Al menos once congresistas que tienen investigaciones judiciales abiertas y que lograron su reelección en las pasadas elecciones tienen los procesos avanzados, mientras en algunos casos solo hay aperturas.
Entre ellos, la polémica senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien ha sido la gran abanderada de la negociación con los jefes de bandas criminales de Medellín, tiene el ojo de la Corte Suprema de Justicia encima.
El famoso “tarimazo” en la Alpujarra el pasado 21 de junio de 2025, presidido por el propio Gustavo Petro y que tuvo a Zuleta como gran motor convocador, ha sido duramente cuestionado por la opinión pública antioqueña y es el palo en la rueda de la senadora.
Zuleta enfrenta una demanda por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. En su contra se alega un posible abuso de funciones como vocera del Gobierno en los diálogos de paz con grupos armados ilegales en Antioquia.
Otro nombre que no deja de sonar es el de David Racero, representante del Pacto Histórico, quien enfrenta una demanda por pérdida de investidura por el presunto abuso a trabajadores de un negocio de frutas que sería de su propiedad. A eso se suman denuncias ante la Corte Suprema por supuestos contratos a familiares en entidades del Estado. El proceso avanza a paso lento, pero si se prueban irregularidades, Racero —reelegido— podría quedarse sin curul.
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Los que también podrían perder su curul
Otras investigaciones por delitos electorales que también están ganando terreno tras las elecciones son las que involucran al senador electo Daniel Restrepo, del Partido Conservador, salpicado por un presunto caso de compra de votos. Todo se destapó tras la captura de Luis Alfredo Peña, escolta del secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture. Peña fue sorprendido en Hatonuevo, La Guajira, con cerca de 145 millones de pesos en efectivo y material político vinculado a la campaña de Restrepo.
Otro de los episodios comentados fue el de los congresistas que habrían ofrecido agua a cambio de votos, una jugada que cayó como un baldado de agua fría en los partidos Conservador y Cambio Radical.
En este capítulo aparecen el representante Ape Cuello y el senador Didier Lobo, señalados de utilizar un carrotanque en Aguachica, Cesar, con ese propósito. Si las autoridades encuentran méritos para sancionar, ambos podrían perder sus curules, obligando a sus partidos a aplicar la figura de la silla vacía. Por ahora, los señalados se defienden y aseguran que todo fue iniciativa de un promotor político ajeno a sus campañas, como lo ha explicado Lobo en varios medios locales.
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Cambio Radical, además, carga con otro dolor de cabeza: el representante Carlos Cuenca, quien logró llegar al Congreso pese a una condena en primera instancia por compra de votos en Guainía. Tiene encima un nuevo proceso por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, las autoridades revisan la campaña del senador electo Camilo Torres Villalba, del Partido Liberal, tras la difusión de audios en los que se hablaría de beneficios a cambio de votos en Montelíbano, Córdoba.
El listado sigue creciendo y en él está el senador Alex Flórez quien enfrenta un proceso por presunto lavado de activos, concusión y falsedad en documento, luego de ser señalado de exigir dinero a contratistas en Medellín para financiar su campaña de 2022. Asimismo, el representante Pedro Suárez tampoco se queda atrás: es investigado por posible prevaricato, relacionado con decisiones judiciales que habría tomado cuando era juez en Tunja.
Finalmente, Wadith Manzur, representante a la Cámara y quien dio el salto al Senado por el Partido Conservador, se encuentra detenido en medio de las investigaciones por el desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd): mientras esté detenido no podrá posesionarse.
El caso de la representante a la Cámara por las circunscripciones de Paz, Karen Manrique, es igual al de Manzur. La congresista resultó salpicada por el mismo hecho de corrupción y la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de los dos parlamentarios mientras se adelantan las investigaciones.
Con todo este panorama, es evidente que el nuevo Congreso podría dejar por los menos 11 curules vacías u ocupadas con otros nombres de los integrantes de las listas.
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