“Oro que entra, efectivo que sale: las alertas sobre una cadena sin trazabilidad”. Ese es el sugestivo título de uno de los capítulos del Libro de la Verdad, en el que el equipo de empalme del presidente Abelardo De la Espriella sugiere que en la era de Gustavo Petro una empresa comercializadora del metal precioso intervenida por el Estado se prestó para lavar activos de grupos criminales.
En su página 75 el documento menciona a la Comercializadora Internacional Meprecol S.A.S., administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en representación del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
La empresa fue intervenida en desarrollo de un proceso de extinción de dominio, y según los resultados de una auditoría especial, venía registrando operaciones de retiros en efectivo después de efectuar los desembolsos para la compra del mineral.
Crédito: MinAmbiente
Durante esas operaciones, sin mayor trazabilidad, quedó huella de transferencias de recursos relacionados con una cooperativa que posteriormente fue objeto de medidas de extinción de dominio por posibles nexos con organizaciones al margen de la ley.
La denuncia penal respectiva fue presentada ante la Fiscalía por el Equipo de Empalme que reeditó, tras una largas verificación, denuncias que ya habían sido recogidas por algunos medios de comunicación en el tono de un escándalo mayor.
La primera piedra de ese escándalo fue lanzada por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer y contratista de la misma SAE. Díaz aseguró que Meprecol, destinado a quedar en poder del Ministerio de Minas y Energía, obedecía los mandatos de una red creada para la compra, legalización y comercialización de origen ilícito acopiado por las guerrillas y otras organizaciones terroristas.
El denunciante habló de “personas naturales, cooperativas, comercializadoras de oro e intermediarios (encargados de) dar apariencia de legalidad a oro sin trazabilidad mediante el uso de facturación, recursos mineros y operaciones de exportación”.
La denuncia, todavía en proceso de evaluación por parte de la justicia penal, adjudicó presuntas responsabilidades al entonces ministro de Minas y Energía Edwin Palma, a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, y a María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de Seguimiento de la Agencia Nacional Minera.
Ya Meprecol se había visto envuelta, en abril y mayo de 2016, en problemas con la DIAN por entablar operaciones de compra de oro sin respaldo económico real o con proveedores ficticios por tratarse de personas ya fallecidas.
Después de la intervención la SAE continuó con las operaciones porque, según explican sus funcionarios, porque es su deber mantener activa y productiva la empresa Comercializadora. Lo malo es que las autorías advierten que no hay trazabilidad legal del negocio.
De la cadena de custodia de las pruebas hacen parte conversaciones grabadas, comunicaciones vía chat y documentos que registrarían acuerdos de intermediación, exigencias económicas non santas y pagos indebidos.
Hasta ahora no ha habido imputación alguna de la Fiscalía contra Palma y lo único que obra en su contra el testimonio de un contratista de la SAE que llama la atención sobre la posible ilegalidad de transferencias por 5.600 millones, advertidas incluso por la revisoría fiscal.
La operación por esa suma estuvo representada en un anticipo a la cooperativa Serintegroup para la compra de metales de exportación. Los fondos terminaron en poder de la empresa Spectre Consulting SAS que tendría dentro de la red un papel de infraestructura de pagos.
El Frisco es una cuenta especial administrada por la SAE y el patrimonio a su cargo y está compuesto por casas, fincas, oro, dinero y otros bienes relacionados con casos de corrupción administrativa, narcotráfico, secuestro, minería ilegal y otras actividades ilícitas.
El problema de que se enquisten los malos manejos en el Frisco y la SAE es que se ven gravemente afectados sus objetivos legales de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, del desarrollo rural y la atención y reparación de víctimas de la delincuencia.
Cuando hay denuncias sobre falta de trazabilidad la responsabilidad política recae en hombros de SAE y después de declarada la extinción del dominio, queda en cabeza del gobierno representado por el Ministerio de Minas y Energía.
La suerte del proceso depende ahora de la celeridad con la que lo aborde la Fiscalía general de la Nación.
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