Desde que nació la República en Colombia nunca se ha respetado la protesta social y esta vez no es la excepción. La Constitución del 91 establece: “toda parte del pueblo puede manifestarse en las calles” (Art.37), de igual manera la Corte Constitucional plantea: “la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades”.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020 se confirma que los colombianos tenemos el derecho a la protesta social y que la Fuerza Pública lo ha vulnerado. Al tiempo se confirma la sistemática represión que han aplicado todos lo gobiernos en contra de la sociedad civil al desconocer el derecho a la protesta que este fallo de la máxima instancia judicial del país le exige al gobierno cumplir y pedir perdón por los excesos ya cometidos.
El pueblo colombiano está sintiendo los niveles más grandes de indignación de los últimos años ante el uso de fuerza letal por parte de la policía nacional y Fuerzas Militares que han causado la muerte de civiles sin razón justa. Esto refleja el deterioro de un gobierno y la decadencia de principios constitucionales.
Este contexto evidencia que después del Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc-Ep el discurso del “enemigo interno” no era solo contra las Farc. La Doctrina de Seguridad Nacional entendida como teoría militar del Estado para combatir supuestas amenazas existentes fuera y dentro del país, solo sirvió para estigmatizar y judicializar la protesta social.
En Colombia, con la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” lo que se hizo fue negar el Estado Social de Derecho y la democracia, porque durante su implementación aumentaron las ejecuciones extrajudiciales, se incrementó el paramilitarismo y la violación a los derechos humanos.
La teoría militar del Estado que inventó un “enemigo interno” involucrando a la población civil en el conflicto, y convirtiéndolos en objetivos militares de manera indiscriminada fue lo que nos llevó a una tragedia inusitada. El discurso “antiterrorista” fue el telón de hierro para ocultar que en Colombia nunca ha existido respeto ni garantía de los derechos fundamentales y humanos.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo que se ha dejado sin piso es dicha Doctrina de Seguridad Nacional; al evidenciar que el Estado ha tenido fallas sistémicas para responder a las nuevas conflictividades en materia de brindar una seguridad integral que respete los derechos humanos, la participación y el pluralismo de pensamiento. Con este fallo por fin se comienzan a divisar indicios de justicia que se refuerzan con el planteamiento de la Procuraduría en el sentido de: “incumplir las órdenes del alto tribunal es desacato”. Eso con respecto la respuesta del Gobierno y el ministro de defensa.
Señor presidente: acuda al llamado de la Corte sobre “conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas”. Pues además de pedir perdón al pueblo colombiano debe reparar el daño causado a las familias de sus conciudadanos.
Pongamos las fichas del juego en su lugar, si se cumpliera con los acuerdos suscritos por el Estado y gobierno con las organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos; se satisficiera la igualdad material definida por la jurisprudencia; si los recursos del Presupuesto General de la Nación se invirtieran más en el campo, salud y educación que en el sector militar, se respetara la protesta social, a lo mejor sería diferente el escenario de la nación. Como dijo la Corte Suprema la protesta social es: “la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.
