El contrato suscrito entre el Gobierno colombiano y la firma británica Amadeus Consultancy terminó el pasado 30 de junio de 2026 sin que se cumpliera uno de los objetivos que generó mayor expectativa: la salida del presidente Gustavo Petro y su familia de la denominada lista Clinton de Estados Unidos.
El acuerdo contempló el pago de 2 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos, por la prestación de servicios de asesoría jurídica especializada. Aunque el contrato incluía acompañamiento legal para gestionar la exclusión del mandatario y sus familiares de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el documento no establecía una obligación de resultado ni garantizaba el levantamiento de esas medidas.
Entre los compromisos asumidos por Amadeus Consultancy también figuraba la elaboración de conceptos jurídicos sobre el alcance de las sanciones estadounidenses y las alternativas legales para enfrentar sus efectos. Es decir, la firma debía brindar orientación técnica y estratégica frente a las restricciones impuestas por las autoridades de ese país, más allá del trámite relacionado con la lista de personas y entidades sancionadas por EE.UU.
El bufete está encabezado por Maryna Pogibko, abogada ucraniana nacionalizada británica, y por el jurista estadounidense Daniel Martin Kovalik, quienes cuentan con experiencia en litigios internacionales y casos de alto perfil. Durante el tiempo en que Petro ha permanecido incluido en la lista, una de las principales consecuencias era la imposibilidad de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente el gobierno del entonces presidente Donald Trump le restituyó la visa u otros permisos para viajar, aunque ello no significó el levantamiento de las sanciones.
Amadeus Consultancy también ha participado en otros procesos de amplia repercusión internacional y mediática. Uno de los más conocidos fue la defensa del empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado una figura cercana al gobierno de Nicolás Maduro. La firma asumió ese caso en 2020, después de que Saab fuera capturado en Cabo Verde. en desarrollo de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, por presuntos delitos relacionados con lavado de activos.
En Colombia, el proceso también tuvo repercusiones patrimoniales. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla ordenó el embargo de bienes pertenecientes a las sociedades Jacadi de Colombia y Shattex por un valor de 1.478.035.652 pesos. La medida no solo afectó a Saab, sino también a Cynthia Certain, primera esposa del empresario.
Aunque Saab recuperó posteriormente la libertad, continúa vinculado a procesos judiciales en Estados Unidos. Incluso, las autoridades de ese país lo volvieron a capturar, y mantienen acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y por integrar una red de sobornos relacionada con contratos gubernamentales, investigaciones que siguen abiertas y han mantenido el caso bajo el escrutinio internacional.
En ultimas el dinero del Dapre con la firma abogados Amadeus Consultancy no cumplió el objetivo de sacar a Petro de la lista Clinton, y de momento, solo ha servido para brindar unas asesorías legales importantes.
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