Texto escrito por: David Aguilera
Colombia tiene uno de los mayores logros sanitarios de América Latina: cerca del 99 % de su población está afiliada al sistema de salud. Sin embargo, para millones de ciudadanos, tener carné ya no garantiza una cita oportuna, un medicamento disponible o una cirugía cuando la necesitan. Las cifras oficiales muestran que, entre agosto de 2022 y hoy, la cobertura se mantuvo, pero el acceso efectivo a la salud se deterioró.
Empecemos por el dinero porque todo lo demás cuelga de él. La deuda que el sistema reconoce a hospitales y clínicas pasó de unos 14 billones de pesos en diciembre de 2022 a 25,7 billones en diciembre de 2025, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Casi se duplicó y más de la mitad ya está en mora. Esa no es una cifra abstracta: es nómina que se retrasa, proveedores que dejan de surtir y servicios que se cierran. Hoy casi la mitad del activo de las clínicas son cuentas por cobrar, dinero que figura en los libros pero no entra a la caja. Un sistema que no le paga a quien atiende a los pacientes es un sistema que, tarde o temprano, deja de atenderlos.
El segundo capítulo es el de las puertas que se cierran. Cuando el acceso falla, el ciudadano colombiano tiene un último recurso: la tutela. Y la está usando como nunca. De unas 141.000 tutelas en salud en 2022 se pasó a más de 219.000 en 2024, con una proyección que supera las 300.000 para 2025. Los reclamos formales ante la Superintendencia treparon de 1,15 millones en 2022 a más de 2 millones en 2025. Lo más revelador no es el volumen, sino el contenido: cuatro de cada cinco tutelas reclaman servicios que ya están incluidos en el plan de beneficios. Es decir, la gente no pide lujos ni excepciones, pide lo que ya le corresponde y no le entregan sin pelearlo ante un juez.
El caso de los medicamentos es el más crudo. La Defensoría del Pueblo documentó cientos de fármacos que sencillamente no se entregaron y casi la mitad de esos casos seguía sin resolverse. La Corte Constitucional tuvo que ordenar que los medicamentos se dispensen en un máximo de 48 horas. Que un tribunal deba fijar por decreto algo tan elemental dice más del estado del sistema que cualquier informe técnico. Detrás están pacientes crónicos —hipertensos, diabéticos, personas con enfermedad renal— para quienes una semana sin su medicamento no es una molestia, sino un riesgo.
¿Y las EPS? Hoy el 62,5 % de los afiliados está en entidades intervenidas o vigiladas por el Estado y la propia Contraloría advierte que esas intervenciones no han producido recuperación: lo que ven es aumento de pasivos y de quejas. La aseguradora más grande del país opera sin estados financieros certificados para 2024 y 2025. Cuando ni siquiera se conocen las cuentas, gobernar el sistema se vuelve un ejercicio a ciegas.
Sería deshonesto pintar solo el lado oscuro. Hubo mejoras, y son reales. La mortalidad materna alcanzó en 2024 su mejor nivel en veinte años, con una caída del 32,7 % en las muertes frente al año anterior. El control clínico de algunas enfermedades crónicas mejoró de forma sostenida. Pero conviene entender que estos avances vienen de programas focalizados de salud pública que funcionan con cierta independencia de la crisis financiera. Son islas de buen desempeño en un mar de tensión de caja. Salvan vidas y hay que defenderlos, pero no contradicen el diagnóstico general, lo matizan.
Las causas del deterioro no son misteriosas. El sistema gasta más de lo que sus ingresos reconocen —la brecha entre lo que cuesta atender a la gente y lo que paga la unidad por afiliado—, y esa diferencia se acumuló en forma de deuda. A ello se sumó la incertidumbre de una reforma que se discutió durante años sin concretarse, y unas intervenciones que asumieron el control de las aseguradoras sin sanear su causa financiera. El resultado es un círculo: menos liquidez, más barreras, más tutelas, más reclamos.
Lo que hereda el próximo presidente no es un sistema por construir, sino uno por reparar. Tendrá sobre la mesa una deuda cercana a 26 billones, una red hospitalaria al límite, más de 31 millones de personas en EPS que administra el propio Estado, y una ciudadanía que aprendió a litigar para que la atiendan. A eso se suman problemas que ningún gobierno inventó pero que todos arrastran: faltan especialistas, la población envejece, las enfermedades crónicas y mentales crecen, y el campo sigue siendo el gran olvidado del acceso.
La conclusión, medida en datos y no en consignas es sencilla: el colombiano promedio está hoy en peor situación para conseguir atención médica oportuna que en agosto de 2022. Sigue teniendo su carné —eso no se lo han quitado—, pero ese carné vale menos en la práctica, lo respalda un sistema con menos plata, más demoras y más obstáculos. La tarea del próximo gobierno será devolverle a esa cobertura su contenido. Porque tener seguro nunca fue el objetivo. El objetivo era tener salud.
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