Texto escrito por: Rodrigo López Oviedo
Los acontecimientos presentados a raíz de los resultados electorales, que tienen hoy a Abelardo de la Espriella a punto de ceñirse la banda presidencial, han sido particularmente esquivos al entendimiento objetivo de muchos analistas.
Esta dificultad resulta evidente al examinar lo enconadas que han terminado siendo las contradicciones entre las autoridades electorales (la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral), defensoras a ultranza de los datos divulgados por ellas mismas, y las impugnaciones del presidente Petro. A esto se suma el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda y la reacción de las bases del Pacto Histórico, divididas entre quienes acatan a pie juntillas las decisiones de estos dirigentes, como si fueran verdades reveladas, y quienes las aceptan, aunque bajo un manto de dudas.
El Pacto Histórico, conforme al resultado de las urnas de junio, retornará sin duda alguna al papel opositor. Esto debe ocurrir de forma paralela a la batalla legal ante el Consejo de Estado, donde seguirá buscando un fallo justo a las demandas allí radicadas, que no solo versan sobre el resultado de las urnas sino también sobre el juramento de lealtad a Estado Unidos, “por encima de cualquier potestad extranjera”, prestado por De la Espriella para conseguir la nacionalidad estadounidense. No demarcar con claridad estos dos campos –el político y el jurídico- solo puede generar incertidumbres y ambigüedades, las cuales terminan en el peor ambiente que puede presentársele a una causa política.
Esas contradicciones se hicieron notar desde cuando Cepeda anunció su decisión de desobediencia civil sin que el Pacto hubiera resuelto acompañarlo en dicha decisión. Continuaron en el proceso de empalme que terminó convertido en un monólogo del gobierno saliente. Siguieron con la incertidumbre en la elección de las mesas directivas del Congreso –finalmente resueltas en contra de los candidatos de De la Espriella–, y concluyeron (ojala así sea) con la decisión personal de Cepeda de no asistir a la posesión del nuevo mandatario, ignorando la actitud que podría asumir el resto de su bancada.
Lo que sí está claro para el Pacto Histórico es que en este nuevo período debe orientar sus esfuerzos hacia la configuración de una sólida alianza, dentro y fuera del Congreso. Un frente amplio capaz de impedir que se cumplan las amenazas de campaña de De la Espriella, orientadas a desmontar los logros del actual gobierno en materia agraria, laboral, pensional y ambiental, además de torpedear los acuerdos de paz y de destripar a la izquierda. En definitiva, el Pacto y su alianza deben evitar que se entronicen las fuerzas que le quiten a los movimientos progresistas toda posibilidad de volver al gobierno.
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