Los cambios de gobierno no siempre representan una simple alternancia del poder; en determinados momentos históricos expresan transformaciones y/o disputas mucho más profundas, cambios en la cultura política, en los valores compartidos y en la manera como una sociedad entiende la autoridad, la democracia y la vida en común. Colombia parece encontrarse en uno de esos complejos momentos.
Durante décadas, la democracia colombiana ha acumulado déficits de legitimidad; la desigualdad persistente, la captura de instituciones por intereses particulares, la corrupción, la violencia y el incumplimiento de múltiples promesas de bienestar erosionaron la confianza ciudadana. La promesa de progreso ha dejado de ser una experiencia compartida y ha pasado a convertirse, para amplios sectores sociales, en un discurso incapaz de responder a las incertidumbres del presente.
En ciertos casos cuando una democracia pierde legitimidad, no solo se debilitan los gobiernos, también se alteran las condiciones culturales que sostienen la convivencia. El desencanto colectivo puede convertirse en el terreno propicio para el ascenso de proyectos que ofrecen restaurar el orden mediante la concentración del poder, la simplificación de los conflictos sociales, la construcción permanente de enemigos y la subordinación de los contrapesos institucionales.
Ese es el contexto en el que debe leerse la posesión del nuevo gobierno; más que una diferencia entre izquierdas y derechas, lo que está en discusión es la naturaleza del proyecto político que comienza. Diversas decisiones iniciales, los perfiles anunciados para integrar el gabinete y las prioridades expresadas en los primeros mensajes públicos, al tratamiento a los adversarios políticos, permiten advertir una orientación que privilegia la concentración de poder político, económico, militar y religioso alrededor de una visión unilateral del Estado.
Esa configuración recuerda rasgos propios del corporativismo contemporáneo: una forma de organización política en la que determinados sectores empresariales, gremiales, militares o confesionales adquieren una influencia privilegiada sobre las decisiones públicas, desplazando progresivamente el principio del interés general y reduciendo el pluralismo que caracteriza a una democracia constitucional.
A ello se suma una tendencia preocupante hacia el cuestionamiento de derechos que durante décadas fueron incorporados al orden constitucional mediante luchas sociales, decisiones judiciales y desarrollos democráticos. La igualdad, la diversidad, la autonomía personal, la protección ambiental, la paz y diversos derechos colectivos comienzan a ser presentados como obstáculos para el desarrollo, privilegios indebidos o expresiones de una supuesta decadencia moral que debería ser corregida desde el poder.
No se trata únicamente de un cambio programático; lo que empieza a configurarse es una tentativa contra el sentido mismo de la democracia. El liderazgo carismático sustituye progresivamente la deliberación, la confrontación reemplaza la construcción de acuerdos, el adversario político deja de ser un contradictor legítimo para convertirse en un enemigo moral y la fuerza simbólica del poder adquiere mayor valor que la fortaleza de las instituciones.
Estos fenómenos no son exclusivos de Colombia; en distintos lugares del mundo han emergido proyectos políticos que combinan nacionalismo, conservadurismo moral, desregulación económica, debilitamiento de controles institucionales, negacionismo frente a consensos científicos y ambientales, y una intensa utilización de las plataformas digitales para producir indignación, polarización y movilización emocional. Las elecciones continúan existiendo, pero la cultura democrática comienza a deteriorarse desde su interior.
Precisamente por ello, el desafío colombiano no consiste únicamente en preservar procedimientos electorales; consiste en defender las condiciones sustantivas que hacen posible la vida democrática, la independencia de las instituciones, la protección de los derechos fundamentales, el respeto por la diversidad, la autonomía de la justicia, la producción de conocimiento científico, el cuidado de los bienes comunes y la posibilidad de tramitar los conflictos sin convertir al adversario en un enemigo absoluto.
La historia demuestra que los procesos autoritarios rara vez se presentan anunciando el fin de la democracia; con frecuencia llegan invocando su defensa, prometiendo orden, eficiencia, seguridad o recuperación nacional. Es precisamente esa capacidad de presentarse como una solución frente al agotamiento del orden existente la que los convierte en fenómenos políticamente eficaces y socialmente riesgosos.
El gobierno que inicia el 7 de agosto de 2026 debe analizarse desde esa perspectiva histórica; no como un episodio más de la competencia electoral, sino como una expresión de una crisis más profunda de la democracia colombiana y como un posible punto de inflexión en la forma de ejercer el poder, que involucra diversas esferas de la vida compartida.
La responsabilidad de la ciudadanía no consiste en normalizar esa transformación ni en reducirla a una disputa partidista o ideológica; consiste en observar con rigor, ejercer control democrático, defender el orden constitucional y mantener viva una convicción fundamental: ninguna promesa de orden, prosperidad o seguridad justifica el debilitamiento de las libertades, de los derechos ni de las instituciones que sostienen la convivencia democrática.
Es bueno recordar que la historia no absuelve a las sociedades que dejan de reconocer a tiempo las señales del autoritarismo.
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