El presidente Gustavo Petro necesitó un año y diez meses para admitir lo que buena parte del país ya sospechaba: que Chiquito Malo nunca tuvo intención de dejar las armas. Lo hizo este miércoles, en una publicación de X, mientras firmaba el decreto que devuelve la vigencia a la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, el hombre que heredó el mando del Clan del Golfo cuando Otoniel salió esposado hacia Estados Unidos en 2022.
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El anuncio venía acompañado de otro dato: ese mismo día, en Córdoba, cayó alias El Zarco, otro cabecilla de la estructura, señalado de manejar las rentas ilícitas del grupo y con un prontuario de diez años que incluye homicidio, narcotráfico y extorsión. Petro juntó las dos noticias en un solo mensaje. La captura funcionaba como prueba de que el Estado seguía golpeando al Clan del Golfo incluso mientras negociaba con él. La extradición reactivada cerraba una puerta que el propio gobierno había dejado entreabierta durante meses.
La explicación que dio el presidente para la ruptura fue la misma que ha repetido en otros tropiezos de la paz total: no hubo sinceridad de parte del grupo armado. Esta vez la acompañó de un argumento más largo. Contó que el modelo de diálogos sociojurídicos impulsado por su primer comisionado de paz, Danilo Rueda, funcionó, a medias, en el sur del país, y que en el resto del territorio chocó con una Fiscalía que él describe como heredera de una visión estadounidense centrada en la erradicación forzosa de cultivos, una estrategia que según sus cifras no dio resultado.
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El proceso con el Clan del Golfo llevaba en marcha desde finales de 2025 en Doha. Ahí, con mediación de Catar, el gobierno y los delegados de la organización acordaron crear tres Zonas de Ubicación Temporal: una en Tierralta, Córdoba, y dos más entre Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó. La idea era que esas zonas sirvieran de antesala a una concentración de combatientes rumbo a una eventual desmovilización, el mismo esquema que el gobierno había probado, con suerte desigual, en otras mesas de la paz total.
La semana pasada el Comisionado de paz Otty Patiño abortó el traslado el desplazamiento a la zona de ubicación en Córdoba porque Chiquito Malo no cumplió con el compromiso de entregar la lista de los 400 armados que llegarían a la región para avanzar en la negociación. La situación para los narco-paramilitares se complica con el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella quien actuará de la mano de los Estados Unidos, cuyo gobierno tiene entre sus objetivos a Chiquito Malo por el que el gobierno de Colombia ofrece $4.400 millones de recompensa.
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