Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass
La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema dictaminó hoy que la administración Trump puede rechazar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de que tribunales de instancias inferiores habían determinado reiteradamente que tal medida violaba la legislación federal de inmigración y el derecho internacional, seis magistrados concluyeron lo contrario.
Hasta hoy, todas las personas que llegaban a Estados Unidos podían solicitar el asilo y el gobierno tenía la obligación de tramitar la petición. De acuerdo con el Consejo Americano de Inmigración, “hoy la Corte Suprema se puso del lado de la crueldad y dio la espalda a las personas que huyen de la violencia y la persecución. Nuestro caso de larga trayectoria Mullin v. Al Otro Lado —presentado originalmente en 2017— impugnó una política ya extinta, en virtud de la cual los funcionarios de inmigración impedían que las personas que buscaban seguridad pisaran suelo estadounidense cuando acudían a los puertos de entrada para solicitar asilo”.
La decisión de hoy rechaza la responsabilidad legal del gobierno de inspeccionar y tramitar las solicitudes de quienes buscan asilo, una obligación establecida por el Congreso como respuesta directa a los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Durante más de 40 años, personas y familias que huían de la persecución, la tortura y la muerte pudieron solicitar protección en los puertos de entrada de Estados Unidos, ejerciendo su derecho legal a acceder al proceso de asilo. El fallo anula en la práctica la ley que exige el acceso al asilo en la frontera y malogra la reputación —en otro tiempo prestigiosa— de Estados Unidos como faro de esperanza para quienes buscan seguridad.
En su opinión disendente, la magistrada de la Corte Suprema Sonia Sotomayor advirtió sobre las consecuencias inevitables de rechazar a personas vulnerables en la frontera:
“Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles. Más personas morirán. Más personas intentarán cruzar la frontera ilegalmente; algunas lo lograrán y otras no. Más personas se verán obligadas a caminar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en condiciones peligrosas, tratando de encontrar un punto de entrada donde sean inspeccionadas. Más personas se verán obligadas a regresar y serán víctimas de violencia debido a algo que no pueden —o no deberían tener que— cambiar de sí mismas, como su raza, religión, nacionalidad u opinión política. Dado que esto no es lo que el Congreso dispuso ni lo que sus palabras permiten, expreso respetuosamente mi disentimiento”.
De acuerdo con Rebecca Cassler, directora litigante del Consejo Americano de Inmigración, “toda persona que huya de situaciones violentas y que pongan en peligro su vida debería tener la oportunidad de buscar la libertad y un refugio seguro. Seguiremos luchando por un sistema de asilo que sea justo, eficiente y que trate a las personas con dignidad”.
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