Olmedo López y su abogado José Luis Moreno, hermano del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, trabajaron durante semanas para construir lo que presentaron ante la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano como una matriz de colaboración: un mapa detallado de personas, cargos, favores y dinero que, según ellos, describe con precisión el esqueleto de la corrupción que operó desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) mientras Olmedo estuvo al mando.
La audiencia fue el pasado 14 de abril. Ese día, la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá escuchó los argumentos y negó por segunda vez el preacuerdo que López había firmado con la Fiscalía.
Votos comprados para echar a andar las reformas
López llegó a la dirección de la UNGRD en 2022, cuando el gobierno de Petro apenas arrancaba. Desde ese puesto, según lo que él mismo ha declarado ante la justicia, comenzó a articularse con dos figuras centrales del gabinete: Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velásquez, quien era el ministro del Interior. Los tres, según la versión de López, empezaron a mirar cómo se podía financiar, de una u otra manera, algo que el gobierno necesitaba con urgencia: votos en el Congreso para cupos indicativos que permitieran echar a andar las reformas sociales de Petro, empezando por la reforma a la salud. Requerían mayorías que en ese momento no estaban garantizadas.
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El plan, de acuerdo con lo que López ha ido confesando en el proceso, pasaba por comprar el apoyo de los entonces presidentes del Congreso: Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, presidente del Senado, son hoy los más mencionados en ese capítulo. Ambos están detenidos. Calle y Name fueron los que tramitaron y dieron impulso a la reforma a la salud y a otras iniciativas del gobierno. El papel que López les atribuye no es el de simples legisladores: los ubica como receptores de los recursos desviados desde la UNGRD a cambio de mover el aparato legislativo.
Senadores y representantes de un Congreso untado
En el entorno de Bonilla aparece María Alejandra Benavídez, su asesora, a quien López vincula con la estructura. En el ministerio del Interior, junto a Velásquez, se menciona a Jaime Ramírez Cobo, asesor, como otro eslabón del esquema. Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y el prófugo y asilado en Nicaragua, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, también hacen parte de la lista que López y su abogado pusieron sobre la mesa.
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César Manrique, exdirector de la Función Pública, aparece igualmente en el mapa. Y en el Congreso, además de Calle y Name, López ha señalado a varios congresistas que se beneficiaron: la senadora Lina María Garrido, el senador Juan Pablo Gallo, la representante Karen Manrique, el representante Wadith Manzur, la representante Martha Peralta y el representante Julián Peinado. Son congresistas quienes, según las versiones de López, son parte del engranaje que recibió o gestionó recursos a cambio de apoyo político al gobierno.
La magistrada Chamat Lozano no avaló el preacuerdo que López había negociado con la Fiscalía con el argumento de que la Fiscalía resultó imprecisa e incongruente en su descripción de los montos que López se habría apropiado en favor de terceros. Lo único que quedó claro en las cifras, según el Tribunal, fue el dinero que López se llevó directamente: 724 millones de pesos. Lo que se desvió hacia otros, hacia terceros, no quedó sustentado para justificar los términos del acuerdo.
Olmedo se quedó sin opciones y se rindió
Con esa puerta cerrada, López tomó la única decisión que le queda. Se declaró culpable por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en favor propio y de terceros. Ya no es un acuerdo negociado: ahora es una rendición. Su esperanza es que el juez la valore al momento de dictar sentencia y le reconozca una rebaja en la condena que le impondrán. El siguiente capítulo de este entramado está fijado para el próximo martes 26 de mayo. Será a las tres de la tarde. Ese día y a esa hora el juez decidirá si avala su culpabilidad o no.
López lleva meses entregando nombres. Su mapa tiene más de veinte personas entre congresistas, ministros, asesores y contratistas que han sido vinculadas al proceso por sus declaraciones y que ahora deberán defenderse frente a las declaraciones del exdiretor de la UNGRD. También ha devuelto más de 700 millones de pesos. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para que el Tribunal aprobara su ya caído preacuerdo. Ahora su apuesta es distinta: reconocer los delitos ante el juez y esperar que eso cuente. Es el último movimiento disponible en un proceso que lo tiene como la cabeza del caso de corrupción más grave que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro.
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