Texto escrito por: Mauricio Jiménez Ramírez
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En Colombia se está produciendo un cambio profundo en la forma en que el Estado clasifica la situación socioeconómica de los hogares. La actualización del Sisbén IV mediante el cruce de registros administrativos y el Registro Social de Hogares (RSH) busca mejorar la focalización de las ayudas públicas. Sin embargo, en la práctica, la rigidez del algoritmo está generando distorsiones que exigen una revisión urgente.
Reclasificación masiva: de la pobreza moderada al Grupo D
En el municipio de Juan de Acosta, Atlántico, esta metodología ha desencadenado una reclasificación preocupante: familias que durante años pertenecieron al Grupo B (pobreza moderada) han sido trasladadas automáticamente al Grupo D (población no pobre y no vulnerable).
El detonante de este cambio suele ser el mismo: la presencia en el hogar de un integrante con un empleo formal o un contrato de prestación de servicios que percibe un salario mínimo. Al detectar la cotización a seguridad social en la planilla PILA, el sistema asume de forma automática que la familia superó su condición de vulnerabilidad.
El desfase del algoritmo frente a la composición del hogar
Esta métrica ignora la estructura real de los hogares. Cuando un único salario mínimo sostiene a un núcleo numeroso —que incluye adultos mayores de 80 u 90 años sin pensión o dependientes económicos—, el ingreso real por persona queda muy por debajo de la línea oficial de pobreza. Sin embargo, ante el algoritmo del Estado, ese único registro laboral basta para declarar al hogar como «no pobre».
A nivel nacional, la actualización por registros administrativos ha trasladado a 563.355 hogares al Grupo D. En Juan de Acosta el impacto se siente con especial fuerza debido a la inestabilidad de los contratos de prestación de servicios. Un contrato temporal de pocos meses genera un pico de ingresos que el sistema registra, pero al finalizar el contrato, el hogar vuelve a quedar desprotegido mientras la clasificación en el Grupo D se mantiene.
El riesgo sobre las ayudas sociales y los adultos mayores
La preocupación central es el riesgo que esta reclasificación representa para la continuidad de subsidios vitales, como el programa Colombia Mayor o la atención en el régimen subsidiado de salud. Aunque el cambio de letra no implica un retiro automático inmediato, sí excluye a estas familias de la oferta social prioritaria del Estado.
No se cuestiona la necesidad de actualizar la información ni de cruzar bases de datos para evitar fraudes. Lo que se cuestiona es la incapacidad del algoritmo para entender que un contrato temporal no saca a una familia de la pobreza. Detrás de una letra que pasa de la B a la D hay realidades humanas que no cambiaron. El Gobierno Nacional, el DNP y la administración municipal deben facilitar las encuestas de verificación por discrepancia de ingresos antes de que la burocracia digital deje desprotegidos a los adultos mayores y a quienes más lo necesitan.
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