El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre el Valle de Tenza amerita una lectura que trascienda el plano político y se sitúe en variables estructurales de seguridad y de la economía ilegal.
Lo expuesto en el Consejo de Ministros sugiere la posible consolidación de esta subregión como un nodo emergente dentro de la cadena del narcotráfico, particularmente en sus fases de transformación (laboratorios) y logística, amparado bajo la fachada del negocio esmeraldero y diversos actores empresariales y políticos de la región. Este fenómeno no es reciente. Desde la década de 1980, el Valle de Tenza ha funcionado como un corredor estratégico para el tránsito de drogas, insumos y armamento, articulando el Llano con el centro del país.
A esto se sumó, en su momento, la presencia ininterrumpida por más de dos décadas de grupos como las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), al mando de "Los Feliciano" y "Martín Llanos", así como de los Urabeños en alianza con grupos paramilitares del Magdalena Medio y el occidente de Boyacá; estructuras que operaron en abierta complicidad con líderes esmeralderos y políticos para bloquear la entrada de la guerrilla de las FARC proveniente de las regiones del Guavio y el Sumapaz, en Cundinamarca.
En este contexto, resulta fundamental diferenciar la dinámica territorial de la zona. En este caso no se está frente a una región con incidencia de cultivos ilícitos ni ante un escenario clásico de confrontación armada. Se trata, más bien, de un espacio de control funcional para el narcotráfico, donde convergen rutas, rentas ilícitas y, de cierta manera, tolerancia y debilidad institucional. Esto permite hablar de una deslocalización operativa del negocio ilícito, diseñada específicamente para reducir la exposición y optimizar la logística criminal.
A lo anterior se suma un fenómeno crítico, consistente en el incremento atípico en el valor de la tierra y en las dinámicas de inversión local. Cuando estos comportamientos no responden a variables productivas verificables, suelen encubrir procesos de inyección de capitales de origen ilícito, especialmente en economías rurales donde la trazabilidad financiera es precaria. Es un patrón que encaja a la perfección con las estrategias de lavado de activos a través de la adquisición de bienes raíces. A esta distorsión económica se suma un factor que agrava el riesgo: la irrupción de nuevos capitales políticos a nivel local y regional. Estas figuras emergentes, apalancadas por recursos económicos casi ilimitados y de dudosa procedencia, evidencian un esfuerzo claro por cooptar el poder público, buscando blindar las operaciones ilícitas desde la misma institucionalidad.
En términos estrictos, la convergencia de factores como la presencia de laboratorios, el uso del corredor logístico, la presión sobre el mercado de tierras, el encubrimiento del narcotráfico en negocios de apariencia lícita y la captura política, configura un escenario de riesgo de captura territorial, distorsión de las economías locales y una reconfiguración silenciosa del control criminal. A la par, la expansión del microtráfico en los municipios de la región y la consecuente caída en la percepción de seguridad ciudadana evidencian una penetración progresiva en el tejido social.
Por otra parte, la mención de posibles amenazas contra figuras políticas, como Iván Cepeda, introduce un componente de proyección de poder a gran escala por parte de estas estructuras. Esto eleva la amenaza, trasladándola del ámbito puramente criminal al terreno institucional a nivel nacional. Sin embargo, este tipo de afirmaciones exige una verificación rigurosa mediante fuentes de inteligencia, tanto nacionales como de cooperación internacional en seguridad, precisamente para evitar su instrumentalización política o un sobredimensionamiento de la amenaza.
Bajo este panorama, el Valle de Tenza deja de ser una zona periférica y se convierte en un indicador temprano de cómo el narcotráfico se expande hacia territorios intermedios, donde el control estatal es más difuso y las economías legales son altamente vulnerables a la infiltración.
Sin embargo, todo lo expuesto no implica desconocer el auge turístico que hoy impulsa a la subregión, fundamentado en la belleza de sus paisajes, su riqueza natural y su gastronomía, amparado en el clima de paz que impera desde mediados de 2008, a pesar del abandono estatal de las vías terciarias y la deficiente inversión y administración departamental. Es imperativo aclarar que este análisis no busca, de ninguna manera, estigmatizar a estos municipios. No se puede rotular a su gente —campesinos, artesanos y trabajadores honestos— como partícipes o cómplices de estas lógicas criminales. Ellos son, por el contrario, la población que más debe ser protegida de estas estructuras.
Por lo tanto, las autoridades hoy no pueden rasgarse las vestiduras cuando la realidad en materia de seguridad es evidente. En los últimos años ha aumentado la incautación de estupefacientes y la destrucción de laboratorios, así como el incesante movimiento de drogas e insumos. A esto se suma la descarada especulación con la tierra y la circulación de capitales de dudosa procedencia, fenómenos que son visibles para todos.
El reto del Estado no es de naturaleza exclusivamente operativa, y es clara la falta de acción de las autoridades departamentales y municipales, aun con el acompañamiento del Gobierno Nacional. Requiere una reconfiguración del enfoque de seguridad, apuntando a reducir el riesgo estructural mediante la trazabilidad de los flujos financieros, un control efectivo sobre el territorio, el fortalecimiento institucional y, de fondo, la revisión del rol de las Fuerzas Militares y de Policía frente a esquemas de criminalidad no convencional.
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