Texto escrito por: Wilson Caicedo Angulo
Hay ciudades que son recordadas por sus avances. Otras, por sus tragedias. Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, corre el riesgo de convertirse en el símbolo del abandono institucional, donde la basura dejó de ser un problema de aseo para convertirse en una amenaza contra la dignidad humana, la salud pública y el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano.
Hoy resulta imposible recorrer los barrios del distrito sin encontrar montañas de residuos sólidos acumulados durante días e incluso semanas. Bolsas rotas por animales, desperdicios esparcidos sobre las vías, lixiviados corriendo por las calles, malos olores que invaden viviendas y establecimientos comerciales, y una creciente proliferación de ratas, cucarachas, moscas y gusanos hacen parte del paisaje cotidiano que miles de bonaverenses se han visto obligados a normalizar.
Lo que para algunos puede parecer únicamente un problema de aseo urbano, en realidad constituye un asunto de salud pública de enormes proporciones. Cada bolsa de basura que permanece en las calles se convierte en un foco de infección.
La acumulación de residuos favorece la transmisión de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, afecciones cutáneas y la proliferación de vectores que pueden propagar patologías como el dengue, el chikunguña, el zika y la leptospirosis. Los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son quienes terminan pagando el precio más alto de esta negligencia.
Paradójicamente, los ciudadanos cumplen con una de sus principales obligaciones: pagan puntualmente una de las tarifas de aseo más elevadas del país en proporción a la calidad del servicio recibido. La factura llega cada mes sin falta. Lo que no llega con la misma puntualidad es el vehículo recolector.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con los recursos que los usuarios pagan por un servicio que evidentemente no está siendo prestado de manera eficiente y continua?
No se trata únicamente de una inconformidad ciudadana. La Constitución Política reconoce el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y obliga a las autoridades a proteger la salubridad pública. La prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios no es un favor de los operadores ni de las administraciones locales; es un deber constitucional.
La historia reciente del país demuestra que el manejo inadecuado del servicio de aseo puede generar profundas consecuencias políticas e institucionales. En 2013, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación debido a las decisiones adoptadas durante la crisis del modelo de recolección de basuras en la capital; aquel episodio dejó una enseñanza inequívoca: el servicio de aseo constituye un asunto de enorme trascendencia constitucional y administrativa, pues su interrupción afecta directamente derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
Si en una ciudad como Bogotá la crisis de las basuras produjo semejante reacción institucional, resulta inevitable preguntarse por qué frente a la situación que vive Buenaventura pareciera existir un silencio casi absoluto.
¿Dónde está la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerciendo su función de inspección, vigilancia y control?
¿Dónde están las actuaciones preventivas de la Procuraduría General de la Nación para verificar el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos?
¿Qué acciones ha adelantado la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos colectivos y fundamentales de los habitantes del distrito?
¿Dónde están las autoridades sanitarias frente al evidente riesgo epidemiológico que representa la acumulación permanente de residuos sólidos?
Estas preguntas no buscan señalar culpables anticipadamente. Buscan recordar que cada institución tiene competencias legales específicas y que la ciudadanía espera respuestas proporcionales a la gravedad de la situación.
No puede aceptarse que la basura haga parte del paisaje urbano permanente de la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano. Mucho menos cuando el puerto mueve buena parte del comercio exterior del país y genera miles de millones de pesos para la economía nacional.
Resulta contradictorio que una ciudad estratégica para Colombia proyecte al mundo una imagen de abandono precisamente en uno de los aspectos más elementales de cualquier sociedad: la limpieza de sus calles.
¿"Buenaventura Bonita"? La ciudad que hoy luce adornada con montañas de basura
La administración distrital ha promovido durante meses la campaña "Buenaventura Bonita", una iniciativa que busca fortalecer la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y el cuidado del espacio público. El propósito es noble y necesario: construir una ciudad más limpia y agradable para todos. Sin embargo, la realidad parece contradecir el eslogan institucional; es difícil hablar de una "Buenaventura Bonita" cuando las principales vías, los barrios y las zonas comerciales permanecen rodeados de bolsas de basura, malos olores y focos permanentes de contaminación. La belleza de una ciudad no se mide por el nombre de una campaña publicitaria ni por las jornadas ocasionales de limpieza; se refleja en la capacidad de garantizar, todos los días, un servicio eficiente de recolección de residuos.
La paradoja resulta inevitable: mientras desde la institucionalidad se invita a los ciudadanos a mantener limpia la ciudad, en numerosos sectores los residuos permanecen durante días sin ser recogidos. La ciudadanía puede barrer el frente de su casa, separar los residuos y cumplir con el pago oportuno de la tarifa de aseo, pero si el sistema de recolección falla, el esfuerzo colectivo termina sepultado bajo montañas de desperdicios.
La imagen de una ciudad "bonita" no puede construirse sobre campañas de comunicación cuando la realidad cotidiana muestra esquinas convertidas en basureros, canales obstruidos por desechos, presencia de ratas, moscas, gusanos y un riesgo permanente para la salud pública. No basta con pedir cultura ciudadana; también debe existir cultura institucional. El ejemplo comienza por quien gobierna. Una administración que promueve el embellecimiento urbano tiene la obligación de garantizar que el servicio público de aseo funcione con la eficiencia que exige la Constitución y que merecen los ciudadanos.
La verdadera "Buenaventura Bonita" será aquella donde los niños puedan caminar sin esquivar montañas de basura; donde los comerciantes no deban abrir sus negocios entre malos olores; donde los turistas encuentren una ciudad limpia y digna del principal puerto de Colombia; y donde los bonaverenses sientan que los impuestos y tarifas que pagan se traducen en servicios públicos de calidad, porque una ciudad no se embellece con un eslogan. Se embellece con resultados y hoy, lamentablemente, la imagen que se proyecta es la de una Buenaventura que parece más bonita en los afiches institucionales que en sus propias calles. Esa contradicción debe convertirse en un llamado urgente para que la campaña "Buenaventura Bonita" deje de ser una promesa y se transforme en una reality visible para todos.
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