Texto escrito por: Alejandra Zamora Rojas
En Antioquia sabemos que la seguridad no es un concepto abstracto, es la garantía de que un campesino en Andes pueda recoger su cosecha o un comerciante en Amagá pueda abrir su negocio sin el permiso de un bandido. Sin embargo, lo que hoy ocurre en el suroeste antioqueño, según lo revela el último informe del ICP y la KAS titulado Dinámicas de inseguridad y crimen organizado en el suroeste antioqueño, no es la vieja guerra de guerrillas que algunos todavía intentan vendernos. Estamos ante una mutación empresarial del crimen que ha reemplazado el discurso político por la contabilidad del terror.
Hablemos con cifras, que son las que no mienten. El estudio proyecta para la región una tasa de 76,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica el promedio nacional. ¿Por qué este desangre? No es por "la revolución", es por la codicia. La fragmentación de actores, donde convergen desde el Clan del Golfo hasta bandas del Valle de Aburrá como "La Terraza" o "La Miel", ha convertido al suroeste en un escenario de alta competencia por el control de rentas ilegales.
Aquí ya no hay insurgencia, hay gerentes del crimen. La prioridad de estas estructuras es el dominio de economías estratégicas: el microtráfico, que ya no solo es tránsito sino consumo local; la minería ilegal, que busca replicar el modelo de gobernanza criminal de Buriticá, y la extorsión, que asfixia al 1,71 % de las denuncias pero que sabemos tiene un subregistro enorme por el miedo.
El informe es claro: el conflicto se ha transformado. Cuando grupos criminales deciden quién trabaja y quién no, están ejerciendo una "gobernanza" que el Estado no puede seguir ignorando bajo el manto de diálogos sin dientes. La seguridad requiere presencia, pero sobre todo, requiere desarticular las finanzas de estas estructuras. Si no golpeamos el flujo de caja del narcotráfico y la minería ilegal, no habrá fuerza pública que alcance.
El suroeste no necesita más diagnósticos de paz romántica, necesita una respuesta institucional robusta que entienda que aquí lo que hay es una disputa por el control de rentas. El reto es recuperar la autoridad para que el Estado sea el único administrador del orden y no un espectador de cómo las economías criminales dictan la ley en nuestras montañas.
También le puede interesar:
Anuncios.
