Convocados por el diputado conservador, Jorge Alonso Correa Betancur, la plenaria de la Asamblea de Antioquia fue protagonista de una sesión donde la ciencia y no la política tuvo la palabra. Se trataba de un asunto que, por espacio de cinco horas y media, concentró las voces de expertos sobre un tema gestado hace más de 40 años: la presencia de más de 180 ejemplares de hipopótamos, animales traídos a la Hacienda Nápoles por capricho de Pablo Escobar.
A la sesión asistieron los directores de Cornare y Corantioquia, Javier Valencia González y Liliana María Taborda González, respectivamente. Han transcurrido más de 45 años desde que llegaron los primeros cuatro ejemplares; desde entonces, han cumplido con el deber de multiplicarse en el Magdalena Medio antioqueño. Estos animales, los terceros mamíferos terrestres más grandes del planeta, pueden pesar hasta 4.5 toneladas y son considerados de los más peligrosos del mundo.
Un censo difícil y un futuro preocupante
Actualmente, se estima que existen unos 169 ejemplares, aunque censarlos es complejo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proyecta que, de no intervenir, para el año 2035 la cifra podría superar los 1.000 individuos. Ante esto, la ministra Irene Vélez Torres anunció que es necesario aplicar la eutanasia como medida técnica para frenar el crecimiento descontrolado de la especie.
El dilema económico y técnico no es menor. Según el diputado Camilo Andrés Calle, los costos por animal son:
- Eutanasia: US$14.000.
- Esterilización: US$15.000.
- Traslocación: US$11.000.
- Castración: US$6.900.
Entre el turismo y el riesgo ecológico
En zonas como Doradal, existe un sentimiento de "amistad" hacia los animales, convertidos en atractivos turísticos con restaurantes temáticos. Aplicar la eutanasia masiva podría reactivar el descontento social vivido en 2009 con la muerte del hipopótamo "Pepe".
No obstante, la hoja de ruta del Ministerio ya está en marcha: el pasado 13 de abril de 2026 se publicaron los protocolos de eutanasia y traslocación. Para el segundo semestre de este año, las autoridades ambientales deberán iniciar la implementación de medidas, entregando reportes mensuales sobre el sexo, edad y ubicación de los individuos intervenidos. La decisión, según el Gobierno, se basa en la evidencia científica y el bienestar de las comunidades.
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