En los últimos días, el país ha presenciado un episodio que ilustra con claridad una de las tensiones más preocupantes de la administración pública: cuando el poder político intenta acomodar las reglas para favorecer a los suyos. El caso de Cielo Rusinque y su eventual regreso a la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento por incumplir los requisitos legales, plantea preguntas profundas sobre ética pública, meritocracia y respeto institucional.
El tribunal fue claro: la funcionaria no acreditaba los diez años de experiencia exigidos para ocupar el cargo. No se trató de un tecnicismo menor ni de una discusión interpretativa marginal. El fallo estableció que, revisada su trayectoria, la experiencia profesional válida era inferior a la requerida por la norma. En cualquier sistema que aspire a preservar la confianza en las instituciones, ese debería ser el punto final de la historia.
La hoja de vida de Cielo Rusinque vuelve al mismo cargo
Conviene además revisar la naturaleza de la formación académica de Rusinque. Es abogada con especialización en derecho constitucional y estudios de maestría en derecho público, una trayectoria respetable en el ámbito jurídico y político. Sin embargo, ninguno de esos estudios está vinculado con los campos propios de la Superintendencia de Industria y Comercio: regulación de mercados, derecho de la competencia, economía industrial, comercio o gestión empresarial. Dirigir una entidad que vigila prácticas restrictivas de mercado, competencia económica y protección del consumidor exige una trayectoria profesional estrechamente ligada a esos sectores, no simplemente credenciales jurídicas generales.
Pero el episodio adquiere una dimensión aún más preocupante. Tras el fallo judicial, el gobierno de Gustavo Petro decidió modificar los requisitos del cargo, reduciendo las exigencias de experiencia que originalmente habían servido de fundamento para la anulación del nombramiento. Esa modificación abrió la puerta para que la hoja de vida de Cielo Rusinque pudiera ser nuevamente publicada como aspirante al mismo puesto.
En otras palabras, lo que el tribunal había cerrado por incumplimiento de requisitos terminó reabriéndose mediante un cambio en las reglas.
Muchos juristas ya califican esta situación como una peligrosa “gimnasia legal”: modificar requisitos o reinterpretar trayectorias para llegar finalmente al mismo destino que el fallo judicial había impedido. Más allá del debate jurídico, el problema central es ético.
La meritocracia frente a los demás aspirantes
La meritocracia en el servicio público no es un adorno retórico; es la garantía mínima de que los cargos técnicos se asignen por capacidades y trayectoria, no por cercanía política. Cuando el Estado abre una convocatoria o publica hojas de vida para un cargo, lo hace bajo la premisa de igualdad frente a todos los aspirantes.
Cada profesional que cumple los requisitos confía en que compite en condiciones justas. Pero cuando las reglas comienzan a doblarse para acomodar un nombre específico, la competencia deja de ser real. Los demás aspirantes quedan convertidos en simples figurantes de un proceso cuyo resultado parece decidido de antemano.
Ese es el verdadero atropello.
Cuando los requisitos sí se han aplicado a otros funcionarios
Lo más preocupante es que el sistema institucional colombiano ha demostrado en múltiples ocasiones que los requisitos legales sí se aplican con rigor, incluso contra figuras políticas de alto perfil.
El propio Consejo de Estado anuló en 2018 la elección como senador de Antanas Mockus al considerar que existía una inhabilidad derivada de contratos celebrados por la corporación que dirigía con el Estado. A pesar de su enorme prestigio público, la decisión judicial aplicó estrictamente las reglas.
De igual forma, en 2023 el mismo tribunal anuló la elección como senador de Roy Barreras por incurrir en doble militancia, recordando que las normas electorales no son flexibles según la conveniencia política del momento.
Estos precedentes reflejan un principio fundamental del Estado de derecho: los requisitos y las inhabilidades existen para cumplirse, no para reinterpretarse según la identidad del funcionario afectado.
La gimnasia legal al servicio del amiguismo
No se trata únicamente de si Cielo Rusinque puede o no reunir los requisitos mediante una nueva interpretación administrativa. El punto es que el mensaje institucional resulta devastador: si un fallo judicial impide un nombramiento, siempre queda la opción de rediseñar las reglas para llegar al mismo destino.
Ese tipo de precedentes erosiona la credibilidad del Estado. Y la erosión no es abstracta. Afecta la confianza de profesionales que creen en el servicio público, de empresarios sometidos a la regulación de la Superintendencia y de ciudadanos que esperan que las reglas se apliquen de la misma manera para todos.
Un discurso contra los privilegios que termina reproduciéndolos
Paradójicamente, este episodio ocurre bajo un gobierno que ha hecho del discurso contra las élites y los privilegios una de sus banderas políticas. Sin embargo, cuando el poder utiliza la arquitectura jurídica para sostener nombramientos cuestionados, la crítica al “amiguismo” termina reflejándose en el propio espejo del gobierno.
La ética pública exige algo más que cumplir formalmente con la ley. Exige respetar el espíritu de las decisiones judiciales y, sobre todo, preservar la equidad en el acceso a los cargos del Estado.
Cuando la legalidad se vuelve una pista de gimnasia
Cuando la legalidad se convierte en una pista de gimnasia para justificar decisiones políticas, la meritocracia deja de ser un principio y se transforma en un obstáculo que simplemente hay que rodear.
Y ese es un lujo que ninguna democracia sólida debería permitirse
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