Gustavo Petro llegó a la Presidencia con una de las promesas ambientales más ambiciosas de la historia reciente de Colombia: convertir al país en una potencia mundial de la vida y liderar la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, a pocos días de terminar su mandato, una parte importante de los recursos destinados precisamente a enfrentar esa crisis termina rodeada por escándalos de corrupción.
No se trata de un episodio aislado. La historia parece repetirse: los recursos públicos destinados a proteger a las comunidades más vulnerables frente a inundaciones, sequías y otros fenómenos extremos terminan convertidos en oportunidades para el clientelismo, la desviación de recursos y la contratación direccionada.
De la lucha contra el cambio climático a la corrupción con los desastres naturales
Existe una diferencia fundamental entre reducir el riesgo y administrar el desastre.
Reducir el riesgo significa planear, prevenir, coordinar obras de mitigación y ejecutar inversiones oportunas para evitar que las tragedias ocurran o, al menos, disminuir sus impactos sobre las comunidades.
Administrar el desastre es otra cosa. Significa esperar a que llegue la emergencia para movilizar enormes recursos públicos mediante regímenes excepcionales que permiten contratación directa, sin licitaciones y con menores controles. Es precisamente allí, en esa oscuridad, donde históricamente se han fermentado algunos de los mayores casos de corrupción del país.
El Gobierno Petro, que en el discurso se presentó como referente ambiental, terminó privilegiando esa segunda lógica.
El caso más reciente resulta ilustrativo. El Gobierno a escasos días de concluir su mandato, intentó trasladar 1,2 billones de pesos destinados a los damnificados de La Mojana hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, administrado por la misma entidad golpeada por el escándalo, la UNGRD. Esos recursos que ya tenían destinación específica pretendían desviarse a la entidad que permite contratos a dedo y de urgencia.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese decreto al advertir serios cuestionamientos sobre su fundamento jurídico y la competencia para efectuar ese traslado presupuestal.
Cuando la corrupción también agrava el cambio climático
Lo ocurrido con La Mojana no constituye un hecho aislado.
Los 48.000 millones de pesos destinados a los carrotanques para llevar agua a La Guajira terminaron convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, dentro de una red que, según las investigaciones, comprometería recursos por más de un billón de pesos relacionados con la gestión del riesgo.
Y todo sin olvidar las continuas declaratorias de emergencias, que fueron el escenario perfecto para trasladar recursos y hasta crear impuestos sin pasar por el congreso.
A ello se suman las denuncias sobre millonarios contratos alrededor de la transición energética, entregados al clan torres, cuya financiación a la campaña de Gustavo Petro fue retribuída generosamente con millonarios contratos de paruqe solares y otras acciones clave de la transición energética, como lo documentó La Silla Vacía.
La paradoja es evidente. Mientras Colombia pretendía proyectarse como líder mundial en materia ambiental, los recursos destinados a proteger a la población frente al cambio climático terminaron cuestionados por presuntos actos de corrupción.
Y esa quizá sea la mayor contradicción de este Gobierno.
Porque la lucha contra el cambio climático no se mide por los discursos pronunciados en escenarios internacionales ni por las promesas de campaña. Se mide por la capacidad de ejecutar con transparencia los recursos destinados a proteger vidas, reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de las comunidades y del ambiente.
Cuando esos recursos terminan rodeados de corrupción, los grandes perdedores no son los gobiernos de turno en su imagen. Son las familias que continúan enfrentando inundaciones, sequías y desastres naturales sin la protección que el Estado les prometió.
Una política ambiental pierde toda legitimidad cuando el dinero destinado a proteger a las personas y al ambiente termina alimentando la corrupción. Ese puede ser, al final, uno de los legados más dolorosos del gobierno que prometió convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.
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