La política colombiana vive momentos de profunda tensión, pero lo que se avecina bajo un posible gobierno como el de Abelardo de la Espriella no es solo un cambio de administración, es la antesala de una polarización radicalizada y una gestión que, por su naturaleza, se vislumbra eminentemente represiva. La propuesta del abogado ha sido explicitamente la de “destripar a la izquierda”; no busca el consenso ni el tejido social, sino profundizar las heridas del país en temas tan sensibles como la paz, la educación, el respeto del otro, del que piensa diferente, de los pobres o del “país de cafres”, más bien utiliza el poder para dividir en lugar de integrar.
Llegar a la Presidencia bajo estas banderas significaría, en la práctica, la implementación de un modelo autoritario. Sus antecedentes y discurso sugieren una visión donde el opositor no es un contradictor, sino un enemigo a batir. La educación, lejos de ser vista como un motor de transformación, se convertiría en un campo de batalla ideológico, y la paz —esa construcción difícil que tanto ha costado— quedaría supeditada a una lógica de "vencedores y vencidos" que solo augura mayor confrontación.
Sin embargo, hay un factor que no parece estar considerando: la memoria y la resistencia de un pueblo que ya ha dado lecciones de dignidad. Los docentes, los movimientos sociales, los sectores populares y los jóvenes, con la experiencia del estallido social de 2021 a cuestas, no son sujetos fáciles de amedrentar. Si el gobierno de Iván Duque fue blanco de una respuesta ciudadana contundente por su gestión, lo que le espera a una administración bajo la batuta de un personaje de corte represor será exponencialmente mayor.
La historia reciente ha demostrado que la represión como herramienta de gobierno solo sirve para caldear los ánimos de una población que ya no está dispuesta a callar. Los paros y las jornadas de movilización que marcaron el mandato anterior quedarán como un preludio menor frente a la escala de protesta social que se avecina si se pretende imponer un modelo que criminaliza al diferente y vulnera los derechos adquiridos.
Ante este panorama, la ciudadanía debe entender que la lucha no será sencilla. No se trata solo de política, sino de la defensa de libertades básicas. La confrontación es inevitable cuando un proyecto de país se construye sobre la base de la exclusión y la represión. Colombia no está dispuesta a volver a los tiempos de la mano dura sin oposición; por el contrario, la calle será el termómetro que le recordará a quien pretenda gobernar que, en esta democracia, el poder no es un cheque en blanco para atropellar la voluntad colectiva.
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