Coca, entre la paz y la guerra

A propósito de la audiencia pública “Estado de la implementación de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y tratamiento penal diferenciado”

Por: Cristian Cupajita
Mayo 24, 2018
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Coca, entre la paz y la guerra
El gobierno podría monopolizar la producción de la hoja. Foto: Jaime Saldarriaga, Reuters

La naturaleza de todo conflicto es tener un final. Además, en esencia, a ninguna nación le conviene a estas alturas del desarrollo económico global seguir transitando por una guerra interna que le impide poder llegar a un largo periodo de estabilidad; tiempo que le serviría para profundizar en el desarrollo del aparato productivo, la generación de empleo, la soberanía nacional sobre los recursos naturales, la lucha contra la corrupción y con ello brindar acceso a derechos fundamentales, bienes y servicios a los lugares más expoliados del territorio nacional.

Entender parte del conflicto social, político y armado que aún se mantiene después de la puesta en marcha de los acuerdos de La Habana (Cuba) es un imperativo, ya que por las carreteras de la Colombia profunda sigue cabalgando con rienda suelta el caballito de los cultivos de uso ilícito. Con respecto a lo anterior y para dar un ejemplo en materia del plan que diseñó el gobierno para disminuir la siembra de plantas con fines ilícitos el presidente Juan Manuel Santos señalaba en el Fórum Europa que: “Es cierto que los cultivos aumentaron en los últimos dos, tres años y yo asumo esa responsabilidad. Tal vez fue mi culpa. Precisamente por imponerle a las Farc en la agenda el tema del narcotráfico y eso tuvo un incentivo perverso porque muchos campesinos dijeron. Va a haber una sustitución voluntaria y va a haber beneficios para quien esté cultivando coca, pues vamos a cultivar coca y se aumentó”.

La anterior intervención abona el terreno de las ya polémicas declaraciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos el año pasado, que aseguró: “El gobierno de EE.UU. consideró muy seriamente designar a Colombia como un país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas dada el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12 meses”.

Ahora bien, el jueves 17 de mayo de 2018 se celebró en la ciudad de Bogotá la audiencia pública “Estado de la implementación de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y tratamiento penal diferenciado”, encabezada por el senador Alberto Castilla. Lo relevante de este escenario fue contar con la intervención de las comunidades y de algunas entidades que están involucradas en buscar soluciones al flagelo de los cultivos de uso ilícito. Escuchar de primera fuente los relatos, testimonios, perspectivas, sueños y anhelos de los campesinos, afrocolombianos, pueblos indígenas, agremiaciones de mujeres y demás personalidades políticas contribuye a controvertir las declaraciones institucionales elaboradas desde lo profundo del pensamiento positivista gubernamental y su maquinaria de expertos en cifras, estadística y anuncios mediáticos.

¿Por qué el relato de los actores sociales es tan importante para comprender lo que está sucediendo con los cultivos de uso ilícito? En primer lugar porque permite comprender el contexto social en el cual se desarrollan los acontecimientos y en segundo, porque contribuye al esclarecimiento de los hechos que han sido noticia dentro de la opinión pública, aporta elementos al debate, a la construcción de propuestas, alternativas y soluciones. Acá cabe anotar que las lecturas políticas expuestas durante dicha audiencia no obedecen a una sola colectividad u organización, sino que son el resultado de un acumulado histórico recogido en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), organización que agremia a diversas expresiones del movimiento social colombiano.

En este sentido, lo expuesto por lo actores sociales en sus intervenciones señala una falta de garantías para llevar a buen término lo acordado en los puntos 1 y 4 de la agenda de la Habana, como también los demás acuerdos levantados en diferentes etapas de este proceso de sustitución concertada y gradual entre las comunidades y el gobierno nacional. Para estar más cerca de lo señalado durante parte del evento se procederá a citar fragmentos discursivos de los participantes en la mesa, para así, poder recoger una lectura más amplia de lo que sucede:

