Así se desprende de los documentos desclasificados por el gobierno de Barack Obama sobre la dictadura cívico-militar argentina (Política argentina, 2016).
La tragedia más sensible en los espacios del posconflicto, que no ha merecido un tratamiento especial por el presidente colombiano, Premio Nobel de la Paz, es el de los desaparecidos, término que en Colombia adquirió connotación en virtud de la abnegada lucha de las “Madres de Soacha”, similar a la querella realizada por “las Madres de la Plaza de Mayo” en Argentina, como resultado del terrorismo de Estado patrocinado por la Operación Cóndor, conocida como de reorganización nacional.
Casi en la clandestinidad, los familiares de los desaparecidos en las ejecuciones extrajudiciales comenzaron en las calles de Vancouver, Canadá, exponiendo con incredulidad para los caminantes de la calle Robson Street, como pudimos observarlo, las políticas de terror que se aplicaron en la guerra que se libró en Colombia.
Las prácticas de la desaparición forzada no fueron aisladas, hicieron parte de una conducta represiva que también existió en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
La llamada “internacional del terror” no fue espontánea, se organizó desde los Estados Unidos en favor de la “seguridad nacional” y defensa de la “civilización cristiana”, operación sistemática que se convirtió en un verdadero genocidio, cuyos documentos por largo tiempos secretos, fueron desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano y los organismos de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, especialmente.
En conferencia que pudimos escuchar en Buenos Aires, pronunciada por el poeta y educador Martín Almada —calificado por el dictador Alfredo Stroessner como “terrorista intelectual”, Premio Nobel alternativo de la Paz, detenido en 1974 en Asunción y rescatado en tres años después—, recordamos cómo se dedicó a denunciar la “Operación Cóndor”, que coordinó en América Latina la desaparición aproximada de medio millón de “enemigos”, incluidas personalidades como la de Orlando Letelier, exembajador del gobierno de Salvador Allende en los Estados Unidos, asesinado por orden de Pinochet en Washington en 1976, según documentos desclasificados del FBI (Operación Cóndor pacto criminal. Stella Calloni, 2006).
El pacto de silencio internacional no solo se ensañó contra los líderes populares y lideresas, llegó hasta la vida del general Prats, comandante del Ejército de Chile, asesinado en Buenos Aires. Igual suerte sufrió el general René Schneider, quien fuera ministro de Defensa y vicepresidente de la República.
La perversión del lenguaje llegó al extremo de calificar las muertes de los desaparecidos como “operación limpieza”. Para los poderes dictatoriales era una simple cuestión de semántica.
Los antecedentes a lo largo del Río Grande, que convocaron especialmente a las mujeres en su lucha histórica por esclarecer las atrocidades cometidas por los gobiernos de aquéllos países, constituyen un reto para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) en Colombia, y hay que decir con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, “esas doctrinas costaron un precio muy alto a la humanidad y la impunidad hace que en estos tiempos las garras del Cóndor vuelvan a aparecer”.
Esta dramática realidad, acentuada en nuestro medio por las ejecuciones extrajudiciales, hizo parte infortunadamente parte de la guerra sucia, que señaló, incluso a parapléjicos, de ser miembros activos de los grupos subversivos, privando a sus familiares de prestarles apoyo de letrados y violando a los presuntos ejecutores del principio de la presunción de inocencia.
¿Cómo no reconocer que el asesinato de personas indefensas ha cesado su carrera fúnebre?
Corresponde ahora la defensa del tratado de paz, pero, sobre todo, darle una verdadera dimensión histórica, sacándola de los textos acordados en La Habana, para concebirla como un nuevo derecho humano, que el Estado no se limita a tipificarla como una mera ausencia de la confrontación armada, porque los derechos humanos en Colombia no pueden ser simplemente declarativos.
El momento exige que el derecho de los pueblos, como se conoce a los derechos humanos de tercera generación, se traduzcan en políticas públicas que implementen no solo la paz, sino un desarrollo justo y la defensa del medio ambiente, tanto más cuando se acepta que no existe desarrollo humano sino se implementan todos los derechos humanos, incluidos los económicos, políticos y sociales. Hasta pronto.
