció un decreto “de transición” contra lo que considera “efectos negativos”, que no es otra cosa que quitarle recursos a quienes les aumentó (a los más pobres) para con ellos compensar, es decir, subsidiar a quienes les disminuyó (los más ricos). Solo por ese detalle es una medida claramente inconstitucional.
Por supuesto la posición de los alcaldes y gobernadores ante ese decreto “de transición” de Duque obviamente dependerá de cómo les vaya con esta nueva liquidación del censo 2018: se opondrán a este aquellos a quienes les aumentaron los recursos con este (los de valores positivos en la tabla) y lo apoyarán aquellos a quienes les disminuyeron (valores negativos en la tabla).
17 departamentos ganan con nuevo censo
Los más beneficiados son los municipios de Chocó, Bolívar, Córdoba y Magdalena con más de $167 mil millones de incremento real anual respecto a lo recibido en 2019. En total son 17 departamentos y 422 municipios los beneficiados con el incremento por el nuevo censo, a los que no les conviene el decreto “de transición” anunciado por el gobierno sino que queden las cifras tal como en esta primera liquidación. La “ganancia” se da a nivel global del departamento, pues algunos de los municipios de esos departamentos también “pierden”. La gobernación de Vaupés es la más beneficiada en agua potable.
Por ello es casi que una obligación para los gobernadores de esos 17 departamentos oponerse al decreto “de transición” que les quitaría estos recursos, con gestión política y, si toca, medidas jurídicas, en alianza con los otros departamentos y municipios en igual situación.
¿Ricos contra pobres?
La lucha será contra los departamentos y municipios a los que disminuyeron los recursos en la nueva liquidación, que son los más ricos y políticamente más poderosos como Bogotá, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle, entre otros
No es justo quitarle a los municipios más pobres los recursos a los que constitucionalmente tienen derecho. Permitir esa violación a la fórmula de focalización trae el riesgo de que el gobierno lo haga también con el Sistema General de Regalías, también focalizado por pobreza y población. Y en este país, donde no hay nada más permanente que lo temporal, estas medidas contra los pobres podrían volverse permanentes.
Una debilidad del decreto de “transición”, anunciado para mayo, es su torpe justificación en la Ley 2008/19, llamando “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias, los cuales no existen para los 422 municipios y 18 gobernaciones beneficiados, por lo que aplicarles la medida de reducción de sus transferencias es discutible.
He enviado estos argumentos de defensa de sus recursos a los gobernadores y alcaldes beneficiados por el nuevo censo para evitar el anunciado decreto “de transición” o de recorte del gobierno Duque, pero parece que están de acuerdo con que se los recorten, pues hasta el momento no han hecho nada.
