Colombia llevó casi once años con el porte de armas de fuego suspendido en la práctica. La medida había arrancado en 2014, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, y se prorrogó año tras año hasta volverse la norma real: tener el permiso individual al día no alcanzaba para sacar el arma de la casa. Hacía falta, además, un segundo trámite, especial y excepcional, ante el Ministerio de Defensa. El presidente Abelardo De La Espriella terminó con esa doble exigencia el martes 8 de septiembre, cuando firmó el Decreto 1368, publicado horas más tarde en el Diario Oficial.
¿Qué suspendía el decreto anterior?
El decreto 1482 de 2025, firmado por Santos el 31 de diciembre de ese año, había extendido la suspensión general para cubrir todo 2026. Bajo ese esquema, un ciudadano con permiso vigente podía guardar su arma en la vivienda, pero para llevarla a la calle debía pedir una autorización adicional que las autoridades revisaban caso por caso y concedían con cuentagotas. Ese segundo trámite, no el permiso original, era el filtro que de verdad frenaba el porte.
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El decreto firmado esta semana elimina justamente ese paso. Desde su entrada en vigencia, quien ya tenga un permiso individual vigente no necesita tramitar la autorización especial para salir armado de su casa. Eso es, en rigor, lo que significa el fin de la suspensión general: no aparece un derecho nuevo, desaparece un obstáculo administrativo que se había montado encima del permiso ordinario.
Y ahí hay un matiz que el propio Gobierno se encargó de subrayar el mismo día de la firma: terminar con la suspensión no es lo mismo que autorizar el porte libre. El monopolio del Estado sobre la fabricación, la importación y el porte de armamento sigue exactamente igual, regulado por el Decreto Ley 2535 de 1993, la norma que desde hace más de treinta años ordena la materia en el país y que el Decreto 1368 no modifica en ningún punto.
En consecuencia, los requisitos para conseguir un permiso no cambiaron. Se sigue exigiendo mayoría de edad, ausencia de antecedentes penales o requerimientos judiciales pendientes, y aptitud psicológica y física certificada por examen médico. Sigue siendo obligatorio demostrar destreza en el manejo del arma mediante un curso y una prueba práctica ante Indumil, la industria militar estatal y única entidad autorizada para la venta legal de armas de fuego en el país. Y sigue siendo indispensable justificar la necesidad concreta del porte: un riesgo de seguridad verificable, una actividad laboral que lo amerite, algo que las autoridades pueden negar si no lo consideran suficiente.
Quien no tenía permiso antes del 8 de septiembre no gana nada automático con este decreto. El trámite para solicitar uno por primera vez es el mismo de siempre: una solicitud ante el Comando General de las Fuerzas Militares o ante la autoridad militar regional correspondiente, según el arma y el lugar de residencia, con certificados médicos, curso de manejo y antecedentes limpios incluidos. Lo único que cambia es lo que pasa después de aprobado ese permiso, porque ya no hace falta pedir uno adicional para poder circular con el arma.
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El efecto inmediato se notó el mismo martes: la página web de Indumil colapsó por la cantidad de personas que entraron a consultar sus trámites o a iniciar uno nuevo, según reportó Infobae Colombia esa misma jornada.
De La Espriella respaldó la decisión con cifras del Ministerio de Defensa. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban ligadas a algún delito. De ese total, 980 se relacionan con las disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Eln; entre lo decomisado a las disidencias había 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros. Son las cifras con las que el presidente sostuvo que la restricción golpeaba al ciudadano legal mientras las estructuras criminales seguían armándose por fuera de la ley, sin que la suspensión les hiciera mella alguna.
La discusión, sin embargo, no se cierra con la firma del decreto. Analistas de seguridad citados por El Colombiano señalaron que la relación entre más armas legales en la calle y menos inseguridad no es automática ni lineal, y que el debate sobre la justicia por mano propia queda otra vez abierto en un país donde la violencia urbana y rural sigue siendo alta. Lo concreto es que, once años después de que arrancara la suspensión, Colombia queda con un permiso de porte que, una vez aprobado, ya no arrastra la capa extra de control que lo acompañó desde 2014.
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