La construcción de la nueva Cárcel Distrital de Bogotá ha sufrido un revés. Debido a discrepancias entre los constructores y el Distrito, la obra tendrá que esperar hasta encontrar un nuevo constructor.
El 30 de diciembre de 2024, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, en cabeza de César Restrepo Flórez, firmó el contrato interadministrativo # 1991 de 2024 con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, cuyo titular es Carlos Felipe Reyes Forero, por un valor de $5.196 millones.
El objeto contractual era estructurar estudios y diseños, hacer interventoría y obtener permisos y licencias necesarios para la construcción de la Cárcel Distrital II. Todo enmarcado en el programa de ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de los derechos en Bogotá.
El contrato # 1991 de 2024, firmado entre estas dos entidades, arrancó a finales del mes de enero de 2025 con la estructuración del proyecto para la construcción de la nueva cárcel distrital en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, muy cerca a la penitenciaria La Picota, al suroriente de la ciudad; sin embargo, la iniciativa no llegó a buen puerto porque durante la ejecución del contrato, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, que era el contratista, pidió una adición presupuestal a la Secretaría de Seguridad y la entidad consideró que la petición era jurídicamente inviable.
Ante esa determinación, la Secretaría de Seguridad y Renobo, de mutuo acuerdo, decidieron terminar el contrato interadministrativo que habían firmado, y los $5.196 millones, que ya habían sido desembolsados, fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
Todo esto ha retrasado el proceso para la construcción de la nueva Cárcel Distrital, y a la fecha la obra se encuentra paralizada. A pesar de lo ocurrido, el alcalde Galán ha manifestado que la Cárcel Distrital II es una de las prioridades de su administración, enmarcada dentro del plan de desarrollo Bogotá Camina Segura. Ha informado que, para darle continuidad a la ejecución de las obras, se deben hacer algunos ajustes técnicos.
Promesas de campaña
Desde su llegada al Palacio Liévano en enero de 2024, Galán traía como iniciativa la construcción de una nueva cárcel para Bogotá que permitiera mejorar el problema de hacinamiento que se vive actualmente en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las estaciones de policía de la ciudad. En ese sentido, la construcción de la nueva cárcel fue anunciada en febrero de 2025.
En principio, se propuso que la obra estuviera lista en 2027 y debía tener capacidad de albergar a unos 2.000 reclusos sin hacinamiento y aplicando la misma metodología de la actual cárcel distrital.
El proyecto, parado en estos momentos por temas técnicos y estructurales, necesita ser destrabado para que reinicie la construcción de la nueva infraestructura, la cual se había proyectado con un costo estimado de $283.000 millones.
Un predio propio
El 3 de abril de abril de 2024, el Gobierno Nacional, a través del exministro de Justicia Néstor Osuna, entregó formalmente a título gratuito un predio aledaño a la penitenciaría La Picota para la construcción de la segunda cárcel distrital con capacidad para 2.000 internos. La entrega se realizó mediante el Convenio 1127, suscrito en abril de 2021 entre la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, con el fin de mejorar las condiciones de reclusión de los privados de la libertad en la capital del país. Sobre todo, para aquellas personas que se encuentran en centros de detención transitoria.
El terreno cuenta con un área de 29.282,97 metros cuadrados, unas 2,9 hectáreas. La entrega del predio quedó formalizada con la firma de la Resolución 002775 del 3 de abril de 2024. De los cerca de 45.000 detenidos de forma preventiva que hay en el país sólo 2.760 se encuentran en las cárceles, de los cuales 37 % es aportado por la ciudad de Bogotá.
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