Texto escrito por: Sebastián Rojas Ricaurte
Mientras el Ministerio de Salud y Protección Social publica informes técnicos que aseguran un inventario "estable" de fármacos esenciales, la realidad en las ventanillas de las EPS y farmacias es otra. Para millones de colombianos con trastornos como la depresión —que afecta al 15 % de la población—, el calvario es doble: solo 2 de cada 10 están en tratamiento. Para esos pocos, a la dificultad de conseguir una cita con un especialista se suma, desde la pandemia, la escasez de medicamentos. ¿Vamos a esperar el colapso de la salud mental de miles antes de tomar medidas profundas? La crisis de distribución ya cruzó la línea de la negligencia administrativa y se ha convertido en una tragedia humanitaria que cobra vidas.
El caso de una amiga, agotada tras meses sin acceder de forma continua a su dosis de venlafaxina, me obligó a enfrentar las dos caras de la moneda institucional. El viernes llegó a su casa frustrada tras caminar de una droguería a otra sin éxito. Para ayudarla, dediqué más de dos horas a una “arqueología digital”: probando decenas de sitios web de farmacias hasta que, casi por milagro, encontré cuatro cajas pequeñas, pero con la mitad de la dosis que ella requiere. Ahora tendrá que tomar el doble de pastillas para compensar, lo que solo le garantiza 14 días de tratamiento. Una persona enferma o vulnerable no puede, y no debe, asumir una tarea tan desgastante. El sistema actual asume que el paciente tiene tiempo, dinero y energía para resolver por su cuenta, ignorando que miles de colombianos no tienen una red de apoyo ni a quien les ayude en esa batalla.
La desconexión es evidente al revisar el discurso oficial: al leer el “Informe de disponibilidad y acceso a medicamentos para tratamientos de salud mental y antiepilépticos” del Ministerio de Salud (marzo de 2026): según Invima y Sismed, la venlafaxina (37,5 mg, 75 mg y 150 mg) no está en desabastecimiento general, sino "en monitorización". Para el Gobierno, el medicamento está disponible: se produce y comercializa. ¿Por qué, entonces, es tan difícil conseguirlo?
La respuesta oficial es indignante para el paciente común. El informe reconoce abiertamente que la escasez en los puntos de entrega obedece a lo que califican de manera general como "problemas logísticos", "entregas incompletas" y "dificultades operativas en la distribución" por parte de las EPS y sus operadores farmacéuticos. Es decir, el medicamento existe en los laboratorios centrales, pero se queda atascado en un laberinto de contratos rotos, flujos de dinero truncados entre el Estado y las aseguradoras, y malas proyecciones de los dispensarios.
Atribuir todo a la “logística” es una evasión institucional que raya en el cinismo, sobre todo cuando la falta de acceso rompe la continuidad terapéutica. La Asociación Colombiana de Psiquiatría advierte que suspender abruptamente tratamientos como la venlafaxina provoca un efecto dominó clínico: más recaídas, crisis graves, resistencia al medicamento y, en el peor de los casos, más conductas autolesivas.
Si interrumpir un tratamiento psiquiátrico es una bomba de tiempo, en otras enfermedades el desabastecimiento es una sentencia de muerte. El problema no es solo la salud mental: los gremios de pacientes con enfermedades huérfanas, raras y de alto costo han lanzado alertas críticas. FECOER reporta más de 2.000 muertes en un solo año por fallas graves de acceso y demoras en autorizaciones. Casos de menores que fallecieron esperando medicamentos vitales demuestran que las “fallas de distribución” están costando vidas de quienes deberían ser protegidos por el Estado.
El panorama nos enfrenta a una encrucijada institucional insostenible. Aunque el sistema de salud tiene herramientas legales —como el Auto 559 de 2025 de la Corte Constitucional, que obliga a las EPS a garantizar el suministro oportuno o reformular con medicamentos equivalentes—, la norma sigue siendo letra muerta en la vida cotidiana. Tampoco bastan los controles de la Superintendencia de Salud ni la Resolución 1809 de 2025 para disciplinar a los gestores farmacéuticos.
La salud en Colombia no puede depender del vaivén logístico. Detrás de cada caja de venlafaxina que no llega, o de cada ampolla retrasada para un paciente de alto costo, hay una vida en suspenso. El Ministerio de Salud y la Superintendencia deben dejar el "monitoreo" y los diagnósticos en el papel para pasar a la intervención y sanción en la realidad. No podemos permitir que la vida y el bienestar de millones sigan perdiéndose en las grietas burocráticas y financieras de un sistema que ha olvidado su propósito.
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