El 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles cayeron al estrecho de Florida después de que cazas militares cubanos las derribaran con misiles. Las cuatro personas que iban a bordo murieron. El piloto de una tercera aeronave, José Basulto, fundador de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, alcanzó a escapar. Treinta años después, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Raúl Castro de haberlo ordenado.
La acusación, con cuatro cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, la anunció en Miami el fiscal general interino Todd Blanche. Castro tiene 94 años. Ya no es presidente de Cuba ni líder del Partido Comunista, cargos que entregó en 2021 a Miguel Díaz-Canel. Pero la justicia estadounidense lo señala como el responsable de lo que ocurrió aquel sábado de febrero sobre las aguas del Caribe y buscan que pague por la orden que dio hace 30 años.
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Para entender el ataque hay que remontarse a los años noventa. Cuando la Unión Soviética se desintegró, Cuba se hundió en una crisis económica brutal. El llamado Período Especial dejó a la isla sin combustible, sin comida y con apagones de hasta dieciséis horas diarias. Miles de personas comenzaron a lanzarse al mar en balsas improvisadas con la esperanza de llegar a Florida. Fue en ese contexto cuando el exiliado cubano José Basulto fundó Hermanos al Rescate en Miami. La organización sobrevolaba el estrecho para localizar balseros a la deriva, coordinar su posición con la guardia costera y lanzarles agua y comida desde las avionetas.
Con el tiempo, la misión fue cambiando. Los vuelos empezaron a incluir incursiones sobre territorio cubano, donde los tripulantes lanzaban hojas impresas con la Declaración Universal de Derechos Humanos. El gobierno de Fidel Castro denunció esas operaciones como actos terroristas y exigió que cesaran. Washington tomó nota pero no actuó con contundencia. Basulto siguió volando.
Lo que los pilotos de Hermanos al Rescate no sabían era que uno de los suyos trabajaba para La Habana. Juan Pablo Roque era un exmilitar cubano que se había instalado en Miami bajo una identidad falsa, había cultivado la confianza del grupo durante meses y hasta sostenía un matrimonio ficticio para reforzar su cobertura. Roque le entregó al gobierno cubano los detalles precisos de los vuelos del 24 de febrero: qué avionetas saldrían, cuántas personas irían a bordo, qué ruta tomarían. El día anterior al ataque, el régimen lo devolvió a La Habana vía México. Tiempo después, las autoridades cubanas lo declararon héroe nacional.
Tres avionetas Cessna C-337 despegaron desde Florida esa mañana. Dos fueron interceptadas por cazas MiG-29 de la fuerza aérea cubana entre las 15:21 y las 15:27 horas. Los misiles prácticamente desintegraron las pequeñas aeronaves. No quedaron restos significativos. Las cuatro personas que viajaban en ellas murieron al instante. Basulto, en la tercera avioneta, alcanzó a ver el humo del primer derribo por su ventanilla derecha. Supo de inmediato que los siguientes eran ellos. Logró alejarse.
Tanto la Organización de Estados Americanos como la Organización de Aviación Civil Internacional concluyeron que los aviones fueron derribados en aguas internacionales, no sobre espacio aéreo cubano como siempre ha sostenido La Habana. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1067 condenando el uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo.
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El historiador y exdiplomático cubano Juan Antonio Blanco, que tenía contacto con canales diplomáticos en La Habana cuando ocurrió el incidente, sostiene que Fidel Castro fue el responsable político de la operación y que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, fue quien la ejecutó. Una grabación que circuló entre periodistas y exfuncionarios cubanos exiliados en 2006 recoge al parecer la voz de Raúl Castro explicando la operación ante periodistas cubanos. En el audio se escucha quien aparentemente es Castro dar la instrucción de derribar las aeronaves cuando aparecieran sobre el mar. Se cree que esa grabación podría convertirse en prueba central del proceso judicial ahora abierto en Estados Unidos.
Las razones detrás del ataque tampoco son claras tres décadas después. Blanco sostiene que Fidel Castro buscaba destruir cualquier posibilidad de acercamiento diplomático con Washington. En los meses previos al derribo, funcionarios de ambos países sostenían contactos discretos explorando una eventual normalización de relaciones de cara al segundo mandato de Bill Clinton. Para Castro, según esa lectura, una apertura implicaba reformas que pondrían en riesgo su control sobre la isla. El ataque la hizo imposible.
Clinton condenó el incidente en términos duros, descartó cualquier acercamiento y firmó la ley Helms-Burton, que endureció el embargo contra Cuba de forma significativa, limitó la capacidad de futuros presidentes para flexibilizarlo y permitió demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que operaran en propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. Los familiares de las víctimas nunca recibieron compensación de La Habana. Años después, el gobierno estadounidense los indemnizó con 93 millones de dólares en activos cubanos congelados.
La acusación contra Raúl Castro llega en un momento de presión intensa sobre el gobierno de la isla. Cuba atraviesa una crisis energética y económica de proporciones históricas, agravada por las sanciones de la administración Trump y por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, que era el principal sostén económico del régimen. La extracción de Maduro del poder por parte de Washington estableció un precedente que nadie en La Habana ignora. Que Estados Unidos presente ahora cargos penales contra el hombre que por décadas fue el poder real de Cuba, aunque ya no ocupe ningún cargo formal, no es un gesto menor. Es una señal sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Trump.
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