Desde hace más de 30 años, Santa Marta tomó conciencia de la necesidad de abordar seriamente cómo afrontar la problemática del agua. Hace muchos años existió una propuesta de un ministro de Obras Públicas con un doble propósito: construir microembalses que sirvieran tanto para el almacenamiento del recurso hídrico como para la generación de energía. Sin embargo, esta iniciativa no fue viable por diversos factores. Entre ellos, el impacto ambiental de estos embalses, ya que los estudios advertían que las represas en la región podrían generar gases de efecto invernadero y afectar ecosistemas críticos como el bosque seco tropical.
Adicionalmente, debía considerarse la protección de las denominadas “Estrellas Hídricas”. Cualquier infraestructura en la Sierra Nevada debe respetar la “Línea Negra” y los sitios sagrados de los cuatro pueblos indígenas, quienes consideran el agua un elemento espiritual central.
Tampoco existieron estudios técnicos suficientes que garantizaran la conservación de caudales mínimos y ecológicos. A lo largo del tiempo, se han presentado múltiples propuestas orientadas al problema fundamental: la fuente de donde se obtendría el recurso hídrico para satisfacer las necesidades de la población y su área de influencia.
Hace un poco más de 15 años, con el apoyo técnico y económico de Metroagua, se contrató a la Universidad de los Andes para asesorar la solución al problema del agua del Distrito de Santa Marta. Como resultado de esta asesoría, luego de revisar y evaluar las diferentes propuestas formuladas por expertos, universidades y diversas instituciones, se concluyó que una alternativa viable para resolver el problema era traer el agua del río Magdalena.
Esta propuesta tuvo opositores debido a las condiciones de calidad del agua del río Magdalena, que sin duda presenta altos niveles de contaminación biológica y química, siendo considerado de alguna manera la gran cloaca del país. Entre los opositores se encontraba la Procuraduría Ambiental del Magdalena. Sin embargo, este río es también la fuente de obtención y suministro de agua del área metropolitana de Barranquilla, donde se logra una excelente calidad para el consumo humano.
Otro factor de gran relevancia es la distancia, estimada entre 65 y 70 kilómetros, hasta una planta ubicada en el río Córdoba, desde donde el agua se integraría al sistema de acueducto del Distrito. A esto se suma un agravante: el sistema de conducción atravesaría los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo y Ciénaga, los cuales también presentan dificultades de suministro de agua para sus comunidades y difícilmente permitirían el paso del recurso por su territorio sin resolver primero su propia problemática.
Para intentar obviar este inconveniente, se propuso traer el agua mediante una conducción submarina, alternativa que también presentaría dificultades técnicas y requeriría subestaciones de bombeo. No obstante, se argumentaba que estos costos se justificarían, ya fuera para transportar agua potable tratada o para traer agua sin tratamiento y ubicar una planta cercana al sur del Distrito, desde donde se incorporaría posteriormente al sistema de distribución.
El siguiente hito dentro de esta larga historia de frustraciones samarias fue el engaño electoral, en el que se prometió a la comunidad la tan anhelada solución a este sensible problema. Mientras tanto, la ciudad, con grandes dificultades, lograba resolver parcialmente los inconvenientes de suministro mediante una distribución barrial lo más equitativa posible, dentro de severas limitaciones económicas.
La administración de ese momento dio por terminada la concesión de la empresa, de la cual era uno de sus principales socios. Contrario a lo prometido, se otorgó posteriormente otra concesión por un corto plazo y, más adelante, se creó una nueva empresa controlada con fines políticos, electorales y económicos, que desde su inicio se convirtió en un modelo de corrupción y desgreño administrativo, ofreciendo un pésimo servicio. Se prometió una solución basada en pozos que no funcionaron. Adicionalmente, se produjo una proliferación descontrolada de pozos, lo que empeoró las condiciones del acuífero debido a su sobreexplotación.
Este fenómeno incontrolado tiene un agravante adicional: la proximidad a la costa. La sobreexplotación del acuífero, sumada a la ausencia de un sistema de encauzamiento de escorrentías para su recarga, ha provocado que la cuña marina —es decir, la presión del mar Caribe— esté salinizando el acuífero. Esta salinización ya supera la zona del Polideportivo. Por lo tanto, si no se adoptan correctivos a la sobreexplotación y no se implementan sistemas o reservorios de recarga en el corto plazo, se perderá esta fuente de agua.
