Tras más un año de trabajo con comunidades y expertos, la organización ambiental World Wildlife Fund lanzó el lunes una propuesta de reglas de juego para que en Colombia se puedan realizar iniciativas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) con cuidado y respeto a la biodiversidad y a la cultura, el territorio y la autonomía de los indígenas, afrocolombianos y campesinos.
REDD+ es un mecanismo para combatir el cambio climático. No solo los países industrializados contribuyen al calentamiento del globo. Cada vez que se talan bosques, el carbono que ellos almacenan se libera a la atmósfera. La deforestación en el mundo es responsable de una quinta parte de los gases efecto invernadero. Y Colombia no se queda atrás. Hay altas tasas de deforestación en algunas regiones del país y los riesgos de que esto continúe no han sido conjurados aún.
Así, REDD+ tiene como propósito compensar a los países y a las comunidades que puedan verificar que reducen las emisiones de carbono al conservar, en vez de deforestar y degradar los bosques. Colombia, como muchos otros países del mundo, está metida de cabeza en crear una Estrategia Nacional para regular el mercado de REDD+ y establecer las reglas de juego llamadas ‘salvaguardas ambientales y sociales’. Para la construcción de la Estrategia Nacional, el gobierno ya cuenta con casi 4 millones de dólares que le donó un fondo que maneja el Banco Mundial y el año pasado, Naciones Unidas aprobó la entrega de otros 4 millones de dólares.
Colombia ya lleva cuatro años trabajando en la Estrategia Nacional de REDD. Mientras tanto, WWF avanzó con la construcción colectiva de una propuesta de salvaguardas sociales y ambientales. Este trabajo, que duró más de un año, contó con participación de pueblos indígenas del Putumayo y el Pacífico, con comunidades afrocolombianas y campesinas.
De estos encuentros y otros espacios de discusión resultó que REDD+ es tan admirado como controvertido. Muchos no niegan que el mecanismo sí les llama la atención a las comunidades que durante siglos le han prestado el servicio al planeta de cuidar los bosques sin cobrar un peso y que aun así viven en situaciones de pobreza. REDD+ puede ser un reconocimiento de estos usos sostenibles y un mecanismo para estimular su continuidad.
Pero nadie oculta los riesgos: que intermediarios inescrupulosos engañen a las comunidades, que los proyectos REDD+ les impidan tener sus parcelas para sembrar o disfrutar sus sitios sagrados, que los proyectos permitan a actores extraños entrar al territorio y aprovecharse de los conocimientos tradicionales de las comunidades y que todas estas situaciones terminen siendo una forma de despojar a las comunidades de sus territorios.
La crítica más radical es que REDD+ es un lavado de conciencia para las empresas y países responsables del cambio climático, que ponen plata para estos proyectos en el trópico, mientras continúan con sus actividades contaminantes.
Con todo, las comunidades que hicieron parte del proceso no le cerraron a la puerta a REDD+, pero pusieron como condición que se respetaran las salvaguardas sociales y ambientales.
En el proceso participaron comunidades y organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, entre ellas OZIP, Camawa, PCN y Anzorc. (Fotos del equipo de WWF.)
El resultado del proceso es la propuesta que WWF lanzó el pasado lunes y que próximamente será pública para todo el mundo en su página web. En ella apunta a que el gobierno debe coordinarse bien, de tal forma que si, por ejemplo, aprueba un proyecto REDD+ no permita después uno minero en el mismo territorio. Además, la propuesta busca que se respete siempre la autonomía de las comunidades, es decir, a sus autoridades y sus normas internas, y sus propios usos del territorio y la biodiversidad. Por eso, solo deben comprometerse a los proyectos cuando han evaluado toda la información de con quién lo van a hacer, con qué plata y cómo, y cuando están totalmente de acuerdo con lo que van a firmar. La propuesta resalta el derecho de las comunidades a que se respete su conocimiento y su uso tradicional del territorio y los recursos, y a participar en los beneficios económicos del proyecto.
Depende ahora del gobierno cómo acoge esta propuesta en la Estrategia Nacional de REDD+ que en todo caso deberá ser consultada y discutida con indígenas, afros y campesinos de todo el país. Para muchas comunidades, es urgente que el gobierno establezca muy pronto formas de cuidar a las comunidades, porque el número de proyectos REDD+ en Colombia va en aumento. Ya hay más de 50 y la ausencia de reglas claras deja en gran vulnerabilidad a las comunidades.
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