Durante la reciente cumbre de gobernadores en Mompox, el presidente Abelardo de La Espriella descartó el regreso de Colombia a un régimen federal, pero dijo algo que les quedó sonando a los mandatarios: "En la Patria Milagro, el vínculo entre Nación y departamentos dejará de ser de dependencia y se convertirá en vínculo de cooperación total y absoluta. No significa crear 32 pequeñas repúblicas, sino construir 32 departamentos fuertes dentro de una sola gran república".
Su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quedó a cargo de la misión de darle forma concreta al anuncio y de hacer que las palabras descentralización y autonomía sigan siendo expresiones vacías dentro de los discursos de campaña.
Guiado por la consigna de que su jefe quiere las cosas para ya, Lara revela que ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley denominado de “experimentación territorial” que podría ser el punto de partida del achicamiento del Estado central para trasladar a las regiones algunas de sus competencias más demandantes en medio de la crisis fiscal.
El proyecta será presentado primero que la Ley de Competencias que quedó pendiente y que ha empujado el ex ministro del interior Juan Fernando Cristo que, según el nuevo gobierno, la administración Petro dejó manga por hombre. El revolcón regional que se avecina promete ser grande porque el ministro del Interior le apuesta a que las transferencias hechas por la Nación a las entidades territoriales, de acuerdo con el Sistema General de Participaciones suban del 23 al 39,5 por ciento, mucho antes de los doce años contemplados en una reforma constitucional. Al final de año está previsto que el monto de esas transferencias llegue a los 90 mil millones.
Las2Orillas conoció que hay dos bloques de competencias que la Nación les entregará en breve a los departamentos. Del primero hacen parte la conducción del sistema de gestión del riesgo de desastres y la dirección de la salud pública en el plan de atención básica. También, la distribución de las plantas docentes y la evaluación de los directivos de las instituciones educativas, lo mismo que la operación de los planes departamentales de agua.
“Hay una segunda lista -explica Lara- de la que ningún proyecto anterior se atrevió a hablar: competencias que hoy están en Bogotá y que vamos a poner a prueba en cabeza de los departamentos. Ahí están los programas para la formación para el trabajo, de modo que la oferta técnica la decida el departamento según vocación productiva y no un catálogo nacional”.
La construcción de las vías terciarias, la ejecución de proyectos de conectividad rural, la atención a primera infancia y servicio público de empleo y turismo se sumarían al paquete de tareas descentralizadas.
“Vamos a crear pilotos. Todo piloto tiene plazo máximo y, al vencerse, el Congreso decide si generaliza, ajusta o abandona. No hay pilotos perpetuos ni departamentos de segunda, lo que un departamento abre lo abre para los demás”, explica.
¿Y de dónde sale la plata?
Previa consulta con Hacienda, el ministro se anticipa a la pregunta sobre la dotación de los recursos que requiere una reconfiguración del mapa administrativo de ese tamaño. “Cada una de esas competencias sale de Bogotá con su presupuesto, gasto que la Nación deja de ejecutar, no gasto nuevo. Por eso vamos a reformar la administración nacional para que la Nación se achique donde le sobra y el departamento crezca donde le corresponde”.
Aún no hay previsiones conocidas sobre las entidades nacionales que deberán desaparecer y de los despachos que tendrán que cerrar. Tampoco sobre el alcance de posibles recortes de personal, uno de los temas más críticos de la reforma en ciernes.
Hay más. El proyecto busca dar aplicación al Artículo 150 de la Constitución para que el Congreso pueda delegar en las asambleas departamentales la facultad de adaptar en sus territorios las leyes nacionales que hoy les impiden ejercer las competencias que reciben.
Para disponer de mayores recursos, De la Espriella le pidió a su equipo liderar una reforma profunda al Sistema General de Regalías para financiar grandes proyectos de impacto regional en energía, transporte, agua potable, saneamiento, vivienda y agricultura.
La instrucción incluye generar proyectos tipo y un banco de iniciativas previamente estructuradas para que los procedimientos sean simples. Planeación Nacional trabajará con los gobernadores y además de los órganos de control serán creados mecanismos de vigilancia para seguir la trazabilidad de los recursos públicos destinados, con el compromiso de que no habrá más elefantes blancos.
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