  • “(…) la coordinación étnica nacional insiste para que sea explícito, concreto y veras la incorporación de la garantía y salvaguardas de los pueblos étnicos en la implementación del sistema integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre estas está el respeto y la obligación de todos los actores institucionales encargados del diseño, la implementación del sistema, de consultar e integrar la participación de los pueblos étnicos en la medida en las actuaciones que se adopten. Como sabemos el reglamento, el decreto 896 de 2017 no fue consultado por la mesa de concertación (…) en vista de lo expuesto solicitamos al congreso lo siguiente: que se desarrolle el componente étnico del PNIS y del PISDA a través del instrumento normativo que tenga efectos en la formulación, diseño e implementación de la política pública de sustitución, nuevamente reconocer la instancia especial de los pueblos étnicos como actor válido para la interlocución, la consulta y representación de la implementación normativa y administrativa del capítulo étnico del acuerdo final de la habana (…) que se reconozca los usos, costumbres y tradiciones de la hoja de Coca a través de los instrumentos normativos como estrategia conexa a la política pública de sustitución. Se reconozca el valor científico y usos medicinales del cannabis, la amapola, a través de los instrumentos normativos como estrategia conexa a la política pública…” esto afirma el Representante de las comunidades afrocolombianas…
  • Representante de los pueblos indígenas: “(…) quiero iniciar planteando algunos datos generales para dimensionar la problemática y la afectación en territorios indígenas. Primero decir que en Colombia somos 102 pueblos y que de los cuales la corte constitucional ha reconocido 35 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, 62% de los pueblos en Colombia a causa del conflicto armado y de factores que se llaman subyacentes y vinculados que tienen que ver con la minería y los cultivos de uso ilícito, también plantear que los territorios colectivos ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia presenta más de 31 millones de hectáreas, casi la cuarta parte del país y que el 93% es de vocación de conservación y de bosques naturales, para que dimensionemos el impacto tan grande que tiene el tema de los cultivos teniendo en cuenta esta situación y que de 33 millones de hectáreas de conservación y de bosque en el país más del 50 % está en territorios étnicos de pueblos indígenas y afrodescendientes, entonces somos los principales contribuyentes y conservadores del bosque y de los recursos naturales del país (…) es lastimoso decir que en este momento el balance que hacemos como pueblos indígenas y pueblos étnicos frente a la implementación del capítulo étnico es que se ha violado el derecho a la consulta, se ha violado el ejercicio del enfoque diferencial en los programas de PDES y de PNIS, que son desarticulados, no respetan los planes de vida y que se están implementando de manera impositiva en los territorios y sumado a esto de que seguimos viendo una persecución y un asesinato sistemático a los pueblos indígenas y a los líderes…”
  • “ (…) esta semana recibimos un pronunciamiento por parte del presidente que nos deja extremadamente preocupados, en Europa manifiesta que el aumento de los cultivos que se calculan está en 220000 hectáreas es responsabilidad prácticamente del campesinado, porqué según él hubo un incentivo perverso en sus palabras, que llevó al campesinado a sembrar mucha más coca y que por ello los cultivos han aumentado; cosa que nosotros rechazamos de plano porque consideramos que ese no es el fondo del asunto, que se está buscando la calentura es en las sabanas y no en el enfermo que ya está a punto de morir. Nosotros tenemos que decir que desde el inicio del proceso de paz nos comprometimos con la paz de este país, hemos estado siempre comprometidos hasta los tuétanos y cuando se firmó el acuerdo de paz se firmó con algunos puntos que nosotros enviamos a la Habana, precisamente construcción colectiva del movimiento campesino sobre lo que planteábamos y queríamos como sustitución voluntaria y concertada que hemos venido planteando no de ahora sino desde hace más de 30 años, porque hay que decir que el movimiento campesino siempre ha tenido propuesta para salir de esta situación difícil en la que estamos (…) si bien es cierto el gobierno ha hecho esfuerzos para la implementación del punto 4 específicamente el programa de sustitución de cultivos, tenemos que decir que el programa ha ido absolutamente lento, que tenemos serias dificultades en muchos puntos, que tenemos serias dificultades en la capacidad del programa para atender a toda la población, a toda la población que ya ha firmado acuerdos colectivos y ha dicho que se quiere acoger al programa, ha habido problemas con los recolectores, esta es la hora que esos muchachos que se comprometieron también con la paz de este país, que el único medio de sustento que tienen es el trabajo en la raspa de la hoja de coca hoy no ha recibido el primer campesino un solo peso por parte del programa y eso es gravísimo cuando ya ha pasado un año que la gente se comprometió con este programa…” palabras de una líder campesina representante de la COCCAM.

Para cerrar, tratamiento penal diferenciado, número de hectáreas según decreto para poder acceder a la sustitución, fechas desde las cuales se puede vincular el campesino cultivador al programa, tiempo de disponibilidad para acceder al programa, asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, entre otros aspectos, hacen parte del panorama que tiene en una encrucijada tanto a las comunidades como al gobierno nacional; sin contar todos los requerimientos que han venido dilatando la puesta en marcha de los planes de sustitución, acompañado del temor de las comunidades a que sean los grupos armados que hacen presencia en estas zonas los que sigan erigiendo el destino de estos territorios… y para complementar la tensión que se vive allí hay que añadir el posible regreso de las fumigaciones aéreas con el ya famoso glifosato.

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