El abogado Andrés Darío Sarmiento, jefe jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, le escribió por estos días al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Moisés Mazabel, con el propósito de absolver dudas frente a un fallo que ordenó la suspensión temporal del contrato para la producción de pasaportes colombianos en Portugal.
El funcionario quiere saber en concreto si es posible personalizar y entregar las cerca de 600.000 libretas que ya están en poder de la Imprenta Nacional, mientras se surte un nuevo proceso contractual. En otras palabras, si ese stock puede ser utilizado para entregarlo a los colombianos que requieren ese documento.
La duda es importante porque la Cancillería calcula que esa cantidad de libretas es suficiente para atender las necesidades del público durante cuatro meses, si fuera necesario, mientras el gobierno no solo corrige vicios del anterior, sino emprende un nuevo proceso contractual con todas las de la ley.
Como lo anticipó Las2Orillas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de los convenios entre la Cancillería, su Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal (INCM), al advertir una planeación improvisada, cronogramas incumplidos y falta de soportes sobre seguridad, personal e infraestructura.
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La decisión, adoptada el pasado 2 de septiembre dentro de una acción popular interpuesta por el abogado Nicolás Dupont, quien dijo actuar a título enteramente personal y no en representación de ninguna empresa interesada en contratar eventualmente la producción de nuevos pasaportes.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca fijó inicialmente un plazo de 20 días hábiles a las entidades comprometidas en el proceso para entregar un informe detallado sobre el estado real del proyecto, la ubicación de las libretas y el manejo de las bases de datos sensibles. Con la consulta que ahora le formula la Cancillería ese plazo se ampliaría razonablemente.
Sin embargo, el efecto inmediato de la medida preventiva toma por el Tribunal es que se frenan despachos desde Portugal, aunque las autoridades de ese país no están convencidas de que la decisión alcance a su Casa de la Moneda porque se refiere a manejos administrativos propios del gobierno colombiano.
Aun así, la decisión del Tribunal si tiene ese efecto porque la Casa de la Moneda es parte del proceso contractual cuya suerte está en vilo.
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Incluso los portugueses fueron notificados directamente por la Imprenta Nacional de Colombia sobre la necesidad de suspender de inmediato los despachos de las libretas para pasaportes.
En la Casa de la Moneda hay incertidumbre por un posible desabastecimiento y sus representantes legales insisten en que en la parte resolutiva del auto del Tribunal no se lee que la producción y los despachos deban ser suspendidos. En su consulta ante el despacho del magistrado Moisés Mazabel el Ministerio informó que ya están en cuso todos los trámites de carácter administrativo, presupuestal, contractual, operativo, tecnológico y logístico para cumplir la orden judicial y calculó, en efecto, que ese proceso tardará alrededor de tres meses
El posible regreso de Thomas Greg & Sons ante la nueva emergencia
No es descartable que si el gobierno decide emprender un nuevo proceso de contratación pueda recibir entre las propuestas una de la firma Thomas Greg & Sons que durante varios años proveyó el documento sin reparos de orden técnico o de seguridad. La empresa fue excluida por decisión enteramente personal de Gustavo Petro durante su administración.
Uno de los principales reproches al contrato actualmente suspendido es que comprometió recursos públicos hasta el año 2036 sin contar con la obligatoria autorización previa del Consejo de Política Fiscal (Confis) y sin la declaratoria de importancia estratégica que debió quedar plasmada en un documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes).
En su trámite no fueron tenidos en cuenta los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad. Los anticipos autorizados del 50 por ciento desbordaron los límites legales que los fijan en el 21 por ciento.
En su momento, la Imprenta Nacional -actor impuesto en el proceso- reconoció que no contaba con la capacidad técnica y operativa para para ejecutar directamente el objeto del contrato. Por eso dejó en manos de la Casa de la Moneda la capacitación de sus funcionarios y la impresión transitoria de la impresión de las libretas de pasaportes.
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