En su papel de nuevo Fiscal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el abogado Rodolfo Enrique Salas Figueroa tendrá que defender los derechos de las víctimas de la violencia como no lo hizo, sus críticos, con las victimas de Salud durante su largo paso por el gobierno de Gustavo Petro.
El primero en reaccionar con molestia con su nombramiento en la Fiscalía fue el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien lo saludó con cajas destempladas en su cuenta de X: “Rodolfo Salas, tinterillo y compañero de pilatunas jurídicas de (Guillermo Alfonso) Jaramillo, cayó parado tras la salida de Petro. No coronó notaría, pero aterrizó en la JEP como fiscal de apoyo 1 con ingresos mensuales de $25,8 M”.
Entre las “pilatunas jurídicas” a las que se refiere Forero figura un episodio ocurrido en el Capitolio Nacional cuando Jaramillo, entonces ministro de Salud, fungía como ministro delegatario durante un viaje de Petro a Japón. Convencido al parecer por Salas, encargado a su vez de la secretaria general del Ministerio, Jaramillo radicó ante el Congreso un proyecto de consulta popular sobre la reforma al sistema.
Según las normas vigentes, la presentación de proyectos de ese rango constitucional, que eventualmente pueden modificar la Carta Política, corresponde exclusivamente al propio Jefe del Estado y no por un encargado transitorio de sus funciones.
Otra de esas “pilatunas” se dio el 28 de julio de 2024 en el Palacio de Justicia. Ese día la Corte citó al congresista Forero a una audiencia de conciliación con Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de salud y esposa del ministro Jaramillo, quien denunció penalmente al representante por haberla acusado públicamente de mover la nómina burocrática en favor su familia.
Aunque la audiencia era privada, la superintendente se presentó acompañada por el ministro y por Rodolfo Enrique Salas, quien quería asumir un rol como defensor, pese a su investidura como funcionario y al hecho de que la señora Gómez ya estaba asistida por el abogado Cristian Fabián Lozano Vera, contratista del Ministerio que recibía así honorarios adicionales por $15 millones.
Forero le pidió a la Procuraduría investigar por qué funcionarios públicos se presentaban en audiencias privadas y por qué Salas era la firma detrás de las decisiones más controversiales de Jaramillo. Los procesos se encuentran en fase de indagación, según fuentes del Ministerio Público.
Salas estampó también su firma en una acción de tutela con la que el gobierno Petro pretendía obligar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a revelar la historia clínica del niño Kevin Acosta, de 2 años, fallecido mientras su familia esperaba los medicamentos necesarios para tratar una enfermedad que padecía.
Otra de sus presuntas “pilatunas” lo puso en el foco del zar anticorrupción de la época, Andrés Idárraga, quien le pidió aplazar un concurso de proponentes para la provisión del sofware del ministerio, al descubrir que había un “pliego sastre”, es decir, hecho a la medida de uno de los participantes. El jurídico ignoró la advertencia y siguió adelante con la adjudicación del negocio por $20.400 millones.
Sus juegos políticos
De acuerdo con copiosas quejas presentadas ante órganos de control, el octubre de 2024 se encargó de mover obligatoriamente a funcionarios y a contratistas del Ministerio para que asistieran a la movilización "Ibagué por la dignidad" convocada por Gustavo Petro.
Varios de los afectados dijeron que Salas los amenazó con quitarles sus contratos si no viajaban a Ibagué pagándose los gastos de su bolsillo. Otros aseguraron que les fue prohibido el uso de celulares para evitar que quedaran videos o registros fotográficos.
La relación política de Guillermo Alfonso Jaramillo y Rodolfo Enrique Salas Figueroa les generó reparos a ambos desde los años en que aquel se desempeñó como alcalde Ibagué.
Según denuncias de la época, durante el periodo 2016-2019 Salas firmó al menos cuatro contratos por más de $240 millones con la Alcaldía e institutos municipales, varios con ejecución simultánea. Uno de ellos correspondía a un contrato por doce meses para la malla vial y al mismo tiempo otro con el Instituto de Deporte para representación jurídica en escenarios deportivos.
Cuando iba a terminar el mandato el ministro de Salud quiso dejar asegurado a su pupilo y movió influencias hasta conseguir que quedara firmado un decreto como Notario Cuarto del Círculo de Ibagué. El nuevo gobierno frustró esa aspiración.
Sin embargo, la Fiscalía lo recogió antes de que quedara en el asfalto y lo designó como delegado suyo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los cuestionamientos en su contra poco o nada parecen contar.
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