En los últimos días dos episodios, aparentemente distintos, me han dejado pensando en una expresión que hoy poco se escucha y se practica: valor civil.
El primero fue el frustrado nombramiento de Carlos Sepúlveda como director del Departamento Nacional de Planeación. Postulado por el Vicepresidente, había sido decano de la U. del Rosario cuando Restrepo era rector. Economista meritorio, con amplia experiencia en el DNP en varios gobiernos (Santos, Duque, Petro).
Sectores cristianos conservadores cercanos al Gobierno habrían objetado su designación, entre otras razones, por tener una pareja del mismo sexo. Y un niño adoptado.
No sabemos hasta dónde pesó ese factor en la decisión final. Alarmante.
Colombia es una sociedad diversa. Hay familias conformadas de distintas maneras y esta, la homoparental, ha sido reconocida por nuestra Corte Constitucional. Defender tal diversidad no es una postura de izquierda. Es un principio democrático.
Para ocupar un cargo público deberían importar la preparación, la experiencia, la honestidad y la capacidad para ejercerlo. No la orientación sexual ni la composición de la familia.
El segundo episodio fue también lamentable.
La Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) escogió como presidenta, después de un proceso adelantado por un caza-talentos, a Carolina Soto, una economista con una trayectoria profesional difícil de cuestionar. Había sido codirectora del Banco de la República y ocupado importantes responsabilidades en los sectores público y privado.
Desde el Gobierno se manifestó inconformidad con su elección por su falta de cercanía con el Ejecutivo y, entre los argumentos esgrimidos, por ser esposa de Alejandro Gaviria, a quien desde el Gobierno calificaron, curiosamente, de petrista. Horas después la Junta volvió a reunirse. El saldo: la Junta revirtió su decisión después de la presión del Gobierno y Soto declinó su designación.
Mal ejemplo dado por la junta de la CCI. Los líderes de las agremiaciones deben ser elegidos por sus miembros. El gobierno nacional no tiene por qué “autorizar” a quién se elige.
La cooperación entre los empresarios y el gobierno es indispensable, particularmente en el ámbito de la infraestructura. Pero nunca desde la perspectiva de la subordinación.
Postura que contrasta con la de la Federación Nacional de Cafeteros hace algunos años cuando el presidente Petro amenazó con desvincularla de la gestión del Fondo Nacional del Café. Los cafeteros se plantaron. Ejemplo de independencia.
Estos dos episodios me llevaron a pensar en el valor civil. No como base para actos heroicos ni de confrontación. Lo entiendo como la disposición a conservar el criterio propio, defender aquello en lo que creemos y cumplir con nuestro deber aunque hacerlo pueda resultar incómodo.
Nuestra historia ofrece ejemplos memorables.
En 1970, el procurador Mario Aramburo consideró que el presidente Carlos Lleras Restrepo había intervenido indebidamente en la campaña electoral y lo amonestó. Y lo multó. Aramburo había llegado al cargo después de integrar una terna presentada por el propio Lleras. Puso su renuncia sobre la mesa. Y ocurrió algo igualmente admirable: Lleras no se la aceptó y reconoció el deber del Procurador de ejercer su función de control.
Valor civil de lado y lado.
En circunstancias infinitamente más dramáticas, Guillermo Cano se negó a silenciar desde El Espectador sus denuncias contra Pablo Escobar y el narcotráfico. Sabía que estaba amenazado y no calló. Fue asesinado en diciembre de 1986. El periódico tampoco se silenció. Tres años después, el cartel de Medellín dinamitó su sede. Al día siguiente volvió a circular: “¡Seguimos adelante!”.
Y este año tuvimos otro ejemplo, de naturaleza completamente diferente, que no ha sido reconocido de manera suficiente. Ante los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales, el registrador Hernán Penagos defendió públicamente el proceso y sus resultados. Pensemos por un momento en el daño que habría podido producir que la máxima autoridad responsable de organizar las elecciones hubiera titubeado.
A Penagos hay que reconocerle su valor civil.
No pretendo comparar situaciones tan diferentes como las mencionadas. Mucho menos exigir actos heroicos a quienes enfrentan desacuerdos ordinarios.
El valor civil cotidiano es mucho más sencillo.
Para una junta de un gremio empresarial puede consistir en reconocer el talento y tener la autonomía para sostener sus propias decisiones. Para un ciudadano, en reclamar cuando alguien es discriminado por ser diferente. Para un funcionario, en cumplir con su deber aunque incomode al gobernante. Para cualquiera de nosotros, en expresar respetuosamente lo que pensamos sin acomodarlo a quien tenga el poder.
No es un asunto de derecha o de izquierda.
Los principios que cambian dependiendo de quién ocupa la Casa de Nariño dejan de ser principios.
Una democracia necesita instituciones fuertes. También ciudadanos con criterio propio.
Poder decir sí sin adular. Y poder decir no sin miedo.
A eso podríamos volver a llamarlo valor civil.
También le puede interesar:
Anuncios.
