Texto escrito por: Carlos Lagos
En política, las derrotas más severas casi nunca ocurren en el estruendo de las urnas; suelen consumarse en el silencio de una votación secreta, cuando el poder apenas empieza a reorganizarse. Eso fue exactamente lo que reveló la elección de la Mesa Directiva del Senado el pasado 20 de julio. Mientras la ciudadanía conmemoraba un aniversario más de la Independencia, el Congreso le enviaba una señal inequívoca y contundente al presidente electo, Abelardo de la Espriella: la victoria en las urnas no le otorga un cheque en blanco para gobernar la República.
La estrepitosa derrota del candidato oficialista, Alfredo Deluque, frente al senador uribista Honorio Henríquez por 56 votos contra 45, constituyó el primer gran examen de gobernabilidad para la administración entrante, sufriendo su primer revés sustancial incluso antes de la posesión presidencial. La ironía política fue inmediata y mordaz: la bancada del Pacto Histórico, contradictor histórico del Centro Democrático, terminó inclinando la balanza en favor de la colectividad uribista. Bastó esa carambola para que en las redes sociales y en los pasillos del Capitolio resonara una sentencia tan pragmática como reveladora: "El cucho tenía razón". La expresión sintetizó la advertencia insistente de Álvaro Uribe Vélez al exigir que su partido no fuera relegado a un papel secundario en la coalición vencedora.
Sin embargo, reducir el episodio a una simple revancha del uribismo resulta en una lectura superficial. La realpolitik se impuso sin atenuantes sobre el dogma ideológico. El petrismo prefirió respaldar una Presidencia del Senado autónoma antes que facilitar la concentración simultánea del Ejecutivo y del Legislativo en las mismas manos. Las alianzas parlamentarias, una vez más, no se soldaron por afinidad programática, sino por la coincidencia estratégica de ponerle un tajo al avance del poder central.
El acuerdo, por supuesto, fue mucho más allá de la dignidad del Senado. La transacción abarcó la conformación integral de la Mesa Directiva —asegurando la Segunda Vicepresidencia para el petrismo— y abrió un pulso de fondo por la reconfiguración de la Cámara de Representantes. Ahí radica la pregunta obligada que hoy inquieta a los analistas de poder: ¿formó parte del canje la cesión de una curul adicional para la izquierda en la Comisión de Investigación y Acusación? En la matemática parlamentaria, asegurar un asiento en el único órgano constitucional competente para investigar y juzgar al Presidente de la República no es un asunto menor; representaría el mayor escudo de contrapeso y blindaje estratégico frente al cuatrienio que está por iniciar.
El abismo entre la narrativa de campaña y la viabilidad del Estado
Como lo analizamos en el espacio de debate político Sapiens junto a los historiadores Juan Carlos Flores y Manuel Pantoja, este sacudón parlamentario es solo la punta del témpano de un problema mucho más complejo: el choque inevitable entre la narrativa efectista de campaña y la dura viabilidad del aparato estatal.
La promesa electoral de ejecutar rupturas drásticas y resolver encrucijadas complejas en plazos perentorios —como erradicar la criminalidad en noventa días o gobernar al margen de la clase política tradicional— choca de frente con la realidad institucional. Los primeros nombramientos del gabinete ministerial ya muestran la incorporación de figuras y clanes vinculados a la política tradicional, como la familia Gómez, sembrando dudas tempranas sobre si estamos ante la anunciada transformación o ante una simple redistribución de burocracia y nepotismo.
A estas contradicciones se suman las severas fisuras en el proceso de empalme. Las fricciones y la falta de fluidez en la transición administrativa dilatan la curva de aprendizaje técnico de los nuevos cuadros ministeriales. Esta improvisación operacional amenaza con retrasar la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, postergando el arranque real de las metas de gobierno y obligando al nuevo equipo a ejecutar, durante sus primeros meses, el presupuesto y las dinámicas heredadas. Problemas de escala mayor —como la extorsión desbordada sobre los comerciantes, el déficit fiscal y la urgente reconstrucción de la inteligencia militar golpeada en los últimos años— exigen un tiempo prudencial de planeación y rigurosidad técnica, inaccesibles mediante la sola retórica mediática.
La investidura en una unidad militar: entre el simbolismo y la validez civilista
Este pulso de autonomía institucional tuvo su réplica más agria en la controversia por la ceremonia de posesión presidencial proyectada en una unidad militar en el departamento del Cauca. Frente a la postura del gobierno saliente, que buscó frenar el uso de guarniciones castrenses argumentando la neutralidad que deben guardar las armas frente a los actos políticos, el Senado de la República aprobó trasladar temporalmente su sede para sesionar en la zona.
Desde la perspectiva del pensamiento complejo, es necesario superar el debate efectista entre el simbolismo militarista y la tradición republicana. La aprobación del traslado de sede por parte del Senado demuestra que la investidura no se realizará ante las tropas, sino ante el Congreso de la República reunido extraordinariamente en una guarnición militar. Si la Cámara de Representantes ratifica esta decisión, cualquier cuestionamiento de constitucionalidad quedará plenamente superado, otorgando incontestable validez civilista al acto. Más allá de la polarización, la maniobra adquiere un sentido estratégico: garantiza la seguridad de los dignatarios en una región convulsa, envía un mensaje de presencia estatal en la periferia y dinamiza la economía local.
El imperativo de la convergencia
Las lecciones del 20 de julio y los elementos expuestos en el panel de Sapiens conducen a una misma conclusión: en una democracia madura, el Congreso no existe para someterse a los dictámenes del Ejecutivo, sino para moderar y equilibrar el ejercicio del poder.
La gobernabilidad del presidente Abelardo de la Espriella no puede construirse desde el aislamiento o el desconocimiento de las dinámicas parlamentarias. La recuperación de la seguridad territorial, la estabilidad fiscal y el manejo de los complejos frentes de orden público que deja la "Paz Total" requieren un gobierno de convergencia real. Un gobierno que entienda la diversidad regional, que respete la independencia de las ramas del poder y que acepte que en Colombia la gobernabilidad se negocia con la institucionalidad vigente. La prueba de fuego del nuevo mandato no empezará el 7 de agosto; comenzó el día en que el Congreso le recordó al país que el poder presidencial siempre tiene límites.
También le puede interesar:
Anuncios.
