Texto escrito por: Nerio Luis Mejia
Por fin Colombia pudo saber quién es Caicedo. Ese nombre que durante años pareció una simple consigna en grafitis callejeros —un enigma de pared que llenaba de intriga y curiosidad a más de un despistado en las ciudades del país— reveló esta semana su verdadero alcance.
El país no solo conoció la trayectoria política y académica del dirigente samario, sino que el pasado miércoles 29 de julio el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió una sentencia condenatoria en primera instancia en su contra.
Ciento diecisiete meses de prisión —casi diez años— por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Una decisión judicial que deja al descubierto las grietas en la hoja de vida de quien aspiraba a ocupar la Casa de Nariño.
La condena contra el fundador del movimiento Fuerza Ciudadana se remonta a su época como alcalde de Santa Marta, tras la suscripción del contrato de obra pública PS-04 del 20 de agosto de 2014, celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes S.A.S. El objeto contractual prometía la adecuación, mantenimiento y construcción de varios centros de salud en la capital del Magdalena por un valor original de 6.532 millones de pesos y un plazo de ejecución de diez meses. Sin embargo, más de una década después, varias de esas obras continúan inconclusas, convertidas en monumentos a la desidia.
La jugada en la contratación sin los requisitos de ley le costó a Santa Marta un detrimento patrimonial superior a los 5.000 millones de pesos, tras desembolsarse más de 4.400 millones al contratista. Esta maniobra llevó a la Fiscalía a solicitar la condena que el juzgado finalmente acogió, dejando al controvertido exgobernador con un pie en la cárcel.
Carlos Caicedo encarna a esos personajes de provincia que se hicieron a pulso, pero a quienes el poder terminó por corroer. Es una figura de claroscuros: para muchos, la promesa de la izquierda alternativa que se enfrentó a las viejas castas políticas del Magdalena y restauró la Universidad del Magdalena; para otros, un dirigente rodeado de sombras judiciales e investigaciones —algunas desestimadas por falta de pruebas, como sus presuntos nexos con grupos armados—. Pero, más allá de la narrativa de persecución a la que suelen recurrir los caudillos regionales, los números y los contratos no mienten.
Al exgobernador le restan los recursos de ley, incluida la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que la decisión aún no está en firme. Sin embargo, este primer fallo judicial ofrece una respuesta incontestable a la pregunta que tapizaba los muros de las ciudades: el hombre que soñaba con llegar al Palacio de Nariño hoy está más cerca de una celda. Por fin, Colombia sabe quién carajos es Caicedo.
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