Las arcas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se llenará con los millonarios recursos que le entrarán al Fondo Empresarial de esta Superintendencia por una directiva del gobierno nacional amparado en la Declaratoria de emergencia económica. La nueva medida establece un cobro del 2,5 % calculado sobre la utilidad antes de impuestos, tomando como base los estados financieros del año 2024 reportados ante la Superintendencia.
Las generadoras de energía deberán hacer una contribución parafiscal para
para financiar la recuperación de Air-e, la compañía que provee energía a los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, la cual fue intervenida en septiembre de 2024 debido a una deuda de $500.000 millones.
El golpe es principalmente duro para las grandes empresas como EPM y las extranjeras Enel e Isagen que no han disimulado su asombro frente a la decisión. El encargado de administrar los recursos es el superintendente Felipe Durán, un joven político sin experticia en el tema de servicios públicos y mucho menos de energia, que intentó ser alcalde de Zipaquirá por el Pacto Histórico y fue derrotado por escasos votos. Llegó al cargo como cuota política y no por méritos profesionales ni técnicos. Una denuncia de la Revista Semana pondría en evidencia el aprovechamiento que el funcionario está haciendo de su cargo con un cruce de favores burocráticos con Migración Colombia donde la subdirectora Gloria Arriero es su esposa.
El millonario recaudo se destinará para salvar la quebrada Aire-e la compañía que provee energía a los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Tras el paso de cuatro agentes interventores, el pasivo de Air-e ha escalado significativamente, situándose hoy por encima de los $2,5 billones.
Esta decisión afecta de manera directa a las tres compañías más grandes del sector: EPM, Enel Colombia e Isagen. EPM, de naturaleza pública, ha mantenido una relación tensa con la actual administración debido a deudas acumuladas por el Ministerio de Minas y Energía. En marzo de 2025, la situación llegó a instancias judiciales cuando un juez de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional, debido a las deudas del Ministerio por concepto de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 que el Grupo EPM y sus filiales ya había cubierto.
Enel Colombia cuyo mayor accionista es Enel Américas con el 57,345 % es en su mayoría italiana, propiedad de la empresa pública energética italiana Enel S.p.A. (82,3 % de la participación accionaria) y el Grupo de energía de Bogotá con el 42,515 % (done el 65,68 % perteneciente al Distrito Capital). Sus accionistas mayoritarios, por lo tanto, son empresas públicas de Italia y Colombia.
Finalmente, Isagen, una empresa privada que surgió en 1995 tras la división de los activos de generación de ISA, también se verá impactada por este gravamen. La compañía pertenece casi en su totalidad al fondo canadiense Brookfield Asset Management, a través de su filial Bre Colombia Hydro Investment. Su actual CEO, Camilo Marulanda, ya venía expresando preocupaciones sobre el entorno normativo en el país cuando cuestionó recientemente las condiciones regulatorias para los proyectos de energía solar, advirtiendo que las rentabilidades esperadas de menos del 5 % —cifra inferior a la inflación— podrían dejar este tipo de iniciativas de transición energética en una situación de inviabilidad financiera.
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