El presidente Gustavo Petro dio una orden directa a su equipo económico y de salud: avanzar sin más dilaciones en la liquidación de las EPS que ya no pueden sostenerse financieramente. La instrucción fue impartida durante el consejo de ministros del 16 de marzo, en un momento en que el Gobierno busca redefinir el rumbo del sistema tras el fracaso de la reforma en el Congreso. El mensaje para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo fue claro: las entidades en quiebra deben salir del sistema de manera inmediata.
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La decisión no partió de un listado oficial, pero sí dejó en evidencia cuáles son las EPS que hoy concentran los mayores riesgos financieros. En ese grupo aparecen Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, EPS S.O.S. y Famisanar, entidades que llevan varios años bajo presión por el deterioro de sus balances, el crecimiento de sus deudas y la incapacidad de revertir una tendencia negativa. Todas ellas han sido intervenidas y sus cifras muestran un problema estructural que no ha logrado corregirse.
El deterioro no es menor. Entre 2022 y 2025, el patrimonio negativo conjunto de estas EPS pasó de 15 a más de 30 billones de pesos, un salto que refleja la profundidad de la crisis. No se trata solo de números: detrás de esas cifras hay fallas en la prestación del servicio, aumento de quejas y dificultades crecientes para garantizar tratamientos, citas y entrega de medicamentos.
El impacto de una eventual liquidación es amplio. Estas siete EPS, junto con otras intervenidas, concentran una porción significativa del sistema. En total, cerca de 23 millones de personas están afiliadas a ocho EPS bajo intervención, si se incluye en el panorama a la Nueva EPS, la más grande del país. Ese volumen convierte cualquier decisión en un movimiento de alto riesgo, no solo por el traslado de usuarios, sino por la capacidad real del sistema para absorberlos.
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El caso de la Nueva EPS ocupa un lugar central en este escenario. Con alrededor de 11 millones de afiliados, es la entidad con mayor cobertura en Colombia y, al mismo tiempo, una de las más comprometidas financieramente. Entre 2022 y 2025 acumuló una deuda superior a los 21 billones de pesos, una cifra que la ubica como el principal foco de preocupación dentro del sistema.
A pesar de ese panorama, su situación es distinta a la de otras EPS. El Estado es dueño del 50 % de la entidad, lo que introduce un elemento adicional en la discusión. Esa participación implica que el Gobierno tendría que responder por una parte significativa de la deuda, estimada en al menos 10 billones de pesos. La Nueva EPS aparece como una posible excepción dentro de la estrategia de liquidaciones. Su carácter mixto abre la puerta a una salida distinta, basada en el reconocimiento de pagos pendientes por parte del Estado. Esa opción podría permitirle superar la intervención y mantenerse en operación, en contraste con otras entidades que no tienen margen de maniobra.
El resto de las EPS en riesgo enfrenta un panorama más complejo. Famisanar, por ejemplo, acumula deudas cercanas a los 2,3 billones de pesos y un deterioro sostenido de su patrimonio. A esto se suma el aumento de quejas de los usuarios, que evidencia problemas en la calidad del servicio. En Coosalud, los indicadores también encendieron alertas por el incremento de reclamos y tutelas, reflejando barreras de acceso que no se han resuelto pese a la intervención estatal.
Asmet Salud, con presencia en regiones apartadas, representa otro tipo de desafío. Su operación es clave en zonas donde no existen alternativas, lo que convierte una eventual liquidación en un problema que va más allá de lo financiero. En zonas rurales, su salida implicaría reorganizar la atención en territorios donde el sistema ya es frágil.
El trasfondo de la decisión es claro: el Gobierno considera que el modelo actual llegó a un punto límite. Sin la reforma de Salud aprobada y con un sistema presionado por deudas crecientes, la liquidación aparece como una salida directa para depurar las entidades inviables. Sin embargo, esa medida abre interrogantes sobre la capacidad de respuesta institucional.
El traslado masivo de millones de afiliados no tiene precedentes en el país. Reubicar a esa población en otras EPS, o concentrarla en unas pocas, implica retos logísticos, financieros y operativos de gran escala. La posibilidad de que la Nueva EPS absorba buena parte de esos usuarios genera dudas, especialmente por su propia situación interna. La orden presidencial marca un punto de quiebre. Traslada la discusión hacia la capacidad del Estado para garantizar la continuidad del servicio. En ese equilibrio entre depuración financiera y atención a los usuarios se juega el futuro inmediato de la salud en Colombia.
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