La OIT cumple 100 años. Es el único organismo de la ONU que tiene una composición tripartita -gobiernos, empresarios y trabajadores- y sus convenios y recomendaciones deben ser aplicadas por los países miembros. Colombia lo es y ha ratificado 61 convenios y en especial los que componen los 8 convenios fundamentales para un trabajo decente que implicarían empleo e ingresos dignos, seguridad social integral, libertades sindicales y diálogo social.
La OIT mediante diversas manifestaciones de la comisión de aplicación de normas, el comité de libertad sindical, la misión de alto nivel que visitó a nuestro país en el año 2011 y diversos estudios en varios informes mundiales, ha venido haciendo recomendaciones para que Colombia aplique los convenios ratificados y muy especialmente los relativos al trabajo decente.
Sin embargo, los anteriores gobiernos de Uribe y Santos y ahora el de Iván Duque, han venido legislando y actuando en contravía de estos mandatos de la OIT.
La OIT ha insistido que para el desarrollo pleno del derecho de asociación sindical, debe desmontarse de la legislación nacional los pactos colectivos y en especial prohibirlos en las empresas donde existe una organización sindical, pues no se entendería que los patrones o el gobierno promuevan los pactos colectivos o planes de beneficios para quienes no sean sindicalizados. Esta recomendación también la ha hecho la Ocde. Sin embargo, el gobierno, atendiendo la exigencia de la Andi, se ha negado a poner en acción lo dicho por OIT. Así mismo ha recomendado regular el derecho a la huelga determinando que solo es servicio público esencial las actividades empresariales o áreas de una empresa que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad nacional. Sin embargo, han preferido no reglarla y aplicar medidas de ilegalidad desde el sector judicial, presionadas por gobierno y empresarios, como en el caso de Avianca, situación ampliamente reconocida en los medios internacionales y de la OIT, que el transporte aéreo no es un servicio público esencial.
Lo mismo acontece con los temas pensionales. Acaba de elaborar la OIT un informe mundial con motivo de los preparativos para la celebración de sus 100 años, titulado "La reversión de la privatización de las pensiones", sí, han leído bien, donde la OIT da cuenta que en los últimos 18 años se han revertido al sistema público de reparto, es decir en nuestro lenguaje en Colombia, al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
El Sumario de dicho estudio establece:
Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de
pensiones públicas obligatorias; en 2018, dieciocho países habían revertido las
privatizaciones. Este informe: i) analiza el fracaso de los sistemas de pensiones privadas
obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo desempeño en
términos de cobertura, niveles de beneficios, costos administrativos, costos de transición, e
impactos sociales y fiscales negativos, entre otros; ii) documenta los procesos de reversión
de la privatización de las pensiones, la legislación, la gobernanza, los nuevos derechos a las
prestaciones, el financiamiento y las tasas de cotización de los nuevos sistemas públicos de
pensiones; iii) identifica los pasos necesarios para revertir la privatización de las pensiones,
dirigida a aquellos países que estén considerando retornar a un sistema público.
Es decir, en este tema, por lo que viene planteando el ministro de Hacienda, estaríamos en contravía de los estudios de la OIT.
A lo anterior podríamos agregar que en el PND en los artículos 113 y 117( primera versión) se inicia la contrarreforma pensional al establecer y reiterar mediante el sistema de los beneficios económicos periódicos BEP, un régimen de ahorro individual, que como ya lo señala el estudio de OIT no es el sistema de prima media de Colpensiones.
En estos días, con motivo del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo ( 28 de abril), la OIT ha podido establecer que "Al año, 2,78 millones de personas fallecen por enfermedades relacionadas al trabajo y 374 millones sufren accidentes laborales. Según cifras del 2017, también son 380.000 las personas que fallecen por accidentes en el trabajo". Situación que en Colombia se ve reflejada tanto en muertes de trabajadores como el caso de la caída del puente de Chirajara del grupo Aval, sin ninguna responsabilidad aún. Esta situación de riesgos laborales es causa de innumerables casos de trabajadores enfermos por su labor profesional que hoy son protegidos por la llamada estabilidad laboral reforzada, pero que el gobierno, atendiendo los reclamos empresariales, quiere desmontar por vía del PND (artículo 118 de la primera versión) al establecer que después del día 630 el empleador o el sistema de salud no tiene ninguna responsabilidad con el trabajador por enfermedad o accidente común. Nuevamente, en contravía de la OIT que reclama mayor protección y prevención en los sitios de trabajo dadas las alarmantes cifras de muertes y accidentes laborales.
Colombia con 2.496 horas año es el país de América Latina
con la mayor cantidad de horas de trabajo
superando a México y Costa Rica
En este mismo estudio de la OIT se establece "que el 36 % de los trabajadores del planeta trabajan más de 48 horas semanales" y un estudio desarrollado sobre los horas de trabajo en los países de la Ocde, establece que Colombia con 2.496 horas año es el país de América Latina con la mayor cantidad de horas de trabajo superando a México y Costa Rica. Y muy a pesar de ello, en el PND se establecen contratos por horas para ingresos inferiores al salario mínimo que implica perder hasta el 36 % de los ya precarios ingresos (artículo 113 de la primera versión) con lo cual este trabajador le tocará recurrir a extenuantes jornadas de trabajo, para suplir el menor valor en su ingresos, aumentando la ya extenuante jornada laboral, y alejándose nuevamente de los convenios de OIT que insisten en jornada laboral de 8 horas diarias y máximo 48 semanales.
Y por si fuera poco, la OIT en el informe de la Comisión mundial sobre el Futuro del Trabajo, frente a los desafíos de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y los avances tecnológicos, establece que se requiere " revitalizar el contrato social" entre gobierno, empresarios y trabajadores, utilizando "el diálogo social" entre ellos. Sin embargo, el gobierno viene haciendo aprobar a pupitrazo limpio una regresiva y profunda reforma laboral y pensional contenida en el PND, sin que se haya discutido y mucho menos concertado con los trabajadores y sus representantes de las centrales obreras. Solo la concertaron gobierno y empresarios, con lo cual se rompe cualquier posibilidad en Colombia de atender el llamado de la OIT.
Posdata: las centrales obreras y organizaciones sociales frente al regresivo PND, los ataques al acuerdo de paz y el asesinato de líderes sociales llaman a un paro nacional el 25 de abril.
Twitter: @fabioariascut
