Texto escrito por: Jesús David Jerez Amaya
Hace apenas unos meses, la idea de una constituyente ocupaba un lugar central en el debate político colombiano. Desde sectores cercanos al gobierno se insistía en que el país necesitaba una transformación institucional para materializar cambios que, según sus defensores, no podían alcanzarse dentro de las reglas existentes.
La propuesta generó controversia, entusiasmo y preocupaciones. Sin embargo, cuando el tema parecía haberse convertido en uno de los ejes más importantes de la discusión nacional, ocurrió algo llamativo: la idea de una constituyente desapareció en apenas un par de días con una rapidez casi tan sorprendente como la intensidad con la que había sido promovida.
Ese cambio ha sido celebrado por algunos como una muestra de moderación y por otros como una estrategia política. Pero para muchos ciudadanos deja una pregunta difícil de ignorar: ¿qué cambió realmente? La confianza pública no depende únicamente de las decisiones de los gobernantes, sino también de la coherencia con la que las justifican. En política, las personas pueden cambiar de opinión. Está bien corregir errores o ajustar posiciones frente a nuevas realidades. Lo que genera desconfianza es cuando las convicciones parecen variar al ritmo de las circunstancias políticas.
En la antigua Roma, la palabra fides representaba la confianza pública. Los romanos entendían que ninguna institución podría sostenerse si los ciudadanos dejaban de creer en la palabra de quienes ejercían el poder. Esa lección sigue siendo válida.
Durante años, Colombia ha vivido ciclos de promesas grandilocuentes de gobiernos de distintas corrientes políticas. Ninguno logró cumplir plenamente lo que ofreció. Como resultado, el ciudadano promedio ha desarrollado un escepticismo que no distingue entre izquierdas y derechas. Las palabras ya no bastan. La gente observa, compara y recuerda.
Y precisamente porque recuerda, resulta difícil pedir que se ignore la intensidad con la que fue defendida la idea de una constituyente. Cuando una propuesta es presentada durante meses como una necesidad histórica y luego pierde protagonismo sin una explicación proporcional a su importancia inicial, es natural que surjan dudas. No porque los ciudadanos sean enemigos del cambio, sino porque esperan coherencia de quienes pretenden liderarlo.
La tecnología ha cambiado la relación entre ciudadanos y políticos. Cada discurso y declaración quedan registrados. Lo que se dijo telemáticamente ayer puede contrastarse en segundos con lo que se afirma hoy.
Por eso la discusión sobre la constituyente no debería reducirse a una batalla entre partidarios y opositores. Hacerlo sería perder de vista el problema de fondo. La cuestión central es si los colombianos pueden confiar en que las grandes decisiones nacionales obedecen a convicciones profundas o a cálculos electorales. Esa duda, más que cualquier propuesta específica, es la que erosiona la relación entre gobernantes y gobernados.
La confianza tarda años en construirse y puede perderse en cuestión de semanas. Se fortalece cuando existe correspondencia entre las palabras y los actos. La pregunta es si Colombia puede reconstruir la confianza pública en una época donde los ciudadanos creen cada vez menos en quienes los representan.
Al final, los gobiernos suelen pensar que los ciudadanos olvidan. La historia demuestra exactamente lo contrario. Las sociedades pueden tolerar errores e incluso conceder segundas oportunidades. Lo que rara vez perdonan es la sensación de haber sido inducidas a creer en una convicción que después se desvanece cuando cambian los vientos políticos.
Porque las constituciones pueden reformarse. Los programas de gobierno pueden modificarse. Las estrategias pueden replantearse. Pero cuando la confianza pública comienza a deteriorarse, ningún discurso es suficiente para reemplazarla. Y tarde o temprano, todo gobierno descubre la misma verdad: el poder puede ganarse en las urnas, pero la credibilidad debe conquistarse todos los días.
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