Las hermanas Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegaín llegaron hace 4 años, en 2022, a un tribunal federal de Miami buscando que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en Colombia a 30 años y luego absuelto por la Corte Suprema de Justicia, sea declarado culpable en Estados Unidos, por la muerte de su papá, el magistrado Carlos Urán, ocurrida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
El próximo 8 de septiembre de 2026, casi cuarenta y un años después de aquellos 6 y 7 de noviembre, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega deberá comparecer ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas. Es una demanda civil, presentada bajo una ley estadounidense pensada para perseguir a torturadores que viven fuera del alcance de la justicia de sus países, y que llega después de que las tres hermanas agotaran, sin resultado, cada camino disponible en Colombia.
Una retoma sangrienta con trágicas consecuencias
La tragedia para las hermanas Urán empezó en el corazón del centro de Bogotá cuando una cuadrilla del M-19 se tomó a la fuerza el Palacio de Justicia, y retuvo adentro a magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados judiciales y algunos visitantes. El Ejército respondió con tanques, armas largas y una operación que terminó por destruir buena parte del edificio. Durante las más de veintiséis horas de fuego cruzado y asalto militar dejaron un centenar de muertos —magistrados, guerrilleros, civiles— y un número similar de heridos. El Palacio quedó reducido a ladrillos calcinados. Durante años, la explicación oficial se limitó a describir la tragedia como el resultado inevitable de ese enfrentamiento.
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El magistrado Carlos Urán fue contado entre las víctimas. El papel oficial que certificaba su muerte decía que había fallecido dentro del edificio a causa de una bala perdida durante el combate. Su familia recibió esa versión del gobierno de Belisario Betancur y la sostuvo durante más de dos décadas.
Todo cambió cuando Helena Urán, que vivía en Hamburgo, vio un video grabado el día de la retoma por el camarógrafo de un noticiero: en las imágenes, su padre caminaba con vida fuera del Palacio, herido en una pierna, auxiliado por dos hombres de overol naranja que lo llevaban en camilla hasta la Casa del Florero, el punto donde el Ejército concentraba a los rehenes liberados. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida, a las 2:19 de la tarde. Cuarenta y un minutos después, según su certificado de defunción, ya estaba muerto dentro del Palacio, con un disparo en la cabeza hecho a corta distancia.
La reconstrucción que hicieron años más tarde la Comisión de la Verdad y la organización Forensic Architecture, a partir de video, fotografías y documentos oficiales, plantea dos rutas posibles entre ese último registro y el hallazgo del cuerpo: que Urán fue llevado al interior de la Casa del Florero, o que lo montaron en una ambulancia estacionada al frente y desde allí lo devolvieron al Palacio sin que nadie lo advirtiera. Cualquiera de las dos explica algo que el Estado colombiano tardó décadas en reconocer: que Urán salió vivo, bajo custodia militar, y que su nombre no apareció en la lista de rehenes rescatados. En cambio, fue agregado a mano, el 7 de noviembre de 1985, a una lista distinta, la de los muertos.
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Esa reconstrucción coincide con lo que investigaciones judiciales nacionales e internacionales han documentado sobre otras once personas que salieron caminando del Palacio: fueron conducidas a la Casa del Florero, interrogadas y torturadas allí, y varias terminaron desaparecidas o ejecutadas en guarniciones militares. Urán habría corrido esa misma suerte, según la demanda de sus hijas, luego de que los militares lo identificaran como un objetivo de interés antes de torturarlo y matarlo.
En Colombia, nada de esto se tradujo en condenas para Plazas Vega. Vinculado durante años a un proceso penal por la desaparición forzada de otras once personas del Palacio —entre ellas el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y la guerrillera Irma Franco—, el coronel retirado fue condenado en primera y segunda instancia y absuelto en 2015 por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que no había pruebas suficientes para vincularlo con esas desapariciones puntuales.
La sentencia no examinó a fondo el caso de Urán. Un año antes, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado al Estado colombiano responsable de las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la retoma, incluida la muerte de Urán, pero esa decisión no derivó en sanciones para ningún responsable individual. La investigación penal en Colombia permanece estancada desde 2007, el mismo año en que la familia se enteró de que agentes de inteligencia militar habían guardado bajo llave, sin avisarles, las pertenencias del magistrado en instalaciones de la Décima Tercera Brigada.
Fue ese muro el que llevó a las hermanas Urán a buscar justicia fuera de Colombia. Plazas Vega reside desde hace años en Weston, Florida, y esa residencia abrió la puerta para que sus hijas presentaran, el 15 de febrero de 2022, una demanda civil bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, un estatuto federal que permite juzgar en cortes de Estados Unidos a responsables de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas en el exterior, siempre que residan en el país.
Las organizaciones de peso que escucharon a las hermanas Urán
Las hermanas llegaron acompañadas por dos organizaciones con trayectoria en litigios de derechos humanos: el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, dirigido por la abogada Carmen Cheung Ka-Man, que ha llevado ante tribunales estadounidenses casos como el del asesinato del músico chileno Víctor Jara, y el bufete Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati, que asumió la representación pro bono a través del socio Luke Liss, mientras Daniel McLaughlin, abogado principal de CJA, quedó al frente de la estrategia judicial.
Plazas Vega intentó frenar el proceso desde el comienzo. El 12 de mayo de 2022 pidió que la demanda fuera desestimada, alegando que la familia no había agotado los recursos judiciales disponibles en Colombia. El tribunal rechazó esa petición el 14 de marzo de 2023 y dejó que el caso siguiera su curso. La defensa insistió con el mismo argumento y, el 18 de junio de 2024, la corte volvió a fallar en contra: determinó que los demandantes sí habían agotado los recursos locales razonablemente disponibles y que el proceso debía avanzar hacia un juicio de fondo.
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Lo que las hermanas Urán buscan no es probar quién apretó el gatillo. La demanda se apoya en la figura de la responsabilidad de mando, según la cual un oficial puede responder por crímenes cometidos por tropas bajo su autoridad aunque no los haya ejecutado personalmente, si tenía poder sobre quienes los cometieron, sabía lo que ocurría y no hizo nada para impedirlo ni para investigarlo después. Según la demanda, Plazas Vega, como comandante de la operación para forzar las puertas del Palacio y dirigir las tropas de la Escuela de Caballería una vez adentro, tenía autoridad sobre el personal militar involucrado en la tortura y muerte de Urán, y coordinaba además con otras unidades, incluidas las de la Escuela de Artillería, que también participaron en la retoma.
Para sustentar esa tesis, las hermanas presentarán en el juicio a veintiún testigos, entre ellos Orlando Arrechea Ocoró, quien trabajaba en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema, fue retenido por el M-19 durante la toma y luego, según el expediente, torturado por militares durante la retoma, y los periodistas Julia Navarrete y Rodrigo Barrera, que vieron salir con vida al magistrado. Plazas Vega, por su parte, llevará trece testigos, entre ellos el magistrado auxiliar José Gabriel Salom, quien sobrevivió herido a los hechos de 1985. Durante diez días, ese conjunto de pruebas y testimonios quedará en manos de un jurado que deberá decidir si Plazas Vega es responsable de lo ocurrido con Carlos Urán.
Treinta y siete años después de la toma del Palacio de Justicia, con la investigación colombiana detenida desde 2007 y sin un solo responsable sancionado por la muerte de su padre, las hermanas Urán estarán el 8 de septiembre frente a un jurado dispuesto a escucharlas, algo que ningún tribunal en Colombia les ofreció.
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