Debe tenerse en cuenta que el crecimiento de la ciudad, la urbanización descontrolada y la pavimentación generalizada han reducido significativamente la forma natural de alimentación del acuífero, que es la infiltración. Una evidencia clara de este grave error es la invasión desordenada de barrios alrededor del campus de la Universidad del Magdalena, así como las urbanizaciones desarrolladas en Santa Helena, que eran zonas reservadas por el Ministerio de Ambiente para la infiltración del acuífero. Lo mismo ocurrió con el Parque del Agua, que cumplía esta función, pero cuya superficie fue cubierta con un material impermeable para mantener su atractivo estético.
Este desastre ha generado que zonas antes destinadas a la infiltración se hayan convertido en áreas de escorrentía, produciendo problemas como inundaciones y arroyos en barrios y calles de la ciudad.
Posteriormente, y previo a otra jornada electoral, se presentó nuevamente lo que se vendió como “la solución definitiva” al problema del agua. La propuesta consistía en traer el recurso desde los ríos del norte. Para ello, la empresa CENIT, filial de Ecopetrol, entregó recursos destinados a realizar los estudios que dieran viabilidad a esta iniciativa.
Tantas improvisaciones, engaños y ausencia de rigor técnico evidencian que el primer paso necesario es la construcción de un Plan Maestro de Agua y Alcantarillado, el cual debe conciliarse obligatoriamente con el nuevo POT del Distrito, que no solo debe contemplar el componente urbano, sino también el rural.
Surge entonces la primera de varias inquietudes frente a este proyecto: la propuesta se formuló de manera aislada, sin coherencia con un Plan Maestro de Agua ni con un POT actualizado. Se propuso la intervención de la planta de El Curval. Cabe preguntarse: ¿es esta una solución definitiva o solo parcial? ¿Qué porcentaje de la población se beneficiaría con este proyecto? Teniendo en cuenta que su ubicación afecta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿se realizaron las consultas previas con las comunidades indígenas de la Sierra? ¿Se consultó a otras comunidades, como colonos, campesinos y comerciantes de la zona? ¿Qué relación tiene el trazado del proyecto con la “Línea Negra”? No hubo socialización ni consultas con la población del área de influencia.
El proyecto tiene como fuente principal la captación de agua de los ríos que descienden de la Sierra. ¿Se realizaron los estudios necesarios para evaluar el caudal ecológico en las distintas épocas climáticas, tanto en periodos secos como de lluvias?
Otro aspecto clave es que el trazado se planteó de manera paralela a la carretera. Dado que existen numerosas viviendas y negocios a la orilla de la vía, surge la pregunta de si se realizó el estudio, censo y presupuesto necesarios para la gestión predial.
El déficit de agua y alcantarillado no es un problema exclusivo del casco urbano del Distrito; también afecta a las veredas y corregimientos ubicados en el trayecto del proyecto. Resulta utópico pretender pasar la tubería por este trazado sin ofrecer soluciones a estas comunidades, pues de lo contrario el sistema estaría expuesto a afectaciones permanentes por conexiones ilegales.
Este proyecto enfrenta un gran reto técnico: superar la pendiente de Cuesta Rodríguez, que alcanza una altura aproximada de 400 metros. Para ello se requiere una impulsión mínima de dos subestaciones. Si actualmente la empresa operadora consume aproximadamente 1 mega para la distribución del agua, se estima que este proyecto requeriría entre 25 y 30 megas para la impulsión de las dos plantas. ¿Se realizó el estudio tarifario correspondiente y se evaluó el impacto de este costo adicional en la factura de los hogares y de los sectores productivos?
En la Sierra Nevada de Santa Marta existen cultivos lícitos e ilícitos que vierten químicos, fertilizantes y residuos a los ríos, los cuales estarían presentes en la bocatoma. ¿Tiene la planta de tratamiento de El Curval la capacidad suficiente para tratar el agua desde el punto de vista biológico, químico y de residuos? Finalmente, la ubicación del proyecto afecta zonas ambientalmente sensibles y áreas de parques naturales. ¿Cuenta con licencia ambiental expedida por las autoridades competentes?
La comunidad samaria lleva muchos años escuchando propuestas y estudios presentados como la gran solución a esta problemática. Sin duda, cada uno ha tenido componentes válidos, pero la conclusión es clara: no existe una única solución. La respuesta debe ser multimodal, incluyendo el proyecto de El Curval, pero sin olvidar que el problema no se limita al suministro de agua. ¿Qué ocurre con los demás componentes del sistema? ¿Existe un catastro de redes actualizado? ¿Tiene el sistema actual la capacidad para operar con este incremento o se agravará uno de los principales problemas del acueducto, como son las pérdidas por obsolescencia?
