El asesinato de Juan Sebastián Aguilar, conocido en el mundo esmeraldero como Pedro Pechuga, marcó un punto de quiebre en una historia que llevaba años escribiéndose en silencio. Un francotirador lo mató en agosto de 2024 dentro de su casa, en un conjunto residencial del norte de Bogotá, frente a su familia y junto a su amplio esquema de seguridad que no sirvió de nada. Su nombre más allá del mundo de las guerras verdes volvió a sonar por su cercanía con la exconsejera de regiones, la militante del Partido Verde Sandra Ortiz, quien está detenida en la cárcel del Buen Pastor acusada por la Fiscalía en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riegos y Desastres.
Meses después, en el mismo lugar y bajo un método casi idéntico, cayó Jesús Hernando Sánchez, su socio y aliado más cercano. Ambos habían sido hombres clave del imperio de Víctor Carranza, el histórico zar de las esmeraldas muerto en 2013, y ambos estaban vinculados a una disputa que iba mucho más allá de las minas: la pelea por un enorme terreno al sur de la capital.
Ese terreno se llama La Azotea. Son más de 300 hectáreas de tierra en la localidad de Ciudad Bolívar, un espacio que colinda con barrios populares de Bogotá y con sectores del municipio de Soacha. Es un predio conocido por albergar el llamado Palo del Ahorcado, un lugar de peregrinación religiosa que cada Semana Santa convoca a miles de personas. Pero detrás de esa postal devota hay otra historia, menos visible y más áspera, en la que confluyen narcos, esmeralderos, políticos locales y urbanizadores ilegales.
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Durante años, la mayor parte de La Azotea, según una investigación publicada en El Espectador, estuvo en manos de Horacio Triana, un personaje que primero fue conocido como esmeraldero y enemigo del zar Carranza, luego como narcotraficante. Triana fue extraditado en 2019 a Estados Unidos por cargos relacionados con drogas y, en Colombia, terminó condenado tras aceptar su responsabilidad en un atentado contra Jesús Hernando Sánchez ocurrido en 2012. Ese ataque, ejecutado en plena Zona T de Bogotá, dejó a Sánchez con graves secuelas y abrió un capítulo más de una guerra soterrada que se prolongó durante más de una década.
Cuando la Fiscalía decidió decomisar los lotes 2 y 3 de La Azotea, en 2020, por pertenecer a los Triana, los terrenos pasaron a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales, hoy en cabeza de la abogada Amelia Pérez.
Para entonces, el predio ya se había convertido en una especie de botín maldito. Antes de la incautación, en 2017, los Triana habían vendido esas tierras al urbanizador Eduardo Romano, quien aseguró haberlas comprado con la idea de levantar allí un megaproyecto de vivienda de interés social. Romano sostuvo siempre que, al momento de la transacción, no existían procesos judiciales visibles contra los vendedores y que el origen del predio parecía limpio, más aún porque en el pasado había estado en manos de empresarios y profesionales sin antecedentes penales.
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La incautación frenó cualquier intento de construcción y abrió un limbo jurídico que se extendió durante años. En ese escenario apareció Pedro Pechuga. Tres meses antes de su asesinato, Aguilar presentó una solicitud formal ante la SAE para que le vendieran una parte de La Azotea, unas 24 hectáreas asociadas a un título minero de su propiedad. Su interés era explotar una cantera de materiales de construcción a través de una de sus empresas. No era un movimiento menor: significaba poner un pie, de forma directa, en uno de los terrenos más disputados del sur de Bogotá.
Ese intento se leyó, dentro del mundo esmeraldero, como un desafío abierto. Desde la muerte de Carranza, la relación entre los antiguos socios se había deteriorado hasta convertirse en una guerra silenciosa. La Azotea era uno de los frentes de esa confrontación. Controlar esa tierra significaba tener poder territorial, recursos y una ficha clave en futuros desarrollos urbanos. No era solo un negocio inmobiliario; era una forma de consolidar influencia.
Después del asesinato de Pedro Pechuga y de la muerte de Jesús Hernando Sánchez, el interés por La Azotea se enfrió de manera abrupta. Nadie volvió a tocar la puerta de la SAE para preguntar por la cantera ni por los lotes. El miedo hizo lo que ni los jueces ni la burocracia habían logrado: congelar cualquier movimiento alrededor del predio.
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Sin embargo, los expedientes judiciales siguieron avanzando por su cuenta. En septiembre de 2025, un juzgado de Bogotá ordenó devolverle a los Triana 21 bienes que les habían sido decomisados años atrás. La razón fue tan simple como demoledora: extrañamente la Fiscalía no presentó, dentro del plazo legal, la demanda de extinción de dominio. Esa decisión abrió la puerta para que los antiguos dueños reclamaran propiedades y reavivó la incertidumbre sobre el futuro de La Azotea, aunque las medidas cautelares sobre algunos lotes seguían vigentes.
El último capítulo de una guerra que está lejos de terminar
El capítulo más reciente de esta historia se escribió el 19 de enero de este año. Un juzgado penal de Bogotá condenó a siete años de prisión a Luz Elena Guerra Ladino, excorregidora del sector de El Mochuelo, en Ciudad Bolívar. La sentencia estableció que la exfuncionaria manipuló un proceso administrativo para entregar de manera irregular una parte de La Azotea a Rafael Forero, hijo del exconcejal Rafael Forero Fetecua, conocido en los años ochenta por ser uno de los mayores urbanizadores piratas del país. El fallo dejó claro que, incluso en medio del caos judicial, había intentos concretos por fragmentar y apropiarse del terreno a través de vías ilegales.
La Azotea también apareció en relatos de presiones y amenazas. Su propietario formal denunció acercamientos de antiguos narcotraficantes y de intermediarios con largo historial de estafas inmobiliarias. Algunos de esos personajes terminaron asesinados, reforzando la idea de que el predio estaba rodeado por una violencia persistente, casi estructural.
Hoy, La Azotea sigue allí, extendida sobre el sur de Bogotá como una promesa incumplida y un problema sin resolver. Es tierra codiciada y tierra temida. Un lugar donde confluyen la fe popular, la ambición urbana y las sombras de viejas guerras criminales. Después de los asesinatos de Pedro Pechuga y Jesús Hernando Sánchez, el terreno parece haber quedado en pausa, como si todos entendieran que hay propiedades que, por su historia, nadie quiere tocar. En La Azotea, más que proyectos o escrituras, lo que pesa es la memoria de una disputa que ha cobrado demasiadas vidas.
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