La FM reveló en primicia detalles de la investigación de la Fiscalía General contra una red que saqueó recursos del Sistema General de Regalías por medio billón de pesos. En el centro del escándalo está la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que habría sido utilizada para direccionar más de 100 contratos "a dedo".
Según conoció la cadena radial, el fiscal delegado señaló que se trata de todo un “cartel de direccionamiento de contratos” que se valió de Aremca para concentrar la ejecución de millonarios proyectos. Los capturados habrían diseñado incluso un “manual de contratación prohibido” para asegurar la entrega directa de los contratos, evadiendo los principios de transparencia y competencia.
El millonario contrato en Santa Marta
Uno de los casos más críticos bajo la lupa ocurrió en Santa Marta, bajo la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello. Entre el 19 y el 28 de febrero de 2024, mediante decreto, se tramitó un contrato con Aremca por $15.684 millones para fortalecer la formación de estudiantes y docentes de cara a las pruebas Saber Pro.
La Fiscalía fue tajante al respecto: “En términos coloquiales, suscribieron un contrato de prestación de servicios para hacer un preicfes de 15.000 millones de pesos en Santa Marta”.
Los cuestionados antecedentes de Aremca
Este no es el único convenio en entredicho. En enero de 2025, la Alcaldía de Santa Marta suscribió otro contrato por $2.500 millones con la misma asociación para temas de educación vial. Este convenio fue denunciado previamente por falta de transparencia y por el hecho de que Aremca sería una entidad no habilitada para manejar recursos del Sistema General de Regalías.
La investigación califica el actuar de esta red como un “descaro total”. Las interceptaciones telefónicas y las capturas ya realizadas dejan al descubierto cómo operaba el engranaje criminal para saquear los recursos que debían destinarse al desarrollo regional.
La defensa del mandatario
Por su parte, el alcalde Carlos Pinedo Cuello ha rechazado públicamente los señalamientos previos sobre presuntos vínculos con grupos ilegales. El mandatario sostiene que ni él ni su equipo de trabajo han sido sujetos de procesos judiciales por delitos electorales.
Aunque la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y el expediente avanza con varios capturados y más de 100 contratos bajo revisión, hasta el momento no existe una imputación formal contra el mandatario samario.
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