La Defensora del pueblo Iris Marín emitió una Alerta temprana para advertir los riesgos que pueden afectar la elección del próximo 19 de octubre para escoger los consejos de juventud, que buscan ser la voz de los casi 12 millones de jóvenes que hay en Colombia.
La situación en 6 de departamentos que amenaza liderazgos juveniles sobre todo en 6 departamentos: Cauca, Chocó y Norte de Santander; en Cúcuta, un líder social y juvenil reportó persecución y amenazas reiteradas por grupos armados no identificados y fue sometido a desplazamiento forzado. En Cesar, Antioquia y Atlántico se registran hechos que afectan de manera directa a población joven vinculada a la participación política y al liderazgo social. En Chimichagua, por ejemplo, el presidente de la JAC del corregimiento Las Vegas fue intimidado por dos hombres que le ordenaron abandonar la población en 24 horas.
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La situación coyuntural de los jóvenes en el país también resulta inquietante. De acuerdo con el documento de la Defensoría, entre enero y mayo de este año el 42 % de los homicidios en el país tuvieron como víctimas a jóvenes 18 a 29 años.
En ese mismo lapso se registraron 6.143 casos de conductas de autolesión y situaciones críticas de salud mental con riesgo de muerte y fueron documentadas 340 suicidios en los primeros cinco meses del año.
La tasa de homicidios para esta población (2 por cada 10.000) duplica la tasa nacional general, con focos críticos en municipios como San Andrés de Cuerquia (Antioquia), con una tasa de 88 por cada 10,000 jóvenes.
Entre enero y junio de 2025, se registraron 6.143 intentos de suicidio entre jóvenes de 18 a 28 años, afectando mayoritariamente a mujeres. Entre enero y mayo, se consumaron 340 suicidios en el mismo grupo etario. Municipios como El Peñón (Cundinamarca) y Caldas (Boyacá) presentan tasas alarmantes.
Entre febrero y mayo de 2025, la Defensoría documentó conductas que limitan directamente la participación juvenil en política: Desplazamiento forzado de muchachos vinculados a procesos comunitarios, desapariciones forzadas e incluso masacres de líderes juveniles. Restricciones a la movilidad en territorios controlados por actores armados es otra de las circunstancias complicadas.
“Preocupa -dice la alerta- la baja capacidad de respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a los riesgos que enfrentan los candidatos jóvenes, a pesar de existir un protocolo específico y de los llamados del Ministerio Público”.
La Defensoría está trabajando en la actualización del protocolo para incorporar enfoques diferenciales (étnico, etario, territorial) y análisis de riesgo colectivo.
Finalmente, el documento subraya la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la baja capacidad de respuesta institucional frente situaciones de riesgo y amenaza a la vida y la integridad de los jóvenes, lo mismo que la baja respuesta y adecuación institucional los frecuentes llamados del Ministerio Público que sean adoptadas medidas efectivas para que los representantes de las nuevas generaciones puedan hacer valer plenamente su derecho a elegir y ser elegidos
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