La representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda frenó la reorganización que buscaba implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los usuarios de las EPS. Esto luego de que prosperara una demanda que la legisladora interpuso ante el Consejo de Estado, entidad que terminó suspendiendo provisionalmente el Decreto 0182 emitido por el Ejecutivo.
La acción del gobierno buscaba hacer un traslado masivo de afiliados de distintas EPS a la intervenida Nueva EPS en varias zonas del país, dentro de la implementación de un modelo de aseguramiento en salud con marcado enfoque territorial y poblacional.
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Por su parte, la medida cautelar responde a la demanda de nulidad interpuesta por Miranda, quien argumentó que el “decreto vulneraba el derecho fundamental a la salud y la libre elección de los usuarios, al establecer reglas que limitarían el número de EPS operativas según el tamaño de los municipios”.
Entre los argumentos que expresó la congresista en su demanda está que la decisión podría derivar en la asignación obligatoria de más de seis millones de afiliados de entidades vigentes a otras EPS, movimiento en el que destaca el traslado de cerca de 2,6 millones de usuarios que terminarían en la NUEVA EPS.
Uno de los puntos críticos analizados por el tribunal fue la situación de la NUEVA EPS, hoy intervenida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Lo que dijo el Consejo de Estado
Consejo de Estado suspende decreto que modifica modelo de afiliación de usuarios del sistema de seguridad social en salud
— Consejo de Estado (@consejodeestado) May 6, 2026
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El despacho judicial advirtió que la NUEVA EPS presenta “un incumplimiento reiterado de estándares financieros, incluyendo un patrimonio adecuado negativo y un déficit en sus reservas técnicas”.
Por lo anterior, el Consejo de Estado consideró que “no es razonable sostener que concentrar a la población en entidades intervenidas o con crisis de sostenibilidad garantice la eficiencia del servicio”.
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La magistrada ponente, Nubia Margoth Peña Garzón, concluyó que las medidas adoptadas no superan el juicio de proporcionalidad.
La togada señaló que “las medidas no son idóneas ni necesarias para los fines propuestos”, ya que impactan gravemente el acceso a la salud en condiciones de oportunidad y continuidad.
Desde el Gobierno Petro
El consejo de estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2026
El primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva https://t.co/gr5HqaTSso
Por su parte, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, defendió la legalidad del decreto alegando que buscaba corregir la “atomización” y fragmentación del sistema, fortaleciendo la red pública y generando economías de escala. Argumentaron también que la territorialización optimizaría la gestión del riesgo en zonas dispersas.
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Con esta decisión, la implementación del nuevo modelo de aseguramiento territorial queda frenada de manera inmediata.
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