La mañana del 19 de agosto, en el Cantón Norte de Bogotá, un grupo de fiscales y militares llegó hasta una de las viviendas dentro de la guarnición con una orden que llevaba meses de trabajo detrás. Fue un operativo en el que participaron el Ejército Nacional, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación y el Gaula Militar Arauca. El hombre al que buscaban era el coronel activo Carlos Didier Pérez Amorocho.
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Pérez Amorocho llevaba más de treinta años en el Ejército. Había pasado por algunos de los cargos más delicados del país. En 2015, cuando tenía el rango de mayor, comandó el Batallón de Combate Terrestre N.° 157. Luego ascendió al mando del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29, en Arauca, dentro de la Fuerza de Tarea Quirón, la unidad que enfrenta al ELN en una de las zonas donde ese grupo tiene más control. Entre 2024 y 2025 fue jefe de Estado Mayor de la Brigada 23 y, desde julio de 2025, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, con jurisdicción sobre varios municipios de Nariño, entre ellos Tumaco, y sobre zonas de Cauca y Valle del Cauca.
Esa hoja de vida, que muestra un oficial tropero en ascenso, es la misma que ahora la Fiscalía usa para armar el caso en su contra. La investigación no arrancó por una denuncia puntual sino por labores de contrainteligencia que durante años cruzaron los movimientos del coronel con los de dos grupos armados que no tienen relación entre sí, salvo la que —según los fiscales— él mismo habría tendido: el Frente de Guerra Oriental del ELN, fuerte en Arauca, y el Bloque Occidental Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc que comanda Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, con dominio de rutas de narcotráfico en Nariño.
El primer capítulo del expediente se remonta a 2020, cuando Pérez Amorocho tenía mando en Arauca. La Fiscalía sostiene que recibió 15 millones de pesos a cambio de bajarle el ritmo a la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauquita. Hoy los investigadores buscan establecer si además entregó datos sobre movimientos de tropas que le permitieron al grupo anticiparse a los golpes militares.
El segundo capítulo ocurre seis años después, en Nariño, con otro interlocutor. Entre enero y junio de 2026, mientras comandaba la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, el coronel habría recibido 30 millones de pesos semanales del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. A cambio, según la Fiscalía, debía retardar u omitir actuaciones propias de su cargo y mantener a la estructura al tanto de los desplazamientos de sus hombres en la zona. Esa información, según los investigadores, le habría facilitado al grupo mover cocaína, armas, municiones y mucho dinero en efectivo por un territorio que combina selva, costa y salidas hacia el Pacífico.
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Hay un contraste que los investigadores subrayan. En su paso por Nariño, Pérez Amorocho lideró y reportó operaciones reales contra estructuras ilegales: el desmantelamiento de un centro de armas y explosivos atribuido a la propia Segunda Marquetalia, y un operativo en Policarpa contra integrantes de la estructura Franco Benavides, ligada a las disidencias de alias Iván Mordisco. Esos resultados, presentados en su momento como logros de su unidad, hoy son parte de lo que la Fiscalía revisa para determinar si el oficial golpeaba a unos mientras protegía a otros.
El expediente que armó la Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. Antes de la captura, Pérez Amorocho fue trasladado desde Tumaco, su último puesto, hasta Bogotá, donde se hizo efectiva la orden. Ahora debe comparecer ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica y si los cargos se mantienen como fueron formulados.
El Ejército confirmó que el detenido era un oficial superior activo y dijo que acompañó el procedimiento de la Fiscalía, facilitó la diligencia y respaldó el debido proceso y la presunción de inocencia. Falta resolver si actuó solo o si hubo otros mandos, intermediarios o miembros de las estructuras armadas metidos en los acuerdos que, según la Fiscalía, sostuvo primero con el ELN y después con la Segunda Marquetalia.
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