En el pasado reciente, con el apoyo del Gobierno nacional, se presentó otra alternativa aprovechando la condición costera de la ciudad: las plantas desalinizadoras. Esta solución ha sido implementada en diversos lugares del mundo donde no existían fuentes alternativas de agua dulce. Sin embargo, estas plantas implican múltiples aspectos a considerar.
El primero, y muy importante, es el alto costo operativo, especialmente por el recambio de membranas y otros insumos necesarios para la ósmosis inversa. El segundo es la elevada demanda de energía. Por lo tanto, no solo deben contemplarse los costos de montaje y operación, sino también la implementación de sistemas adicionales de generación eléctrica, ya sea mediante subestaciones de la red de Air-e, energía fotovoltaica, eólica o incluso a partir de corrientes marinas, todas ellas con inversiones significativas que deberían ser garantizadas por el Gobierno nacional.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asignó al Distrito de Santa Marta un terreno en la zona de Pozos Colorados para la instalación de una planta desalinizadora. Esta zona tiene una alta importancia ambiental, ya que allí se encuentra el humedal costero Lago del Dulcino, declarado área de interés ambiental para la conservación. Surge entonces la inquietud sobre el manejo y la disposición adecuada de los residuos y la salmuera generados por el proceso de desalinización. Adicionalmente, esta área ha sido definida desde hace años como propicia para el desarrollo de un gran proyecto de zona franca turística.
Otra planta desalinizadora fue planteada como solución para el suministro de agua de la comunidad de Taganga; sin embargo, aún no se ha definido su ubicación ni se conoce la posición de la comunidad frente a esta iniciativa.
No pretendo que este documento se convierta en uno más de los muchos que se han elaborado sobre el tema. Es extenso porque extenso ha sido el problema. Tampoco busco sentar cátedra sobre un asunto tan especializado; mi intención es generar una reflexión y promover un debate sobre una alternativa que podría resultar beneficiosa, menos costosa y de más corto plazo.
Luego de revisar las diferentes alternativas presentadas, quiero llamar la atención sobre una opción específica: el acuífero de Santa Marta. Este tiene una superficie aproximada de 59 km², una recarga estimada entre 50 y 100 millones de metros cúbicos al año y reservas calculadas entre 153 y 230 millones de metros cúbicos. La demanda estimada por la CAR (Corpamag) es de 23,6 millones de metros cúbicos anuales.
El acuífero está conformado por tres unidades:
- Santa Marta, con un área de 26,562 km² y una profundidad media de 34,7 metros, alcanzando una máxima de 114 metros.
- Gaira, con un área de 12,637 km² y una profundidad media de 30,7 metros, con máximos de hasta 80 metros.
- Tamacá, con un área de 8,931 km² y una profundidad media de 25 metros.
El principal factor de contaminación es el avance de la cuña salina del mar Caribe, especialmente en el límite occidental del río Manzanares, así como la contaminación de los ríos por depósitos de basura, desechos y vertimientos de aguas servidas.
Aunque esta información del IDEAM tiene más de 10 años, el crecimiento urbano y turístico de Santa Marta en los últimos 13 años permite afirmar que la situación ha empeorado: se redujeron las zonas de infiltración, no se implementaron sistemas de recarga, se taparon quebradas y aumentaron las invasiones de riberas y laderas, disminuyendo la recarga y aumentando la demanda.
Si se realizara un censo real de pérdidas, se corrigieran las conexiones ilegales, se ampliara la capacidad de las plantas de tratamiento, se regulara la explotación de pozos, se exigiera a los constructores implementar sistemas de recarga con aguas lluvias y se construyeran reservorios de escorrentía, probablemente no sería necesario recurrir a plantas desalinizadoras.
Podría implementarse un esquema multimodal que incluya, como fuente complementaria, el acuífero Ciénaga–Fundación, con una reserva 100 veces mayor y sin los obstáculos topográficos y contaminantes del sistema actual.
No existe una ciudad costera que, disponiendo de fuentes de agua dulce, recurra a la desalinización como fuente principal. Un caso representativo es Cartagena, que a pesar de estar a orillas del mar, capta su agua a más de 45 kilómetros de su planta de tratamiento.
Finalmente, el problema del alcantarillado debe integrarse al Plan Maestro de Agua, partiendo de un censo de redes, el dimensionamiento de descargas y la planificación de sistemas de EBAR y PETAR, conectados a un emisario submarino que deberá ampliarse o complementarse con uno nuevo al sur del Distrito.
Es urgente mejorar la eficiencia del sistema de recolección de basuras, recuperar las riberas, reubicar a las familias que las ocupan, imponer sanciones severas a quienes viertan aguas servidas y garantizar la vigilancia permanente de los cauces desde su nacimiento.
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